José Antonio Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York para abordar la migración venezolana en Chile
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunirá el próximo jueves en Nueva York con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer contacto entre ambos tras el restablecimiento de las relaciones consulares. La cita tendrá entre sus asuntos centrales la expulsión de migrantes venezolanos que permanecen en situación irregular en territorio chileno.
“Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón”, señaló Kast desde Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El mandatario chileno sostuvo que su administración busca recomponer los canales de diálogo con Caracas. “Lo que buscamos es un encuentro donde le vamos a manifestar que Chile siempre va a estar dispuesto a colaborar (...) Queremos generar vínculos que estaban rotos desde hace bastante tiempo. Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica para ponernos de acuerdo en cosas que afectan la vida de nuestros compatriotas”, recalcó.
El reinicio de las relaciones consulares se formalizó a principios de agosto, como paso previo a una eventual normalización diplomática entre ambos países. El vínculo se quebró en 2024, luego de que la administración del entonces presidente chileno Gabriel Boric, quien gobernó entre 2022 y 2026, cuestionara la transparencia de las elecciones venezolanas.
Kast pronunció este miércoles su primer discurso ante la octogésima primera Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó que la relación bilateral con Venezuela resulta necesaria para poner en marcha su propuesta de expulsar a extranjeros irregulares en vuelos hacia Caracas. Esa iniciativa formó parte de sus promesas de campaña.
Autoridades del Ministerio Público chileno también manifestaron interés en una mayor coordinación con Venezuela para los pedidos de extradición y las investigaciones de delitos en los que participaron ciudadanos venezolanos dentro de Chile.
La ruptura diplomática derivó en el retiro de todo el personal venezolano acreditado en Chile y en la salida de los funcionarios chilenos de Caracas, una medida ordenada por el ex dictador Nicolás Maduro, quien lideró entre 2013 y 2026 y permanece preso en Estados Unidos.
La falta de representación consular afectó a miles de venezolanos residentes en Chile y dificultó los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países. Las cifras oficiales indican que en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela residen cerca de 25.000 chilenos.
En Valparaíso, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó el martes la reforma constitucional que buscaba extender de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares antes de su expulsión. El proyecto del Ejecutivo quedó a un voto del quórum exigido para modificar la Carta Magna.
La iniciativa reunió 88 respaldos, 28 rechazos y 19 abstenciones. Para su aprobación requería 89 votos, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes de la Cámara, debido a que proponía cambios al artículo 19 N° 7 de la Constitución.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Gobierno insistirá con su agenda tras el resultado adverso. “Vamos a seguir trabajando para, en el futuro, poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra la delincuencia”, afirmó. Rabat explicó que la propuesta apuntaba a facilitar los procedimientos de expulsión y extradición. “Es un tema de orden práctico, más que de fondo, que busca evitar que se entorpezca la expulsión de migrantes ilegales y también la correcta extradición de personas”, señaló.
El rechazo en la Cámara, donde el Ejecutivo presentó el texto, detuvo la tramitación general de la reforma. El proyecto no podrá volver a ingresar durante un año, salvo que el presidente José Antonio Kast pida su envío al Senado. En ese escenario, necesitaría el respaldo de dos tercios de los senadores para continuar su discusión.
(Con información de EFE)
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