Alza del salario mínimo del Gobierno Petro pone en riesgo las pensiones en Colombia, aseguró la Contraloría: hay un déficit de $4,2 billones

Se acerca la temporada de Fin de Año y existe preocupación por la posibilidad de que miles de pensionados en el país se queden sin su aguinaldo.

De hecho, la Contraloría General de la República advirtió que la desfinanciación de pensiones en Colombia supera $4,2 billones para 2026 y compromete pagos administrados por Colpensiones.

En un comunicado divulgado el 21 de septiembre de 2026, la entidad atribuyó el faltante al alza del salario mínimo del 23% firmado por el expresidente Gustavo Petro, al considerar que estuvo por encima del supuesto cercano al 7,5% con el que se hizo la programación presupuestal.

Ese desfase, según la entidad, elevó las obligaciones pensionales por encima de lo previsto y, de acuerdo con el organismo de control, obliga al Gobierno a prever recursos adicionales para cubrir las mesadas comprometidas.

Las cifras del presupuesto y el origen del desbalance

De acuerdo con la Delegatura para el Sector Trabajo de la Contraloría, el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones. De ese total, $72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones.

La financiación de esas obligaciones dependía en 44,6% de aportes de la Nación, de acuerdo con la Contraloría. Igualmente, añadió que el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales y que la ejecución asciende a esa misma cifra.

Según el comunicado, si esos recursos ya fueron girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales previstas al inicio.

“El desequilibrio radica en el desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23%, frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5%, lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal”, señaló la Contraloría.

El organismo de control señaló además que el incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría exigir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun si este ya cumplió con los aportes presupuestados.

“El incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados. La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, indicó.

Vale mencionar que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República se produce después de que el Ministerio de Trabajo, liderado por Natalia López, detallara sobre un faltante de $5 billones para pagar pensiones en noviembre y diciembre del año en curso.

La controversia sobre el origen del faltante y el contexto fiscal

Tras conocerse la alerta emitida por la Contraloría, diferentes sectores expresaron su preocupación al respecto. Desde la entonces bancada de oposición al gobierno de Gustavo Petro atribuyeron el faltante al no giro de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones por traslados entre regímenes, según declaraciones recogidas por Semana. El debate coincide con la discusión del presupuesto de 2027 en el Congreso, aprobado en 635 billones de pesos, respectivamente.

De otro lado, Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), explicó a Vanguardia que el Gobierno tendrá que hacer algún ajuste o traslado presupuestal para cubrir el faltante de este año. “El presupuesto de Colpensiones de 2026 está desfinanciado en $5 billones y eso pone en riesgo las mesadas de noviembre y de diciembre (...) El pago de pensiones está protegido por la Constitución”, comentó al diario citado.

También planteó la necesidad de un “sinceramiento fiscal”, porque más de la mitad de las pensiones de Colpensiones se ubican en el salario mínimo.

En la misma línea, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) había emitido una alerta sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el gasto pensional. Según la agremiación, entre el 70% y el 80% de los pensionados está en el rango de uno a dos salarios mínimos de pensión.

A su vez, el Carf recalcó una estimación de $4,7 billones en mayor gasto para el componente de pensiones de alrededor de un salario mínimo legal vigente. Con ese panorama, la advertencia central de la Contraloría apunta a que el Gobierno asegure recursos extra para que el sistema cubra las mesadas comprometidas.