Ecopetrol pidió a la Fiscalía investigar contrato de USD 172 millones para la Regasificadora del Pacífico

Ecopetrol solicitó a la Fiscalía investigar la adjudicación del contrato de USD 172 millones para la Regasificadora del Pacífico, proyecto que fue asignado a PIO SAS y que busca permitir la importación de gas por Buenaventura. La denuncia fue presentada por la propia compañía el 2 de septiembre, según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo.

La solicitud hace parte de una indagación de la auditoría interna de Ecopetrol. De acuerdo con el diario, el objetivo es establecer o descartar eventuales irregularidades en la contratación, entre ellas un posible tráfico de influencias, conflictos de interés, modificaciones en las condiciones precontractuales o contractuales y la eventual omisión de multas por el atraso en las obras.

La infraestructura debía entrar en funcionamiento el 1 de agosto. Sin embargo, el proyecto continúa en fase de preparación y se estima que podría comenzar operaciones hacia mediados de noviembre, con el gas que Ecopetrol negocia para su suministro.

Según plataformas de tráfico marítimo consultadas por el medio, el buque Tura, que transporta gas y resulta necesario para el inicio de la operación de la terminal, se encontraba cerca de las costas de California con destino a Buenaventura.

La investigación se concentra en la adjudicación y los retrasos del proyecto

La denuncia presentada ante la Fiscalía busca revisar las decisiones adoptadas durante la adjudicación del negocio, tasado en USD 172 millones. El proceso se desarrolló durante la administración del presidente Gustavo Petro y de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol.

La revisión interna incluye el cumplimiento de los plazos pactados con PIO SAS. El contrato contemplaría multas de USD 200.000 por día de retraso, montos que serían descontados de las facturas, de acuerdo con la información publicada.

El empresario Óscar Isaza, fundador y dueño de PIO SAS, sostuvo que la compañía obtuvo el contrato mediante un concurso. En declaraciones al diario, afirmó que su propuesta ofreció el mejor precio por millón de pies cúbicos, mejores condiciones técnicas y un menor tiempo de entrega, sin solicitar anticipo.

“Le gané a más de uno. Ofrecimos el mejor precio por millón de pies cúbicos, la mejor propuesta técnica y el menor tiempo de entrega sin anticipo”, aseguró Isaza.

El empresario señaló que la demora no puede atribuirse a la firma contratista. Su argumento es que el contrato concede dos meses de margen antes de aplicar penalidades y que el atraso corresponde a 45 días.

PIO atribuyó las demoras a dificultades logísticas y portuarias

Isaza mencionó varios hechos que, según su versión, afectaron la ejecución del proyecto. Entre ellos citó la guerra en Irán, problemas logísticos, un terremoto que habría dejado inhabilitado durante cinco días el puerto de Buenaventura, cierres viales, un tifón en China y congestión portuaria.

También indicó que el barco que transportaba los tanques necesarios para la instalación debía llegar en mayo, pero arribó el 22 de julio. Añadió que el desembarque se produjo el 19 de agosto debido a la congestión en el puerto.

“La guerra en Irán ha generado una disrupción en el tema de logística; el terremoto dejó 5 días inhabilitado el puerto de Buenaventura, hubo cierres en la vía y un tifón en China donde estaba ‘Tura’”, declaró Isaza.

Ecopetrol habría aceptado únicamente dos de los 45 días de retraso alegados por PIO. Si la empresa no acredita las demás causas que invoca, el caso podría dar paso a multas y a un arbitraje, según el reporte del diario.

El dueño de PIO también negó que funcionarios de Ecopetrol le hubieran solicitado pagos indebidos durante el proceso de adjudicación. La versión bajo revisión menciona una supuesta exigencia de cuatro centavos de dólar por cada millón de pies cúbicos negociados.

“Nunca me han exigido nada. Tengo una trayectoria impecable. Que entren y esculquen. No hay sombra de duda sobre el proyecto”, dijo Isaza.

Los vínculos de Mauricio Gómez y Bayron Triana también están bajo revisión

La investigación examina, además, los cruces profesionales de Einstein Mauricio Gómez Machado, ingeniero que figura como consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico desde 2025.

Según el diario, Gómez fue comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en 2012, asesor de PIO en 2018, aspirante a la Vicepresidencia Comercial de Ecopetrol en 2024 y contratista de la Creg durante ese mismo año.

Gómez fue jefe de Bayron Triana en la Creg. Triana se desempeñó como vicepresidente encargado de Energías para la Transición de Ecopetrol. La firma Consultoría Regulatoria, vinculada a Gómez, tuvo en 2025 un contrato con E-Nlighten SAS, empresa relacionada con Triana.

El ingeniero admitió al medio que realizó una asesoría para la Creg por cerca de $1.000 millones. En ese trabajo mencionó el proyecto de regasificación por el Pacífico y cuestionó aspectos del proceso que antes adelantó la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Gómez sostuvo que no participó en decisiones relacionadas con el contrato que hoy revisa la auditoría interna de Ecopetrol. También afirmó que se unió al proyecto de la Regasificadora del Pacífico después de que este ya había sido adjudicado.

“El 8 de junio de 2012, la Creg emitió una resolución sobre la necesidad de hacer importaciones de gas por el Pacífico y el Caribe. Yo entré el 19 de julio”, declaró Gómez, al referirse a su paso por ese organismo.

David Riaño negó haber invitado a PIO a participar en el proceso

Isaza afirmó que David Riaño, entonces vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, lo llamó en 2024 para hablarle del proyecto e invitarlo a participar. Riaño rechazó esa versión.

De acuerdo con su declaración a El Tiempo, recibió el 16 de agosto de 2024 una solicitud desde el equipo de la Presidencia de Ecopetrol, encabezado por Ricardo Roa, para atender a un grupo de empresarios con iniciativas en el Pacífico y el Atlántico.

Riaño señaló que, dos semanas después de esa reunión, se abrió el proceso de contratación. Añadió que la Gerencia de Proyectos de Transición quedó a cargo del trámite, con Triana como encargado, y que la adjudicación correspondió a la Vicepresidencia de Logística.

“No llamé a nadie, solo escuché”, afirmó Riaño.

Triana, por su parte, ha negado haber cometido irregularidades. Según la información recogida, atribuyó los anónimos y denuncias en su contra a una campaña de desprestigio vinculada a presiones para que se firmara una compra de gas a través de la oficina de Ecopetrol en Houston.