Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado cumple este domingo 72 años y, con ellos, se acaba su carrera en la Justicia. El magistrado se jubila por edad después de más de tres décadas entre juzgados y tribunales y apenas seis días después de firmar la resolución que ha marcado el tramo final de su trayectoria: el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El Boletín Oficial del Estado publicó este sábado el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que declara su jubilación forzosa. La resolución precisa que Peinado cumple la edad legalmente establecida el 27 de septiembre de 2026 y que su salida de la carrera judicial produce efectos desde esa misma fecha. El viernes fue su último día en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el órgano de Plaza de Castilla que ha dirigido durante la última década.

La fecha pone punto final a una carrera que durante muchos años transcurrió lejos de los focos. Peinado llegó a la judicatura con 40 años, después de haber trabajado como abogado y como secretario de varios ayuntamientos. Pasó por juzgados de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid y ocupó distintos destinos antes de asentarse en el número 41. Allí instruyó algunos procedimientos que tuvieron repercusión pública, pero ninguno comparable al que comenzó en abril de 2024.

Fue entonces cuando una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a su mesa. Desde aquel momento, el nombre del magistrado dejó de circular únicamente en los ambientes jurídicos madrileños y empezó a formar parte de la actualidad política nacional. Dos años y medio después, Peinado se marcha dejando la causa ya encaminada hacia un juicio con jurado y a la esposa del presidente a las puertas del banquillo.

De los ayuntamientos a Plaza de Castilla

La toga llegó para Peinado después de una primera vida profesional vinculada a la Administración local. En los años ochenta ejerció como secretario de ayuntamientos de Madrid y Castilla-La Mancha. Entre sus primeros destinos figuran Lominchar y Palomeque, en Toledo, y Villatobas y Torres de la Alameda. La documentación publicada en el BOE acredita, por ejemplo, su nombramiento como secretario de segunda categoría de Villatobas en 1981 y la posterior permuta de esa plaza con la de Torres de la Alameda.

Aquella etapa se prolongó hasta finales de la década. Después de varios años fuera de la judicatura, Peinado accedió a la carrera judicial en 1994, cuando tenía 40 años, a través del denominado tercer turno, una vía reservada a juristas con experiencia profesional. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro, en Ávila. Tres años después obtuvo plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Talavera de la Reina y en 1999 ascendió a la categoría de magistrado.

Su recorrido profesional continuó por diferentes órganos judiciales. En 2004 pasó por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete y, un año después, comenzó su etapa en Madrid. Allí encadenó distintos destinos en Getafe y otros órganos de la capital, además de una etapa vinculada al Ministerio de Justicia. Finalmente, en 2016 obtuvo la plaza del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

No fue únicamente una trayectoria de juzgado en juzgado. Peinado también ha estado vinculado a la universidad. La Universidad Complutense de Madrid lo mantiene registrado como profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal, en el área de Derecho Penal.

Durante esos años en Plaza de Castilla su nombre apareció de forma puntual en los medios. Su juzgado investigó el triple crimen cometido en 2016 en un despacho de abogados de Usera, abrió diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por una presunta ocultación de patrimonio y dirigió la investigación contra una docena de periodistas por una supuesta revelación de secretos relacionada con el sumario de los CDR. Esta última causa terminó archivada. También tuvo sobre la mesa procedimientos relacionados con políticos madrileños y con la gestión municipal durante la pandemia.

Eran asuntos que podían llevar su nombre a las páginas de tribunales, pero Peinado seguía siendo un desconocido para buena parte de la opinión pública. Hasta que llegó Begoña Gómez.

Una investigación que cambió su dimensión pública

La causa comenzó en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno. Peinado admitió a trámite las diligencias y abrió una investigación que inicialmente se centraba en las relaciones profesionales de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y su actividad vinculada a la Universidad Complutense. Con el paso de los meses, el procedimiento fue ampliándose y acabó incorporando nuevas líneas de investigación y nuevos delitos.

Por el juzgado pasaron Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, entre otros investigados y testigos. También declaró Pedro Sánchez, citado en calidad de testigo, aunque se acogió a su derecho a no responder a las preguntas relacionadas con su esposa. La investigación alcanzó una dimensión política inédita para el magistrado, mientras sus decisiones eran recurridas de forma reiterada por las partes.

La causa fue creciendo hasta llegar a contemplar cuatro delitos atribuidos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Sin embargo, el recorrido judicial de esas acusaciones fue más estrecho. La Audiencia Provincial de Madrid fue revisando las decisiones del instructor y, en julio de 2026, dejó la causa limitada a los dos delitos por los que finalmente se ha abierto juicio oral: tráfico de influencias y malversación. También anuló determinadas medidas cautelares acordadas durante la instrucción.

La actuación de Peinado provocó además una sucesión de recursos y acciones contra el magistrado. La Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación en el marco de la causa y también se formularon quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. Ninguna de las querellas por prevaricación prosperó y las quejas disciplinarias planteadas contra el juez tampoco terminaron en una sanción. Entre ellas estuvo la presentada por Félix Bolaños por el interrogatorio al que el ministro fue sometido como testigo.

La instrucción fue acumulando así dos relatos enfrentados. Las defensas y la Fiscalía cuestionaron distintas decisiones del magistrado y reclamaron el archivo de las actuaciones, mientras las acusaciones populares defendieron que existían indicios suficientes para continuar con el procedimiento. La Audiencia Provincial, encargada de revisar las resoluciones recurridas, fue delimitando el alcance de la causa hasta dejarla preparada para un juicio con jurado por los dos delitos que permanecen vivos.

El último capítulo lo escribió Peinado el pasado lunes. Tras regresar de sus vacaciones, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación y su asesora por este último delito. El juez no impuso nuevas medidas cautelares personales, aunque acordó recabar información sobre la situación económica de Gómez de cara a las posibles responsabilidades pecuniarias del procedimiento.

Seis días después, Peinado ya no está al frente del juzgado. Este domingo cumple 72 años y el acuerdo de jubilación forzosa publicado por el BOE hace efectiva su salida de la carrera judicial. La causa que ha marcado sus dos últimos años continuará ahora en otra fase y ante otro órgano: será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de afrontar los trámites que precedan al juicio con jurado contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez.