Informe documentó un circuito de represión contra jóvenes cubanos que abarca desde la vigilancia digital hasta el exilio
Un informe de Ciudadanía y Libertad presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sostiene que el régimen cubano aplica un circuito de represión contra jóvenes que incluye vigilancia, citaciones, procesos penales, prisión, represalias familiares y destierro.
El documento, titulado “Juventud, poder y redes sociales en Cuba”, reunió testimonios de jóvenes que residen en la isla y de personas que salieron del país. La investigación se basó en dos consultas virtuales realizadas el 28 de abril y el 9 de junio de 2026, con participantes entre los que había creadores de contenido, estudiantes, activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y manifestantes del 11 de julio de 2021. Las identidades fueron anonimizadas por razones de seguridad.
El informe identifica 12 patrones que, según sus autores, no operan de manera aislada. El punto de partida es la falta de vías legales para crear asociaciones independientes. Las organizaciones juveniles y estudiantiles reconocidas por la dictadura son descritas como estructuras subordinadas al Partido Comunista de Cuba, sin espacio para grupos autónomos ni iniciativas de debate que escapen de los parámetros oficiales.
Las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de asociación juvenil
Ante las restricciones para organizarse de forma presencial, los jóvenes trasladaron parte de sus vínculos, debates y denuncias a internet. El informe señala que esa actividad digital se convirtió en el principal blanco de la vigilancia.
Los testimonios recogidos describen intervenciones de líneas telefónicas, cortes selectivos de conectividad, intentos de acceso a cuentas de mensajería, cancelaciones de servicios y citaciones vinculadas con publicaciones en redes. Una creadora de contenido relató que, tras varios meses de videos sobre la vida cotidiana en Cuba, recibió presiones que alcanzaron a su madre, hermana, tías y amistades, además de una causa penal.
El documento sostiene que la vigilancia puede comenzar durante la adolescencia, incluso sin una convocatoria pública o una afiliación política formal. Según el reporte, la expresión pacífica en internet, incluida aquella de carácter religioso o comunitario, puede ser tratada por las autoridades como una actividad subversiva.
La investigación también describe el uso de citaciones, denominadas “entrevistas” por los participantes, como una herramienta de intimidación.
El informe sitúa las protestas del 11 de julio de 2021 como un punto de quiebre para una generación que protagonizó las mayores movilizaciones registradas en Cuba en décadas. La Fiscalía General de la República reconoció en 2022 que procesó a 790 personas por aquellas manifestaciones, entre ellas 55 jóvenes de 16 a 18 años.
Según el documento, 16 de esos adolescentes recibieron condenas de privación de libertad. Cinco años después, la organización Prisoners Defenders registraba, al cierre de agosto de 2026, 1,339 personas presas por motivos políticos en Cuba. De ese total, 38 habían sido detenidas cuando eran menores de edad y 14 continuaban en esa condición.
La presión alcanza a familias, estudios y empleos
La investigación describe una extensión de las represalias hacia el entorno de quienes cuestionan al régimen. Madres, hermanos, parejas, amistades y otros familiares aparecen en los testimonios como destinatarios de citaciones, vigilancia, actos de repudio, presiones laborales o exclusiones educativas.
El documento registra casos de familiares convocados por la Seguridad del Estado, de amistades detenidas por mantener contacto con activistas y de un hermano menor excluido de una escuela de arte. La finalidad atribuida a esas prácticas es aumentar la presión emocional sobre los jóvenes y forzar su autocensura.
La cadena también incluye la exclusión del ámbito laboral y universitario, además de procesos judiciales que los participantes consideran fabricados o sin garantías suficientes.
El informe vincula la represión contra la juventud con la crisis demográfica de Cuba. De acuerdo con datos recogidos por sus autores, la población residente cerró 2025 en 9,434,593 personas, 313.414 menos que el año anterior. El saldo migratorio negativo fue de 245,264 personas en un año, mientras que el 26.7% de la población tenía 60 años o más.
Para el estudio, la salida del país funciona en algunos casos como una alternativa impuesta entre la cárcel y el exilio. También mencionan regulaciones migratorias, restricciones para salir de la isla y amenazas contra personas que ya viven fuera del país.
Infobae
