Rechazan la regularización de una menor colombiana con padrón, escolarizada en Barcelona y pese a que su madre tiene permiso de residencia: “¿Cómo va a salir del país?”

Vivir sin papeles durante casi dos años y medio no fue nada fácil para Lina, una mujer colombiana que llegó a Barcelona junto a su hija pequeña en busca de mejores oportunidades. Sin permiso de residencia ni de trabajo, a lo largo de ese tiempo solo consiguió empleos informales, sin posibilidad de cotizar, y tuvo que mudarse siete veces al no poder optar a un contrato de alquiler, además del miedo constante a ser expulsada del país. Pero el pasado mes de abril logró una autorización de residencia temporal por arraigo, una de las vías previstas por la legislación, lo que le permite optar a un futuro más digno. Su hija menor de edad, en cambio, no ha tenido la misma suerte: presentó su petición dentro del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, pero acaba de recibir una respuesta negativa, una decisión que Lina aún no logra entender.

Envió la solicitud de su hija el 27 de mayo, dentro del plazo de la regularización, fue admitida a trámite el 23 de junio, y el 17 de agosto recibió un requerimiento. En ese documento la Administración le solicitaba información adicional sobre dos cuestiones: las pruebas que demuestran la permanencia de cinco meses seguidos de la niña en España —uno de los requisitos que exige la regularización a todos los solicitantes— y la acreditación de que tiene su custodia. La madre respondió al requerimiento el 19 de agosto aportando más documentos, pero, aun así, tan solo dos días después recibió la resolución desfavorable a la regularización de su hija, donde además conceden 15 días a la menor para abandonar España.

“Es totalmente absurdo que le denieguen la regularización a mi hija, que cuenta con un padrón desde enero de 2024 y acude al colegio desde entonces. En su solicitud de regularización incluí tanto documentos sobre la escolarización, como justificantes de citas médicas y certificados de participación en actividades sociales y deportivas, porque practica voleibol y va a clases de teatro”, explica Lina a Infobae, que aclara que tiene la custodia exclusiva de la menor —el padre vive en Colombia—, tal y como consta en un poder notarial apostillado conforme al Convenio de La Haya.

“Es ridículo que rechacen la solicitud de regularización de mi hija y, más aún, cuando yo ya tengo concedido el permiso de residencia”, insiste, al tiempo que explica que ya ha presentado un recurso. “Soy el núcleo familiar de mi hija y tengo papeles. ¿Cómo va a salir mi hija del país?“, critica.

Si este caso está siendo tan complicado, a pesar de haber aportado todos esos documentos, Lina se pregunta qué ocurrirá con las madres migrantes que no pueden aportar todas esas pruebas para que sus hijos obtengan una resolución favorable en la regularización. Piensa especialmente en las víctimas de violencia de género que aún esperan una resolución judicial sobre la patria potestad, ya que “mientras no exista ese fallo judicial, muchas no pueden acreditar formalmente que tienen la custodia de sus hijos”, un requisito que puede complicar sus trámites.

“Esto te destroza nivel emocional”

Lina asegura que todo este proceso y la reciente denegación, después de haber pasado más de dos años sin papeles sorteando toda clase de obstáculos, ha supuesto un duro golpe. “Cuando por fin piensas que tu situación familiar puede empezar a estabilizarse y estar más tranquila, llega esta noticia que te destroza a nivel emocional, porque la regularización es un proceso agotador en el que las personas migrantes nos dejamos la piel. Es como que siempre estamos bajo sospecha, como si tuviéramos que demostrar todo el tiempo todo. Hay un racismo institucional que lo que quiere hacer es agotarnos y que desistamos”, lamenta.

Lina también explica que la situación de irregularidad no solo condiciona los trámites y la vida cotidiana, sino también la posibilidad de mantener los vínculos con el país de origen. El temor a salir de España y no poder regresar lleva a muchas familias a renunciar a visitar a familiares y amistades, tal y como les ha ocurrido a ambas, que no han podido visitar Colombia en los últimos tres años. Esa distancia, asegura, también recae sobre los menores, que crecen sin poder reencontrarse con su familia ni regresar con tranquilidad a los lugares que forman parte de su historia.

Aunque la ausencia de un registro real dificulta conocer con exactitud el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en España en situación irregular como la hija de Lina, el informe Crecer sin papeles, elaborado por Save the Children y la Fundación por Causa en 2021, estimaba que eran cerca de 150.000 y casi la mitad de ellos tenía menos de 10 años.

Lina confía en que prospere el recurso que ha presentado contra la denegación pero, si la Administración mantiene su decisión, asegura que recurrirá a la vía contencioso-administrativa para impugnarla ante los tribunales.