Gobierno nacional revisará contratos y ejecución de recursos de la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una revisión de los recursos asignados a la Agencia de Renovación del Territorio y a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras identificar diferencias entre los montos comprometidos y los avances físicos reportados en las regiones.
La directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Valerie Lafaurie, afirmó que la verificación abarcará proyectos de inversión, convenios, contratos directos y gastos administrativos financiados con recursos del Fondo Colombia en Paz.
“Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo”, señaló Lafaurie, a través de la emisión de un balance oficial
El 91% del presupuesto de inversión de 2026 está comprometido: solo el 18% ha sido pagado
Según la funcionaria, la ART cuenta en 2026 con un presupuesto de inversión de $68.309 millones. De ese total, el 91% está comprometido, aunque los pagos llegan al 18%, indicó la funcionaria.
Por ende, Lafaurie indicó que existen 92 proyectos por cerca de $179 mil millones con avances físicos inferiores al 30%. También señaló que, entre 2022 y 2026, la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos destinaron alrededor de $ 368 mil millones a 7.600 contratos de prestación de servicios.
Más del 95% de esos recursos provino del Fondo Colombia en Paz, según la directora. Solo en 2025, la Dirección de Sustitución habría asignado cerca de $88 mil millones a contratos de prestación de servicios, una cifra 9,3 veces superior a la registrada en 2022.
La revisión también incluye cerca de $2,9 billones asignados entre 2022 y 2026 a ambas entidades a través del Fondo Colombia en Paz. De acuerdo con Lafaurie, más del 90% de esos recursos aparece comprometido, mientras la ejecución física total reportada no supera el 40%.
En el programa Renacemos, añadió, se asignaron $1,3 billones y el avance informado ronda el 20%. La directora mencionó además convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) por más de $760.000 millones, con una ejecución reportada inferior al 30%.
La ART identificó 13 contratos suscritos desde 2024, mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales, por cerca de $4.600 millones, que registran ejecución física de 0%.
Detectaron convenios pendientes de liquidación y fallas de reporte en el Secop
Entre las alertas expuestas por Lafaurie, figuran 19 convenios y contratos interadministrativos que permanecen pendientes de liquidación, pese a que fueron suscritos entre 2022 y 2025.
La entidad también señaló posibles duplicidades en gastos de transporte y arrendamiento de sedes territoriales de la ART y la Dirección de Sustitución en 16 subregiones. A ello se suman contratos de vehículos con conductor en territorios donde, según la información revisada, no existen proyectos en ejecución.
Lafaurie afirmó que se detectaron deficiencias en la publicación de documentos contractuales y soportes de ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). “Vamos a revisar proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio”, aseguró.
La directora indicó que los casos en los que se adviertan posibles irregularidades serán trasladados a las autoridades competentes. “Los recursos para las regiones no pueden quedarse atrapados en trámites, contratos o estructuras administrativas. Tienen que convertirse en vías, proyectos productivos y oportunidades reales para las comunidades”, concluyó.
“Es realmente lamentable que una entidad como la ART, que atiende población víctima afectada por el conflicto y que está llamada a propender por el desarrollo de los municipios adscritos al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), sea utilizada con fines burocráticos, sin ningún tipo de planificación y en el marco de unas dinámicas lejanas a los principios de transparencia y eficiencia. Desde la Gerencia de Regiones vamos a hacer un seguimiento para que los recursos públicos cumplan el propósito para el que fueron destinados: mejorar la vida de los colombianos en las regiones”, dijo la servidora presidencial.
Infobae
