El desahucio de Maricarmen enciende la mecha de la indignación: “El decreto de vivienda es una cuestión de mínimos”

El desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió siete décadas en una misma vivienda del distrito madrileño de Retiro, ha encendido la mecha de un hartazgo colectivo que va más allá del rechazo a los desalojos de personas y familias vulnerables. Este sábado miles de personas de todas las edades se manifestaron en la capital para decir basta al aumento de los precios, la especulación inmobiliaria y la falta de perspectivas para quienes intentan construir un futuro, en una movilización que ha terminado en una acampada en la céntrica Puerta del Sol.

Unas 500 personas han amanecido allí este domingo, según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno a Europa Press, para reclamar la aprobación de un decreto sobre vivienda, al que ya denominan ‘decreto Maricarmen’, en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes 29. La movilización aumenta la presión sobre el Gobierno, pues sostienen que lo ocurrido “no puede volver a suceder” y exigen medidas estructurales que modifiquen el modelo de vivienda en España: que deje de responder a la lógica de la especulación y quede garantizada como un derecho.

Desde el Sindicato de Inquilinas explican a Infobae que a lo largo de la jornada debatirán los próximos pasos de la asamblea. Aunque sitúan el martes como fecha decisiva, advierten de que las medidas que reclaman en el decreto “son una cuestión de mínimos, pero el problema es mucho más de fondo”.

La organización reclama que los contratos se renueven de forma automática y pasen a ser indefinidos, un sistema que, según explican, ya existe en países como Inglaterra, Alemania y Austria. También exige medidas para frenar los desahucios y congelar las actualizaciones de las rentas vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC).

También proponen una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir controles sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, dos fórmulas que han ganado peso en el mercado en los últimos años, si bien también reclaman prórrogas efectivas para los contratos que siguen vigentes.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado que el caso de Maricarmen ha supuesto un “punto de no retorno” en la lucha por la vivienda en España y ha indicado que si el decreto no sale adelante, el Ejecutivo “no tiene ningún sentido” y debería plantearse su continuidad, si bien la organización también se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, al que responsabiliza de no haber impulsado medidas suficientes desde la Comunidad de Madrid ante el encarecimiento de los alquileres y la especulación de fondos de grandes tenedores y fondos de inversión.

Maricarmen, que fue desahuciada el miércoles por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda. Pese a ser una persona mayor, con un 50% de discapacidad por problemas de movilidad y no tener alternativa habitacional, fue desalojada de la casa que compartió con sus padres y en la que deseaba “morir tranquila”.

La inmobiliaria, que compró el bloque en 2018, no aceptó negociar con Maricarmen un alquiler asequible, porque, como pensionista, no podía asumir los 1.650 euros mensuales que le pedían. No obstante, tras las multitudinarias protestas y la repercusión del caso, Urbagestión Desarrollo e Inversión planteó que Maricarmen pudiera volver a su vivienda mediante la incorporación del piso al Programa Reviva, aunque el Ayuntamiento de Madrid descartó esa vía por considerarla “inviable” por “no cumplir con los requisitos legales recogidos en las bases del programa, ni en los otros programas de compra de vivienda”.

Reunión este lunes con la inmobiliaria

Aun así, este lunes a las 16.00 horas, está prevista una reunión que podría abrir una alternativa para que la mujer regrese a la casa en la que ha vivido casi toda su vida. El encuentro, en el que tendrán que negociarse cuestiones como el precio del alquiler o la duración del contrato, entre otros, se desarrollará entre Urbagestión Desarrollo e Inversión, los representantes de la mujer y los profesionales del Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) de Madrid.

La inmobiliaria alega que el contrato de Maricarmen se subrogó dos veces y que, por tanto, es ilegal. Era un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956, durante la dictadura franquista. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre, y a la muerte de esta, en 2005, Maricarmen pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, aunque la propiedad de entonces respetó su renta antigua.

En 2020 comenzó un proceso legal y en 2024 Maricarmen recibió la primera notificación de la empresa en la que se le comunicaba que debía abandonar la vivienda. En octubre de 2025 un juzgado ordenó el desalojo.