Ya no se sostiene reservar por seguridad: Martínez Puón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Rafael Martínez Puón, único integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción avalado por el Senado, afirma que parte de las consecuencias de la eliminación del Inai es que los comités de transparencia de las dependencias permitan a los servidores públicos ocultar sus declaraciones patrimoniales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Martínez Puón asegura que los comités de transparencia han avalado criterios que son inferiores a la Ley General de Responsabilidades y, por ello, el ocultar o reservar declaraciones no resulta una práctica legal.

“La ley más reciente, la de 2016, ya no establece la posibilidad de reservarlos y, por lo tanto, más allá de que pueda haber criterios inferiores a la ley, como decisiones entre los comités de transparencia, por ejemplo, esto no es procedente y da un pésimo mensaje en el marco de un gobierno [el anterior] que se ha caracterizado más por la opacidad que por la transparencia”, dice.

Rafael Martínez Puón detalló que en los casos que ha dado a conocer EL UNIVERSAL sobre la reserva de la declaración patrimonial de los titulares de Infonavit, Octavio Romero; de Birmex, Carlos Ulloa, y el exsecretario de la Marina Rafael Ojeda, no se sostiene el factor de reserva por cuestiones de seguridad.

“Si seguimos el caminito va a pasar lo que ya es recurrente: mucha información se va a reservar por el tema de seguridad nacional, lo que, personalmente, me parece un argumento que ya no se sostiene. Si el gobierno tiene el discurso de un talante democrático y el interés legítimo de que la información sea pública tampoco se entienden estas decisiones”, añadió.

Sin Inai, confusión del ciudadano y menos transparencia proactiva

Otra consecuencia de haber exterminado al Inai se palpa en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hoy a cargo de Transparencia para el Pueblo: los sujetos obligados cada vez publican menos información que debería ser pública, lo que se conoce como transparencia proactiva. A eso se suma, asegura Martínez Puón, la confusión institucional que ahora tienen los ciudadanos al momento de solicitar información o exigir que se cumplan dichas obligaciones de la transparencia proactiva.

“Teníamos una institución con reglas muy claras en cuanto a lo que le correspondía hacer, no sólo como órgano vigilante de que las normas de transparencia se cumplieran; además, si había una resistencia por parte de alguna institución pública —como los casos de las declaraciones—, pues el Inai tenía precisamente la encomienda de enviar un recurso de inconformidad o de revisión para que estas instituciones rectificaran y, en un porcentaje muy importante, así sucedía.

“Lo que acontece ahora es que, y lo quiero decir con conocimiento de causa, las instituciones públicas dan a conocer cada vez menos información a lo cual están obligadas, esto que se llama transparencia activa o proactiva. Y si hay un recurso de algún ciudadano que se inconforme porque no le dieron la información que está solicitando, pues es prácticamente la misma institución quien da respuesta. Entonces, es muy difícil que rectifique”, señala.

De acuerdo con los datos que ha atraído el Comité de Participación Ciudadana del SNA, solamente 45% de las instituciones públicas a nivel federal han hecho una rectificación ante las quejas que haya presentado un ciudadano.

El Inai llegó a garantizar que más de 90% de las instituciones cumplieran con dichos recursos y con las obligaciones de transparencia, incluso sin poder imponer sanciones reales, una reforma que varios expertos en la materia solicitaron por años.

“Tengo la seguridad de que venimos de un sexenio muy opaco. El sexenio del anterior presidente reservó mucha información por un lapso hasta de cinco años y decidió reservarse bajo, precisamente, esta causal de seguridad nacional. Pero nunca el interés privado puede estar por encima del público”, considera Martínez Puón.

Decreto de Sheinbaum debe cotejarse con la realidad

Sobre el decreto en materia de transparencia que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 4 de agosto, Rafael Martínez Puón se muestra escéptico. Asegura que en el discurso puede ser muy atractivo, pero las acciones reales comenzarán a notarse no sólo en la PNT, sino en que deje de haber casos como los de Infonavit, Birmex y la Marina.

“Se hizo con bombo y platillo en una mañanera, anunciando que la apuesta del gobierno para los próximos años es la transparencia proactiva y la rendición de cuentas, y se sumó otro elemento, que es el del combate a la corrupción. Es?o, como discurso, parece muy atractivo. De hecho, emula a lo que aconteció en 2009 con este memorándum de Barack Obama sobre el gobierno abierto.

“Esperaríamos que esa fuese la tónica para los próximos años en comparación con el sexenio anterior. Pero yo a lo que invitaría a la gente interesada en los temas de transparencia es que nos fijemos si, efectivamente, a partir de los próximos 90 días habrá cambios, que veamos una verdadera voluntad de las instituciones, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, de abrir las puertas a la ciudadanía para que conozcan la información que se maneja. Ahí hay una gran expectativa”, añade.

Una reforma que no deje fuera al ciudadano

Ante una posible reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, Martínez Puón exige que en un nuevo formato no se deje totalmente fuera la representación ciudadana, aunque lamenta que esa sea la tendencia en las pláticas que sobre la propuesta ha podido escuchar.

Rafael Martínez Puon es el único integrante formal del CPC, el organismo que presidía el SNA y articulaba las reuniones de rendición de cuentas entre el gobierno y la representación ciudadana. Su compañera Patricia Talavera nunca recibió un reconocimiento oficial del Senado, aunque fue nombrada. La Cámara Alta también ha omitido nombrar tres vacantes ciudadanas del CPC.

“Estamos sólo dos integrantes del Comité, el Senado de la República decidió no restituir las tres vacantes restantes. No hay sesiones en las que estén presentes las instituciones que forman parte del Comité Coordinador. Es más, a nosotros como ciudadanos, a pesar de que seguimos haciendo actividades de carácter cívico, no nos hacen caso.

“Estamos detrás de ellas. Y quiero dejarlo en claro porque escuché una declaración desafortunada de un legislador que decía que el sistema requiere una reforma porque el Comité de Participación Ciudadana no ha funcionado por los pleitos internos que había, cuando esos se generaron a raíz de los desacuerdos por la inacción de las autoridades.

“La impresión que tengo es que los ciudadanos nos convertimos en los chivos expiatorios de que el sistema no funcione, cuando de nuestra parte no ha dejado de haber interés, independientemente de las diferencias que pudiese haber entre los integrantes, que eso pasa en cualquier órgano colegiado”, concluye.

Quién es

Rafael Martínez Puón es actualmente el único integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción avalado por el Senado de la República.

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