El Centro Democrático presentó proyecto para revisar los fallos de la JEP contra militares y policías: “Se necesita un juez que conozca”
El Centro Democrático presentó un proyecto de acto legislativo que propone una revisión judicial automática de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra integrantes de la fuerza pública.
La iniciativa busca que militares y policías sancionados cuenten con una instancia adicional antes de que las decisiones queden en firme.
La propuesta establece que los uniformados no tendrían que solicitar el examen de sus casos. Según el partido, ese mecanismo pretende dar las mismas garantías a todos los sancionados, sin que el acceso a la revisión dependa de la capacidad económica para asumir una defensa o de las particularidades de cada proceso.
El Tribunal Superior Militar y Policial asumiría la revisión
El texto plantea que el Tribunal Superior Militar y Policial revise las decisiones adoptadas por la JEP. Ese órgano podría confirmar, modificar o revocar las sentencias, de acuerdo con criterios de derecho internacional humanitario, derecho operacional y garantías constitucionales.
Uno de los puntos de la iniciativa indica que la revisión no podría empeorar la situación jurídica de la persona sancionada. Cualquier cambio tendría que favorecer al militar o policía, bajo el principio de no reforma en perjuicio.
El Centro Democrático afirmó que, con este procedimiento, se evitaría que las decisiones permanezcan durante años sujetas a recursos extraordinarios. Una vez se complete el examen judicial previsto en el proyecto, la sentencia adquiriría firmeza.
La propuesta también dispone que los procesos sean analizados por un juez con conocimientos de derecho operacional y capacidad para evaluar los hechos bajo las normas del derecho internacional humanitario. El partido sostiene que esa especialización es necesaria para examinar conductas relacionadas con operaciones de la fuerza pública.
Rafael Nieto, senador del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, afirmó que el propósito es crear una instancia de revisión para todos los procesos de la JEP que involucren a integrantes de las fuerzas militares o de la Policía.
“El Centro Democrático presentó, hace ya varias semanas, un proyecto de ley que establece que, en todos los procesos que se surtan en la Jurisdicción Especial para la Paz y que involucren a militares y policías, haya una instancia de revisión a cargo de un juez especializado”, afirmó Nieto.
El congresista señaló que el funcionario encargado debería tener formación en las reglas aplicables a las operaciones militares. “Se necesita un juez que conozca el derecho internacional humanitario y el derecho operacional”, dijo.
Nieto planteó que esa revisión quede a cargo de la Justicia Penal Militar. “Lo que proponemos es que esa instancia de revisión sea la Justicia Penal Militar, para que haya verdadera justicia y un juez con conocimientos para nuestros militares y policías”, afirmó.
El senador cuestionó la capacidad de la JEP para valorar la conducta de los uniformados en este tipo de expedientes. Esa apreciación corresponde a la posición del Centro Democrático y hace parte de los argumentos que acompañan el proyecto de acto legislativo.
El miércoles 23 de septiembre de 2026 también se conoció que el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez radicó un proyecto de acto legislativo que busca evitar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extienda su funcionamiento por cinco años adicionales. La propuesta establece que el periodo de esta jurisdicción sea de 10 años y que, una vez cumplido, no pueda ser prorrogado nuevamente.
La iniciativa plantea que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028. El objetivo, según el senador, es definir desde ahora qué ocurrirá con los procesos que todavía estén pendientes cuando llegue esa fecha, para evitar que el cierre de la jurisdicción deje casos sin resolver.
En ese escenario, los procesos que no hayan terminado pasarían a la justicia ordinaria, bajo las reglas ya establecidas en la justicia transicional. El proyecto contempla que la Fiscalía General de la Nación pueda asumir las labores de investigación y acusación que sean necesarias para continuar con estos casos.
Infobae
