Resguardo indígena en Cauca denunció un ataque con drones en su territorio
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) difundió en las últimas horas una denuncia del Resguardo Indígena de Chimborazo, ubicado en el municipio de Morales, Cauca, denunciando un ataque con explosivos lanzados desde drones contra su territorio, horas después de participar en la entrega de cinco civiles que permanecían retenidos por disidencias de las Farc.
La autoridad ancestral del resguardo, que agrupa a comunidades del pueblo nasa, difundió un comunicado en el que rechazó los hechos y reafirma su territorio como “espacio humanitario”.
Según el documento firmado por la autoridad tradicional del resguardo, la comunidad de Chimborazo se encontraba reunida en asamblea comunitaria permanente el pasado 23 de septiembre cuando, a las 11:30 a. m., arribaron al territorio vehículos que trasportaban hombres armados.
La llegada respondía, según el comunicado, al cumplimiento de protocolos previamente establecidos por la Cruz Roja Internacional para la entrega de cuatro personas del corregimiento de Ortega Cajibío y un comunero del propio resguardo, que permanecían retenidas por el grupo armado identificado como Jaime Martínez, al mando de alias Iván Mordisco.
De acuerdo con el relato de la autoridad indígena, a las 2:52 p. m., el territorio fue blanco de explosivos lanzados de manera indiscriminada desde drones. El comunicado señala que el ataque afectó infraestructuras comunitarias y que niñas y niños que salían de clases en ese momento resultaron afectados por la onda del hecho, sin que se precisen heridos o daños materiales específicos.
El resguardo atribuye el episodio a la persistencia de las confrontaciones armadas en la zona entre las Fuerzas Militares y los grupos disidentes, rechazando “toda acción violenta que intente desarmonizar los espacios de vida, debilitar las estructuras organizativas y amedrentar a nuestra comunidad civil”. El comunicado insiste en que el territorio no puede convertirse en escenario de confrontación armada y advierte que no puede ser utilizado por ningún actor armado para desarrollar ataques, hostigamientos, desplazamientos o intimidaciones contra la población.
“Desde nuestro territorio ancestral, reafirmamos que Chimborazo es espacio humanitario, territorio de vida, armonía y permanencia de nuestro pueblo”, señala el cierre del documento, dirigido a la opinión pública, al Gobierno nacional, a instituciones del Estado y a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
La entrega de los hombres privados de su libertad se realizó en el sector conocido como La Liberia, dentro de la jurisdicción del Resguardo de Chimborazo, y las cinco personas liberadas eran oriundas del corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío. De acuerdo con esa reconstrucción, los civiles habían permanecido en poder del grupo armado durante aproximadamente tres meses, y entre ellos había profesionales vinculados al sector de la salud.
En el procedimiento participaron delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ) y representantes del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), quienes acompañaron el proceso para garantizar el regreso de los civiles a la libertad. Este dato coincide con lo señalado en el comunicado del resguardo, que menciona el cumplimiento de “protocolos ya establecidos por la Cruz Roja Internacional” para la entrega.
Un teniente de la Policía fue asesinado en el Cauca
La denuncia se dio a conocer el mismo día que se confirmó el asesinato de un subcomandante de la estación de Policía del municipio de Bolívar, cuando se desplazaba vestido de civil en un autobús de servicio público.
El director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera, identificó a la víctima como el teniente Álvaro José Medina Peña y señaló que fue asesinado “de forma cruel y despiadada” mientras viajaba hacia la localidad de El Bordo, también en el Cauca, para cumplir funciones de apoyo al servicio policial. “Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia”, expresó Barrera a través de la red social X.
La Policía indicó que en la zona donde ocurrió el crimen operan el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes que disputan el control territorial.
Infobae
