Iván Cepeda anunció tutela contra Abelardo de la Espriella por presunta incursión de tropas extranjeras en Colombia: “No he sido consultado”

Iván Cepeda Castro, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que interpondrá una acción de tutela contra el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, tras denunciar un posible despliegue de fuerzas armadas extranjeras en el territorio nacional.

En su cuenta de X, el dirigente político sostuvo que la presencia del personal armado en el país sudamericano vulneró su derecho fundamental a la participación política como integrante del Congreso de la República. Así mismo, el congresista sostiene que no fue consultado sobre el ingreso y la permanencia de tropas extranjeras ni sobre operaciones militares conjuntas.

“Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política. En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, escribió el legislador en sus redes sociales.

Contexto de la denuncia

El episodio que motivó la acción judicial ocurrió el 27 de agosto de 2026, cuando helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolaron Tumaco, en el departamento de Nariño.

De hecho, el Comando Sur de Estados Unidos difundió el 9 de septiembre imágenes de dos aeronaves y señaló que habían realizado una “evaluación operacional” en esa zona del Pacífico colombiano.

Tres helicópteros estadounidenses participaron en el traslado del comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, durante una visita oficial a Colombia y Ecuador. La delegación viajó desde territorio colombiano hasta San Lorenzo, Ecuador, en esas aeronaves, de acuerdo con información conocida por Cambio.

Para Iván Cepeda, el desplazamiento de las tropas norteamericanas por territorio colombiano infringe las disposiciones de la Constitución Política, al considerar que el mandatario debía tener una autorización por parte de la rama legislativa.

“Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política”, concluyó el senador del Pacto Histórico.

La presencia de los equipos militares abrió una discusión sobre los límites de la cooperación entre ambos países y sobre el procedimiento constitucional exigido para la entrada de personal, aeronaves o tropas extranjeras. La eventual decisión judicial deberá determinar si esas actividades requerían autorización del Senado.

Por el momento, desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella no han emitido ningún pronunciamiento sobre esta acción judicial liderada por el excandidato presidencial.

Qué dice la Constitución

Según lo estipulado en el artículo 173 de la Carta Magna, la presencia de tropas extranjeras en Colombia aparece entre las atribuciones conferidas al Congreso de la República. Igualmente, en el artículo 189 se establece dicha disposición, siempre y cuando se encuentren en periodo de receso.

Igualmente, el Consejo de Estado debe ser consultado previamente por el Gobierno en casos de tránsito de tropas extranjeras y también ante la estación o el tránsito de buques y aeronaves extranjeros de guerra en las aguas, el territorio o el espacio aéreo de Colombia.

“Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”, se lee en el numeral 7 del artículo mencionado.

En un proceso anterior sobre la presencia de militares estadounidenses en Colombia, el Consejo de Estado examinó la distinción entre el tránsito de tropas extranjeras y el ingreso de integrantes de fuerzas de países aliados para actividades de cooperación, y aclaró lo estipulado en el numeral 3 del artículo 237 de la Carta Magna.

“Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen (...) en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado”.