Cuidado: empiezan por los memes
Rubén Cortés.
El gobierno hizo ayer un regalazo a la libertad de expresión: rebajó de siete años de cárcel a cinco, a quienes se diviertan haciendo memes y parodias en redes sociales. Al senador prófugo de la justicia Javier Corral le tocó anunciar el obsequio.
Buscado por la Fiscalía de Chihuahua por desfalcar 98 millones cuando fue gobernador del… PAN, el hoy morenista transmitió gustoso la bondad de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que pone más diques a la libertad de expresión.
Lo que anunció este chapulín es parte de la alarmante venezolanización del actual régimen en áreas sensibles de la sociedad, como leyes contra la propiedad de inmuebles, y que los militares formen parte de la comisión que decide quiénes pueden poner negocios en el país.
El control de la prensa por el chavismo arrancó con una ofensiva de Chávez (y eso que en aquel momento aún no era un déspota) contra las caricaturas del cartonista crítico Pedro Zapata, que era entonces en Venezuela lo que hoy en México Paco Calderón: el mejor caricaturista del país.
Chávez preparó su Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV (Ley Resorte), criticando un cartón del caricaturista Zapata: “¿Tú piensas así o te pagan para que opines así?”. Zapata le respondió: “¿Y cuánto cobra usted por hacerme tanta publicidad gratuita”.
La caricatura mostraba un sable y la frase: “A mí me gusta la sociedad civil firme y a la orden”, en apunte al origen militar de Chávez. Fue publicada en El Nacional (finalmente asfixiado y expropiado por Maduro). En 2015, su propietario fue obligado a exiliarse.
¿Para qué jugar con las palabras? Lo que impulsa el gobierno, a través de su sobrerrepresentación en el Senado, es una criminalización de la libertad de expresión, pues castiga con cárcel la creatividad de los ciudadanos, en general, y de los profesionales de la prensa, en particular.
Porque, además de prisión, impone multas de un millón de pesos a quienes utilicen la identidad oficial del gobierno en sus memes: una censura disfrazada, al igual que ocurre en Cuba con el Decreto-Ley 249, que norma La política cultural del país.
Así es como el castrismo regula el arte y exige a los creadores un permiso para mostrar, vender o difundir su arte, so pena de recibir sanciones y censura, para quienes se expresen de forma independiente, o sus creaciones no estén aprobados por el Estado.
Aquí, ya la Consejera Jurídica de la Presidencia considera “narrativa de desinformación” las opiniones independientes y propone la existencia de un censor o censora (ella le llamó “ombudsman”) que revise los contenidos de los medios en nombre del “pueblo”.
Ahí van con la autocracia: rapídisimo.
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