Harfuch admite fallas en decomiso de Guanajuato
Delegado de la FGR fue destituido
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República detectó anomalías en el operativo mediante el cual fueron asegurados más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato.
Las irregularidades llevaron a la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato y responsable de la representación federal que encabezó originalmente las actuaciones.
El caso había sido presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el huachicol registrados en México, pero en los días siguientes surgieron dudas sobre la documentación del combustible, la cronología del operativo y la forma en que se comunicaron sus resultados.
Operativo se informó dos semanas después
Harfuch explicó que el aseguramiento había ocurrido aproximadamente dos semanas antes de hacerse público.
Según el secretario, la FGR detectó que el operativo fue informado posteriormente sin que se hubiera revisado por completo toda la documentación disponible. Esa fue una de las anomalías identificadas por el equipo de la fiscal general Ernestina Godoy.
El cateo en las instalaciones de Grupo SIMSA se habría realizado el 4 de septiembre, mientras que el aseguramiento de los 59 millones de litros fue dado a conocer públicamente hasta el 17 de septiembre. Además, no se reportaron personas detenidas durante la intervención en la terminal.
FGR vuelve a revisar la documentación
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo posteriormente la investigación y comenzó una nueva revisión de documentos entregados por las empresas relacionadas con el combustible.
Harfuch explicó que ahora corresponde verificar desde el inicio la documentación asociada al aseguramiento para establecer si existen anomalías y cuál es realmente la situación jurídica del hidrocarburo.
Grupo SIMSA ha sostenido que opera legalmente y que almacena combustibles de terceros con los permisos correspondientes. Por eso, aunque las autoridades investigan posibles delitos relacionados con huachicol, todavía debe establecerse qué volumen —si alguno— tiene un origen ilícito.
Un decomiso histórico bajo revisión
La destitución del delegado introduce un nuevo elemento en un caso que ya había provocado contradicciones entre la espectacularidad del anuncio inicial y las certezas disponibles.
La propia FGR encontró irregularidades en la forma en que se llevó a cabo y posteriormente se comunicó el operativo. Eso no significa automáticamente que el combustible sea legal, pero tampoco permite considerar acreditado que los 59 millones de litros sean producto de huachicol.
La investigación federal deberá establecer tanto la procedencia del hidrocarburo como qué ocurrió durante el operativo y por qué se difundió como un golpe histórico antes de completar la revisión documental.
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