Grupo MAS: 62 millones menos para el agua y saneamiento de Veracruz / Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Grupo MAS: 62 millones menos para el agua y saneamiento de Veracruz
Enrique Yasser Pompeyo
En Veracruz hay decisiones que no pueden analizarse únicamente desde los escritorios de las empresas o desde la lógica de los contratos. Cuando está de por medio el agua potable, el drenaje y el saneamiento, las consecuencias terminan pagándolas directamente las familias.
El caso de Grupo MAS (filial del corporativo español ACCIONA) vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que merece una respuesta clara: ¿qué ocurre cuando una empresa concesionaria decide no participar en un programa que podía llevar recursos adicionales a una ciudad que enfrenta importantes necesidades de infraestructura hidráulica?
De acuerdo con la información, la concesionaria rechazó participar en el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS) de la CONAGUA, con lo que el municipio de Veracruz dejaría de aprovechar 62.2 millones de pesos de recursos federales.
La condición era que Grupo MAS aportara una cantidad equivalente como contraparte, lo que habría permitido integrar una bolsa de 124.4 millones de pesos.
No se trata de una cifra menor. Son recursos que podrían traducirse en obras, infraestructura y servicios para miles de habitantes.
Un ejemplo particularmente significativo es la planta de tratamiento Olmeca, ubicada junto a Laguna Real. Una inversión de esta magnitud podría contribuir a concluir, equipar y poner en operación esta infraestructura, con posibles beneficios para zonas como Floresta, Flores del Valle, López Mateos y Luis Echeverría, donde el adecuado manejo de las aguas residuales constituye una necesidad evidente.
Aquí es donde la negativa de Grupo MAS adquiere una dimensión que va más allá de una discusión administrativa.
La concesionaria tiene desde 2015 la responsabilidad de prestar los servicios de agua y saneamiento en Veracruz. De acuerdo con la información, su título de concesión contempla además un compromiso de inversión superior a siete mil millones de pesos durante los 30 años de vigencia.
Por ello, resulta legítimo que la sociedad se pregunte cuál debe ser el papel de una empresa que tiene bajo su responsabilidad un servicio esencial para la población cuando existen mecanismos para atraer recursos públicos adicionales a la infraestructura hidráulica.
Porque el problema no es solamente que exista o no una aportación económica de la empresa. El verdadero problema es lo que deja de hacerse cuando esos recursos no llegan.
Cada peso que no se invierte en saneamiento puede significar infraestructura que permanece inconclusa; plantas que no entran en operación; redes que requieren atención y zonas que continúan enfrentando problemas relacionados con el manejo de aguas residuales.
Mientras las empresas toman decisiones financieras, los ciudadanos siguen abriendo la llave esperando que haya agua, pagando sus recibos y enfrentando las consecuencias de cualquier deficiencia en el servicio.
Por eso, el caso de los 62.2 millones debe servir para abrir un debate más amplio sobre la concesión de Grupo MAS y sobre el cumplimiento de las obligaciones que asumió frente al municipio de Veracruz.
La población tiene derecho a conocer con claridad cuáles son las razones por las que la empresa decidió no participar en el PEAS, qué inversiones ha realizado, cuáles tiene pendientes y cómo se está cumpliendo el compromiso establecido en el título de concesión.
El agua no es un servicio cualquiera. Es una necesidad básica y un asunto de salud pública, desarrollo urbano y calidad de vida.
Veracruz necesita inversiones y obras que permitan resolver problemas históricos de infraestructura.
Si existe una bolsa de recursos públicos disponible y un mecanismo mediante el cual la concesionaria puede aportar recursos para multiplicarla, la decisión de no participar merece, cuando menos, una explicación pública y transparente.
Los 62.2 millones que están en juego no son solamente una cantidad escrita en un documento. Son recursos que podrían convertirse en infraestructura para una ciudad que los necesita.
Cuando una oportunidad de inversión se pierde, quienes terminan resintiendo las consecuencias no son los directivos de las empresas: son los habitantes de Veracruz.
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