La violencia contra las mujeres deja una cadena de asesinatos y desapariciones en México

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte volvió a poner bajo la lupa la violencia contra las mujeres en México, pero también abrió una discusión más amplia sobre la clasificación de las muertes violentas, las desapariciones y la capacidad de las autoridades para investigar los casos con perspectiva de género.

El caso de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, Morelos, ha trascendido el ámbito de una investigación criminal para convertirse en un nuevo punto de atención sobre la violencia contra las mujeres en México.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el crimen como feminicidio. Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas”, fue detenido el 17 de septiembre y posteriormente vinculado a proceso. Una jueza impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria. La vinculación a proceso, conviene precisarlo, no equivale a una sentencia definitiva.

La rapidez de la investigación también ha llamado la atención. De acuerdo con información de la Fiscalía de Morelos difundida por EFE y otros medios, las autoridades utilizaron cámaras de videovigilancia y testimonios para identificar al sospechoso. El caso, además, adquirió una dimensión internacional debido a que Tacoronte realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, procedente de la Universidad de Granada.

Pero detrás de este expediente hay un contexto que resulta difícil ignorar. Claudia fue la cuarta estudiante vinculada con la UAEM asesinada en un periodo de siete meses. Antes de ella murieron Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, de acuerdo con reportes periodísticos que han documentado los casos y las protestas posteriores de estudiantes.

El País señaló que la situación ha provocado cuestionamientos de alumnas y familiares hacia la respuesta institucional de la universidad, mientras que las movilizaciones estudiantiles han reclamado mayores condiciones de seguridad. La Universidad de Granada, por su parte, decidió cancelar nuevos intercambios con la UAEM tras el asesinato de Tacoronte, una decisión que muestra cómo un crimen ocurrido en Morelos también ha tenido consecuencias en el ámbito académico internacional.

La dimensión del problema, sin embargo, no puede medirse únicamente por los casos que alcanzan notoriedad pública.

Entre enero y julio de 2026, México registró mil 250 muertes violentas de mujeres: 380 fueron clasificadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dato ha sido corroborado en distintas coberturas periodísticas que consultaron la estadística oficial del SESNSP.

La diferencia entre ambas categorías es relevante. El feminicidio es un delito que requiere acreditar determinadas razones de género previstas en la legislación, mientras que los homicidios dolosos de mujeres no necesariamente implican que la investigación haya descartado desde el principio la existencia de violencia de género. Por ello, comparar ambas cifras sin considerar la metodología puede ocultar parte de la dimensión del fenómeno.

El propio SESNSP mantiene lineamientos específicos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde el caso Mariana Lima que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y bajo una metodología que permita determinar si existen razones de género.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha insistido durante años en este punto. En documentos publicados por la organización se advierte que algunas muertes violentas de mujeres han sido registradas inicialmente como homicidios, accidentes o suicidios, lo que, a juicio del organismo, puede contribuir a un subregistro de la violencia feminicida.

María de la Luz Estrada, directora del OCNF, ha señalado en declaraciones recogidas por EFE que una parte de los asesinatos de mujeres con posibles elementos de género no se investiga desde el inicio bajo el protocolo correspondiente. La organización sostiene que esto dificulta conocer la magnitud real del problema.

Y hay otra dimensión todavía más compleja: las desapariciones.

Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citados por EFE, entre enero y julio de este año mil 125 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y permanecían sin localizar, un promedio cercano a cinco casos diarios durante ese periodo. El registro también contabilizaba decenas de miles de mujeres desaparecidas acumuladas en el país.

Las cifras muestran una concentración importante entre adolescentes y mujeres jóvenes. De acuerdo con los datos citados del RNPDNO, casi siete de cada diez mujeres desaparecidas con edad registrada tenían entre 10 y 34 años. El grupo de 15 a 19 años concentraba cinco mil 555 casos, mientras que entre los 10 y 14 años había dos mil 298 niñas desaparecidas.

Estos números requieren una lectura cuidadosa. Una desaparición no significa automáticamente que exista un feminicidio, trata de personas u otro delito específico. El RNPDNO registra personas reportadas como desaparecidas o no localizadas y sus circunstancias pueden ser diversas. Lo que sí muestran los datos es la magnitud de un problema de búsqueda que obliga a las autoridades a actuar desde las primeras horas.

En marzo de 2026, la Secretaría de Gobernación informó sobre una estrategia nacional de búsqueda y localización que involucra a la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías, autoridades de seguridad y otras instituciones. Entre las medidas incorporadas en las reformas de 2025 se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, la apertura de carpetas de investigación ante el primer reporte y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de localizar a las personas.

La experiencia reciente muestra por qué esa respuesta temprana resulta determinante. En septiembre, la Segob informó que una mujer reportada como desaparecida fue localizada con vida en la Ciudad de México mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, después de la coordinación entre autoridades federales y capitalinas.

En paralelo, México mantiene Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en distintas entidades. Estas declaratorias buscan establecer acciones gubernamentales de emergencia frente a contextos de violencia feminicida, aunque su aplicación y seguimiento han sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones civiles.

En el caso de Morelos, la discusión adquiere especial relevancia porque Cuautla se encuentra dentro de los municipios contemplados en la Alerta de Violencia de Género de la entidad. El OCNF ha cuestionado públicamente los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas relacionados con estas alertas.

La sucesión de casos en torno a la comunidad universitaria de Morelos y el asesinato de una estudiante extranjera han puesto nuevamente el foco sobre un problema que no comienza ni termina con un solo expediente. Hay una dimensión criminal, otra institucional y una más relacionada con la prevención y la búsqueda de mujeres desaparecidas.

La captura de un sospechoso y su vinculación a proceso representan avances dentro de una investigación concreta, pero todavía queda por determinar la responsabilidad penal mediante el proceso judicial. Al mismo tiempo, las estadísticas nacionales recuerdan que la violencia contra las mujeres no se limita a los casos que alcanzan una amplia cobertura mediática.

Entre una muerte que puede ser investigada como homicidio o feminicidio y una desaparición cuyo desenlace todavía se desconoce existe una misma exigencia para las instituciones: investigar con diligencia, preservar las evidencias, aplicar los protocolos correspondientes y garantizar a las familias información y acceso a la justicia. Esa tarea, menos visible que una detención, es la que finalmente permite saber qué ocurrió con cada mujer y evitar que un expediente termine perdido entre las cifras.