Detecta Salud 102 clínicas, hospitales y farmacias irregulares en Puebla; van por padrón de 240 anexos
Irina Díaz
Medicamento caducado aunque sea una sola caja, residuos peligrosos mal almacenados, quirófanos improvisados sin licencia y médicos sin cédula a la vista. Ese es el patrón que encontró la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) en 102 establecimientos privados en Puebla.
El balance lo presentó la secretaria de Salud, María del Rocío Rodríguez Juárez, quien precisó que del total de irregularidades, 48 corresponden a consultorios, 28 a clínicas, 18 a farmacias y 11 a hospitales privados.
En consultorios y clínicas, dijo, el hallazgo más recurrente son espacios que funcionan como salas de cirugía sin cumplir la infraestructura mínima, sin personal certificado para cirugía mayor, sin aviso de funcionamiento y sin autorización de la Cofepris. Además, instrumental sin proceso de esterilización, bitácoras de limpieza sin llenar y expedientes clínicos incompletos o sin firma del responsable.
En farmacias, la DPRIS documentó producto sin factura que acredite legal procedencia, lotes caducados aún en anaquel y venta de antibióticos sin receta. En hospitales, expedientes sin sustento, áreas de hospitalización sin condiciones y personal sin acreditación completa.
Rodríguez Juárez enfatizó que no se trata de una cacería contra el sector privado, sino de un operativo permanente de vigilancia. La suspensión temporal o la clausura definitiva, aclaró, solo se aplica cuando hay riesgo inminente para el paciente.
Dos casos recientes derivaron en cierre total:
El primero en la clínica de la 15 Sur 505, marca WMM6, a unos pasos de la Avenida Juárez en la capital. Tras denuncias por presunta negligencia, la verificación reveló que no contaba con áreas indispensables ni con documentación en regla para operar. Se impuso una multa superior a los 2.6 millones de pesos y clausura permanente.
El segundo en la Maternidad Sagrada Familia, en San Pedro Cholula, suspendida de forma definitiva luego de la muerte de Victoria, una niña de seis años, el pasado 17 de julio. Durante la inspección se aseguraron 54 ampolletas de medicamentos en el área de anestesiología y se detectaron fallas graves en instalaciones, operación y documentos.
La funcionaria llamó a la población a verificar que el establecimiento a donde acude tenga a la vista su aviso de funcionamiento, título y cédula del responsable médico y condiciones higiénicas, y a denunciar ante la DPRIS cualquier sospecha.
Anexos bajo la lupa: 240 en análisis
En paralelo, Salud informó que mantiene bajo análisis los 240 anexos o centros de rehabilitación contra adicciones que operan en el estado. Hasta ahora no han sido verificados en campo porque se define el cronograma y el orden de prioridad.
Explicó que se trabaja en mesas interinstitucionales con la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Fiscalía General del Estado para priorizar aquellos con denuncias ciudadanas, antecedentes de violaciones a derechos humanos, sobrecupo o retención involuntaria de internos.
La revisión se aceleró tras dos muertes violentas en menos de un mes. En junio de 2025, Roberto Javier G. S., de 49 años, murió tras una presunta riña al interior del Anexo Fraternidad ubicado en la 12 Oriente, en el Barrio de El Alto. Fue trasladado a la Cruz Roja, donde llegó sin signos vitales.
El segundo caso ocurrió en Huauchinango, también por una muerte violenta dentro de un centro, lo que evidenció la falta de supervisión y la necesidad de ordenar el padrón estatal.
El objetivo, sostuvo Rodríguez Juárez, es revisar los 240 establecimientos, actualizar el padrón y garantizar que operen con protocolos de atención, respeto a derechos humanos y sin privación ilegal de la libertad.
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