Peajes: ANI alerta por $16 billones en litigios y desfase de $2,4 billones en vigencias futuras
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Ricardo Ayerbe, aseguró que recibió la entidad con una elevada carga de litigios, demandas derivadas del congelamiento de las tarifas de peajes y un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Ayerbe afirmó que uno de los principales problemas encontrados al asumir la Agencia está relacionado con los procesos judiciales y arbitrales que actualmente enfrenta la entidad.
El funcionario señaló que el decreto expedido el año pasado para congelar las tarifas de los peajes generó una serie de reclamaciones que actualmente tienen efectos presupuestales sobre la ANI.
“Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal”, afirmó.
ANI reporta alta exposición a litigios
Ayerbe aseguró que la entidad fue recibida con $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados y que, además, actualmente existen 46 tribunales de arbitramento en trámite, cuyas pretensiones suman alrededor de $16 billones.
A estos procesos se agregan 18 solicitudes de amigable composición por $86 billones, según las cifras entregadas por el presidente de la Agencia.
“La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver”, manifestó.
Las cifras presentadas por Ayerbe reflejan, según su diagnóstico, una importante exposición jurídica y financiera para una entidad encargada de administrar y supervisar proyectos de infraestructura concesionada en el país.
Dentro de ese panorama, el presidente de la ANI identificó las demandas relacionadas con los peajes como uno de los elementos que están presionando el presupuesto.
El congelamiento de las tarifas generó controversias con concesionarios y otros actores vinculados a los contratos, de acuerdo con lo señalado por el funcionario. Esas diferencias terminaron trasladándose a escenarios judiciales y arbitrales que ahora deben ser atendidos por la entidad.
Desfase financiero y revisión de contratos
Ayerbe también reveló que la Agencia presenta un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, otro de los riesgos financieros que, según dijo, encontró al llegar a la entidad.
El presidente de la ANI agregó que la nueva administración también ha revisado procesos de contratación por posibles problemas relacionados con transparencia y selección objetiva.
Según explicó, fueron revocados dos concursos de méritos que sumaban $57.000 millones.
En uno de esos procesos, aseguró que encontraron “reglas violatorias a la transparencia, a la selección objetiva y a la pluralidad de oferentes”.
El funcionario indicó que la ANI está revisando y reestructurando esos procedimientos para corregir las situaciones encontradas y avanzar nuevamente en su contratación bajo nuevas condiciones.
A estos problemas se suma la existencia de interventorías que están próximas a vencerse, lo que obliga a la entidad a tomar decisiones para garantizar la continuidad de la supervisión de los proyectos de infraestructura.
Los hallazgos presentados por Ayerbe abarcan así tres frentes principales: la litigiosidad, los desequilibrios financieros y los riesgos relacionados con contratación y transparencia.
En materia jurídica, las cifras más relevantes están concentradas en los $8 billones de laudos ejecutoriados, los 46 tribunales en curso por $16 billones y las 18 solicitudes de amigable composición cuya cuantía alcanza los $86 billones.
En el componente presupuestal, el funcionario resaltó el desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, mientras que en contratación indicó que se están replanteando procesos que sumaban $57.000 millones.
Ayerbe sostuvo que la actual administración comenzó a trabajar en la resolución de esos frentes, especialmente en los litigios y en la reestructuración de concursos e interventorías que requieren nuevas decisiones de la Agencia.
Infobae
