Presupuesto de salud 2027: falta la caja de compensación

Al sector salud en su conjunto le va bien en el Proyecto del Paquete Económico 2027. Sumadas, las cuatro instituciones que lo sostienen —Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE— pasan de 2 billones 368 mil millones de pesos aprobados para 2026 a 2 billones 641 mil millones propuestos para 2027: 272 mil millones adicionales y un crecimiento real de 8 %, cuando el presupuesto federal completo apenas avanza 1.1%. La salud gana 1.6 puntos de participación en el gasto neto total, de 23.2 a 24.8 %. En un año en el que los ramos administrativos en conjunto pierden 2.5 % real, eso es una decisión política, no una inercia.

Es una buena noticia; sin embargo, los detalles la matizan.

Ocho de cada diez pesos nuevos del sector van al IMSS: 212 mil 700 millones. Y casi la mitad del gasto del instituto, 49.4 %, son pensiones en curso de pago del régimen de jubilaciones anterior a 1997. Descontado este monto, el resto del instituto todavía crece 11.3 % real. Hay un renglón que va en sentido contrario: sus reservas financieras y actuariales caen 5.7 % real, de 31 mil 316 a 30 mil 485 millones. Las reservas son el colchón financiero de largo plazo que tiene el IMSS.

El ISSSTE es el rezagado. Crece alrededor de 2.8 % real, menos de un tercio del ritmo del IMSS. Su presupuesto también está dominado por pensiones, así que el margen para atención médica es más estrecho de lo que sugieren sus 571 mil 592 millones.

La Secretaría de Salud recibe 72 mil 305 millones, 5 % real más que este año. Es su primer aumento real desde 2024 y rompe dos ejercicios de estancamiento. Pero la base de comparación importa: en 2024 el ramo tuvo 96 mil 990 millones. Medido contra ese año, y ya descontada la inflación, el Ramo 12 está 32.6 % abajo. Buena parte de esa caída fue reasignación hacia el IMSS-Bienestar en 2025, no supresión.

Hay otro renglón que merece explicación pública. Los subsidios que la Secretaría transfiere a estados y al sector social pasaron de 4 mil 529 millones en 2024 a 452 millones en 2027, una caída de 90 %. Dejaron de aparecer ahí los programas de prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, y el de vigilancia epidemiológica. En un país donde la diabetes es la segunda causa de muerte, eso no es un ajuste de monto: es un cambio de instrumento cuyo destino todavía no está claro.

El IMSS-Bienestar crece 9 % real, hasta 193 mil 987 millones. De ellos, 91 mil 718 millones están etiquetados en el anexo 34 para la atención gratuita a población sin seguridad social. Carga además un compromiso operativo mayúsculo anunciado por el Gobierno Federal: 12 mil 750 consultorios de atención primaria que deben abrir en enero de 2027 en 24 entidades.

Y aquí está el punto que debería concentrar la discusión en San Lázaro.

El artículo 34 del proyecto de decreto le da soporte presupuestario al Servicio Universal de Salud: ordena el intercambio progresivo de servicios entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, los hospitales federales de referencia y los institutos nacionales. La idea es sensata y lleva años pendiente: que una persona sea atendida donde hay cama disponible, no donde dice su credencial.

El problema es cómo se paga. El artículo establece que cada institución deberá asignar, con cargo a su presupuesto ya autorizado, una previsión de recursos en un programa presupuestario que Hacienda definirá más adelante. Es decir: no hay dinero nuevo para la portabilidad, y el monto de esa previsión no aparece en ningún anexo del proyecto. No hay cifra, no hay tarifas, no hay fórmula de compensación ni anexo que permita darle seguimiento.

Esa caja de compensación es el corazón financiero del Servicio Universal de Salud, y hoy está vacía en el papel. El antecedente no invita al optimismo: los convenios de intercambio entre IMSS, ISSSTE y el antiguo Seguro Popular existen desde 2009 y nunca operaron a escala, porque nadie se puso de acuerdo en cuánto cuesta cada servicio y quién lo liquida.

Si la tarifa se fija por debajo del costo real, la institución que más atienda terminará subsidiando a las demás. Si no se fija, el intercambio se quedará en convenios de buena voluntad. Y si la previsión sale del techo ya autorizado, cada peso destinado a compensar a otra institución será un peso menos para los propios derechohabientes.

Hacienda dirá que las reglas vendrán en lineamientos posteriores. Puede ser, pero el Congreso estaría aprobando un mecanismo cuyo costo no conoce.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para corregirlo. Una petición razonable: que la previsión se haga explícita, con monto por institución, tarifario de referencia y reporte trimestral. Sin eso habrá un derecho enunciado y un mecanismo de pago invisible.

El sector salud crece en 2027, y crece por encima del promedio. El gasto funcional en salud equivale a 2.8 % del PIB. Es el nivel más alto en años, pero sigue lejos del 6 % que recomiendan los organismos internacionales. Más dinero ayuda. Sin reglas de liquidación claras, la universalidad seguirá siendo una promesa administrativa.