Gobierno federal reconoce adeudo de 110.8 mil mdp con farmacéuticas; industria pide piso parejo

El Gobierno de México reconoció que mantiene adeudos por 110.8 mil millones de pesos con la industria farmacéutica, correspondientes a pagos pendientes acumulados hasta el 30 de junio de 2026, algunos de ellos derivados de licitaciones realizadas desde 2023.

El monto aparece en el Segundo Informe de Gobierno, donde se señala que “se logró conciliar el proceso de pagos pendientes a la industria farmacéutica por un monto de 110.8 mil millones de pesos al 30 de junio de 2026”.

El reconocimiento de los adeudos ocurre mientras el gobierno federal prepara nuevas compras consolidadas de medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, pruebas reactivas y textiles para los ejercicios fiscales 2027-2028.

La licitación LA-12-NEF-012NEF001-I-285-2026, publicada por Birmex el 14 de agosto, tiene carácter internacional abierto e incluye mil 169 partidas. El procedimiento contempla compras para las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y se encuentra actualmente en etapa de evaluación.

Ante este escenario, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), pidió al gobierno acelerar la liquidación de los adeudos y generar condiciones que permitan a las empresas nacionales competir en las adquisiciones públicas.

El empresario sostuvo que las licitaciones deben establecer condiciones de competencia que permitan impulsar inversión y empleo en México, además de garantizar el abasto de medicamentos con calidad y precios adecuados.

Uno de los puntos de controversia es la participación de proveedores de países asiáticos. De acuerdo con Villafranca, algunas empresas de India y China pueden ofrecer precios menores debido, según su planteamiento, a subsidios en sus países de origen. También cuestionó casos en los que, afirmó, proveedores no cumplirían con los tiempos de entrega o con certificaciones sanitarias.

“Cuando compras productos subsidiados en países asiáticos, ese dinero se va al exterior, da empleos a otros países y genera riqueza en otros territorios”, declaró Villafranca.

Por separado, Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), señaló que el gobierno incluyó proveedores internacionales en una licitación que contempla medicamentos, material de curación y textiles. El procedimiento oficial confirma que se trata de una licitación internacional abierta para la compra consolidada correspondiente a 2027-2028.

Torre Lamuño sostuvo que empresas de China e India pueden presentar precios hasta 40% menores, pero afirmó que algunos productos no cumplirían con los estándares que exige la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el dirigente empresarial y no constituyen una determinación oficial sobre todos los productos o proveedores participantes.

El reclamo de la industria ocurre además en un contexto de menor producción manufacturera farmacéutica. De acuerdo con los datos citados del Inegi, la fabricación de productos farmacéuticos alcanzó en julio un valor de 15 mil 637 millones de pesos, lo que representó una disminución anual de 1.7%.

Entre los productos con mayores retrocesos se encuentran la elaboración de analgésicos y la producción de materias primas para la industria farmacéutica, mientras también se reportaron disminuciones en suplementos alimenticios y medicamentos dermatológicos y oncológicos.

La industria nacional ha solicitado modificar las condiciones de las compras públicas para favorecer la producción mexicana. Organizaciones empresariales, incluida la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), han planteado excluir de determinadas licitaciones a proveedores de países que no tengan tratados comerciales con México; sin embargo, la licitación actualmente publicada mantiene un carácter internacional abierto.

El debate coloca en el centro dos asuntos que avanzan de manera paralela: por un lado, el reconocimiento de 110.8 mil millones de pesos en pagos pendientes a empresas farmacéuticas y, por otro, el diseño de las nuevas compras consolidadas de medicamentos y otros insumos para el sistema público de salud.

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