UC Berkeley plantea ante la CPI posibles crímenes de lesa humanidad contra periodistas en México
Un análisis del Human Rights Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) sostiene que los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, contienen elementos que ameritan un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) por el posible delito de persecución como crimen de lesa humanidad.
La precisión es importante: la CPI no ha anunciado que haya abierto una investigación contra López Obrador ni ha determinado que el gobierno mexicano cometiera crímenes de lesa humanidad. La conclusión corresponde al equipo de UC Berkeley, encabezado por la jurista Lindsay Freeman, que reunió información sobre asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento y estigmatización de periodistas y defensores.
¿Qué encontró la investigación de Berkeley?
El proyecto documentó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante el periodo analizado: 78 periodistas y 259 defensores.
El equipo sostiene que estos casos no deben analizarse únicamente de manera individual, sino dentro de un contexto más amplio de agresiones contra personas que investigaban corrupción, delincuencia organizada y abusos de autoridades.
La investigación también documentó 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia, además de presuntos actos de vigilancia y hostigamiento.
Las mañaneras también forman parte del análisis
Uno de los elementos examinados fueron las conferencias matutinas de López Obrador.
De acuerdo con el análisis de Berkeley, realizado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, fueron identificados 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias en los que el entonces presidente habría descalificado o desacreditado a periodistas.
El estudio señala términos como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo” como parte de ese discurso. La investigación sostiene que esta retórica debe analizarse junto con otras acciones de vigilancia, hostigamiento y violencia.
¿También hubo espionaje con Pegasus?
Sí. Berkeley incorporó al análisis investigaciones previas sobre el uso del software espía Pegasus y otras herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores.
El Human Rights Center señala que documentos obtenidos mediante la filtración conocida como Guacamaya Leaks, además de registros de compras y expedientes judiciales, permitieron reconstruir parte de la adquisición y utilización de estas tecnologías por instituciones militares mexicanas.
El planteamiento de Berkeley es que la vigilancia digital no debe estudiarse de forma aislada cuando coincide con otras acciones dirigidas contra el mismo grupo de personas.
¿Por qué hablan de crímenes de lesa humanidad?
El análisis se centra en el delito de persecución, contemplado por el Estatuto de Roma, tratado que establece la jurisdicción de la CPI.
Para que una conducta pueda constituir un crimen de lesa humanidad deben cumplirse diversos elementos jurídicos, entre ellos que forme parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Por ello, Berkeley plantea que asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento y estigmatización deben analizarse conjuntamente para determinar si existe un patrón que pueda encuadrar en esa definición.
¿La CPI ya abrió una investigación contra López Obrador?
No.
La propia CPI explica que cualquier persona, organización o Estado puede proporcionar información a su Fiscalía. Después, la Oficina del Fiscal debe evaluar cuestiones como jurisdicción, gravedad, admisibilidad y la existencia de investigaciones nacionales genuinas antes de determinar si existe una base razonable para abrir una investigación.
En este caso, lo que plantea Berkeley es que la situación de México merece llegar a esa etapa de evaluación. Lindsay Freeman expuso esa posición en un artículo publicado el 24 de septiembre de 2026 en Just Security, donde sostiene que el expediente construido por su equipo justifica un examen preliminar.
¿Qué significa esto para México?
Por ahora, significa que existe un planteamiento jurídico y un expediente de investigación elaborado por un centro académico de derechos humanos, no una determinación judicial internacional contra un expresidente.
El estudio busca que la información reunida sea utilizada por autoridades nacionales e internacionales para evaluar posibles responsabilidades. UC Berkeley señala que su plataforma contiene una base de víctimas, expedientes de casos y un análisis de las conferencias presidenciales, además de información sobre vigilancia, hostigamiento y violencia.
Por su parte, corresponde a la Fiscalía de la CPI, y no a Berkeley ni a los medios de comunicación, determinar si la información disponible satisface los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma para avanzar hacia una investigación.
La diferencia entre una denuncia, un análisis académico y una investigación formal de la CPI es central para entender el alcance real de este caso.
El Imparcial
