Racionamiento eléctrico como el de 1992 le costaría a Colombia $30,7 billones y pondría en riesgo 210.000 empleos
Un racionamiento eléctrico en Colombia de una profundidad y duración similares al registrado entre 1992 y 1993 tendría un costo económico estimado de $30,7 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis presentado por Lumen Economic Intelligence durante el 18.º Congreso Anual de Energía de Acolgen, en Bogotá, el 18 de septiembre de 2026.
El ejercicio contempla tres posibles escenarios para la temporada seca 2026-2027, definidos según la proporción de demanda que no podría ser atendida y el tiempo durante el cual se mantendrían las restricciones. En el caso más grave, la firma calculó una pérdida de hasta 210.000 empleos y que 480.000 personas adicionales podrían caer en la pobreza monetaria.
Tres escenarios de racionamiento eléctrico
Las estimaciones de Lumen Economic Intelligence parten de los costos de la energía no suministrada utilizados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). El cálculo económico incorpora tanto la producción que dejaría de generarse como la pérdida de bienestar de los hogares.
En un escenario leve, con una demanda no atendida equivalente al 1,5% durante cuatro meses, el costo estimado sería de $1,2 billones, correspondiente al 0,1% del PIB.
El escenario moderado contempla una afectación del 5% de la demanda durante cinco meses. Bajo esas condiciones, el costo ascendería a $8 billones, equivalentes al 0,4% del PIB.
La tercera posibilidad corresponde a un escenario comparable al racionamiento de 1992, con una demanda no atendida del 6,8% durante 11 meses. En este caso, la estimación llega a $30,7 billones, equivalentes al 1,6% del PIB.
Si el impacto se mide exclusivamente sobre la producción, sin incluir la pérdida de bienestar de los hogares, Lumen calcula que la reducción podría alcanzar el 1,3% del PIB, cerca de $25 billones.
Qué ocurrió durante el racionamiento de 1992
El escenario de mayor impacto toma como referencia la magnitud de la crisis eléctrica registrada entre 1992 y 1993. Según el análisis, durante ese periodo el país dejó de atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, equivalentes al 6,8% de la demanda, durante 343 días.
La comparación se utiliza para establecer una eventual profundidad y duración de un racionamiento durante la temporada seca de 2026-2027, sin señalar que ese escenario necesariamente vaya a presentarse.
Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que las consecuencias de una interrupción de esa magnitud no se limitarían al sector energético, debido a sus efectos sobre la producción y los ingresos de los hogares.
“Un racionamiento como el de 1992 le costaría a Colombia más de $30 billones y pondría en riesgo más de cien mil empleos. Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares”.
La brecha entre energía firme y demanda prevista
El análisis presentado en Acolgen señala que para la vigencia 2026-2027 la energía firme disponible del sistema estaría 7,8% por debajo de la demanda prevista. De acuerdo con Lumen, esa diferencia equivale aproximadamente a 28 días de consumo.
La firma también señala que las condiciones hidrológicas representan un factor relevante para la disponibilidad del sistema. Desde mayo, los aportes hídricos se han ubicado entre 75% y 79% de la media histórica, según los datos incluidos en el análisis.
A este panorama se suma la previsión climática mencionada por Lumen. El IRI-NOAA asigna un 98% de probabilidad a un fenómeno de El Niño muy fuerte durante los próximos meses, de acuerdo con la información presentada por la firma.
La combinación de una menor disponibilidad hídrica y una brecha entre la energía firme y la demanda prevista reduce el margen de maniobra del sistema durante la temporada seca, según el escenario planteado por Lumen Economic Intelligence.
Retrasos en nuevos proyectos de generación
Otro de los factores señalados en el análisis corresponde al ritmo de expansión de la capacidad eléctrica. Con corte al 10 de septiembre de 2026, habían entrado en operación 1.027 megavatios de los 4.475 megavatios que se esperaban para este año.
La cifra representa el 23% de la capacidad programada para 2026, de acuerdo con Lumen. El dato forma parte de los elementos considerados por la firma al evaluar la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda durante el periodo analizado.
El almacenamiento de los embalses también ha perdido margen frente al crecimiento del consumo. Medida en días de demanda máxima, la capacidad de almacenamiento pasó de 87 a 67 días desde el fenómeno de El Niño de 2015-2016, según el documento presentado en el Congreso de Acolgen.
El posible efecto sobre empleo y pobreza
Para el escenario de mayor severidad, Lumen Economic Intelligence estima que la pérdida de empleos podría llegar a 210.000. La firma relaciona este resultado con la interrupción del suministro eléctrico y su efecto sobre la capacidad de las empresas para mantener sus niveles de producción y los puestos de trabajo.
El mismo escenario contempla que hasta 480.000 personas adicionales podrían caer en la pobreza monetaria. La estimación parte del impacto que tendría una reducción de la actividad económica sobre los ingresos de los hogares.
La firma diferencia estos efectos de la pérdida directa de producción utilizada para calcular parte del costo económico. De esta manera, el escenario de $30,7 billones incorpora tanto el valor de la energía no suministrada y la producción que dejaría de generarse como el componente asociado al bienestar de los hogares.
Medidas planteadas para reducir el riesgo
Lumen Economic Intelligence plantea adoptar medidas antes de la temporada seca para reducir la posibilidad de restricciones en el suministro. Entre ellas está asegurar la disponibilidad de generación térmica, para lo cual considera necesario garantizar el suministro de gas y combustibles líquidos, realizar los mantenimientos requeridos y contar con liquidez suficiente para mantener operativas las plantas.
El análisis también propone anticipar la gestión de la demanda mediante incentivos al ahorro de energía y campañas dirigidas a las horas de mayor exigencia del sistema. El objetivo señalado es disminuir el consumo en esos periodos y reducir la presión sobre la generación y las reservas de agua.
La firma plantea además mantener reglas estables para ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones y agilizar procesos relacionados con licencias, consultas y obras de transmisión, de manera que los proyectos de generación puedan entrar en operación oportunamente y su energía llegue a los consumidores.
Con estas medidas, plantea recuperar el ritmo de expansión del sistema frente a una demanda creciente y disminuir su vulnerabilidad durante futuras temporadas secas.
Infobae
