FEMDO atrae investigación por 59 millones de litros de combustible en Guanajuato

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada asumió la investigación sobre más de 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, mientras la autoridad y la empresa relacionada mantienen versiones distintas sobre el origen y la situación legal de los productos.

La investigación sobre uno de los mayores aseguramientos recientes de combustible en México escaló este sábado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO. La Fiscalía General de la República decidió atraer el expediente relacionado con los más de 59 millones de litros de hidrocarburo localizados en San José Iturbide, Guanajuato, para profundizar en su origen, propiedad y trazabilidad.

La decisión fue anunciada por la FGR después del cateo realizado el 17 de septiembre en un inmueble ubicado en ese municipio. Según la dependencia, durante la diligencia se encontraron gasolina regular, gasolina premium y diésel cuyo origen, manejo y destino no han sido acreditados de manera completa con la documentación entregada hasta ahora por las empresas relacionadas.

El expediente había sido iniciado por la Fiscalía Federal en Guanajuato y posteriormente quedó bajo la responsabilidad de la FEMDO debido a la complejidad del caso. La Fiscalía informó que sus investigadores analizan documentos y realizan entrevistas con directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos.

El objetivo, de acuerdo con la autoridad, es verificar no solamente la procedencia del combustible, sino también quién es su propietario, cómo fue operado y cuál es su trazabilidad financiera y fiscal. Es una revisión relevante porque la presencia de combustible en una instalación de almacenamiento no determina por sí misma su procedencia ilícita; lo que la investigación debe establecer es si existe documentación suficiente que permita reconstruir su origen y las operaciones realizadas con él.

La FGR informó inicialmente el 17 de septiembre que la investigación había comenzado el 3 de julio, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.

A partir de esa detención, las autoridades realizaron distintas diligencias en una gasolinera de San Luis de la Paz, en un inmueble relacionado con el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en la instalación de San José Iturbide donde fueron localizados los millones de litros de hidrocarburo.

El volumen asegurado llamó inmediatamente la atención. La cantidad reportada supera los 59 millones de litros y convirtió el operativo en uno de los mayores aseguramientos de combustible anunciados por autoridades mexicanas en los últimos años.

Sin embargo, el caso todavía tiene una parte fundamental por esclarecer. La empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA y relacionada con la terminal donde fue localizado el combustible, rechazó que la instalación sea propietaria de los productos asegurados o que los comercialice.

En un comunicado difundido el 18 de septiembre y reportado por El Financiero, Gas Natural del Noroeste sostuvo que la terminal opera con los permisos correspondientes y que su función consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de sus clientes. La empresa afirmó que puso documentación a disposición de las autoridades para acreditar la legalidad de sus operaciones y relaciones comerciales.

El Financiero también revisó información regulatoria y señaló que el permiso de almacenamiento de la terminal ha tenido modificaciones a lo largo de los años. La documentación oficial citada por el medio contempla una capacidad operativa considerablemente superior al volumen encontrado durante el cateo.

Ese contexto resulta importante para entender la investigación. El inmueble no es presentado por las autoridades como un depósito clandestino improvisado, sino como una terminal formal de almacenamiento sobre la que existe documentación regulatoria. Lo que está bajo escrutinio es la trazabilidad del combustible localizado y la documentación de las empresas involucradas.

La propia FGR ha evitado dar por acreditada una conclusión definitiva sobre el origen de los productos. En su comunicado del 19 de septiembre se refiere al hidrocarburo como producto cuyo origen y licitud todavía deben verificarse, y señala que la investigación busca determinar si se configuraron delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos o en materia fiscal.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó que podría haber detenciones relacionadas con el aseguramiento. Sus declaraciones fueron realizadas antes de que la FEMDO asumiera formalmente la investigación y se inscriben en el proceso posterior a los grandes decomisos de combustible.

Guanajuato constituye además un escenario relevante para esta investigación debido a la presencia histórica del robo y tráfico ilegal de hidrocarburos. La entidad ha sido identificada por autoridades como una zona donde operan redes dedicadas al denominado huachicol y donde confluyen actividades relacionadas con almacenamiento, transporte y comercialización irregular de combustibles.

Pero en este caso conviene separar lo confirmado de lo que todavía está sujeto a investigación. Está acreditado que las autoridades realizaron un cateo judicial y localizaron más de 59 millones de litros de hidrocarburo. También está confirmado que la FGR no ha considerado suficiente la documentación presentada hasta ahora para acreditar completamente el origen, manejo y destino de todo el producto.

Por otra parte, Grupo SIMSA sostiene que la terminal opera legalmente y que los petrolíferos pertenecen a terceros. Esa posición ha sido publicada por distintos medios, entre ellos El Financiero, Reforma y El Universal. La investigación de la FEMDO deberá determinar qué documentación respalda cada una de las partes y si existe alguna responsabilidad penal, fiscal o administrativa.

La diferencia entre una mercancía de origen legal almacenada en una terminal autorizada y un cargamento de procedencia ilícita no puede resolverse únicamente con el volumen encontrado. Requiere revisar contratos, permisos, facturas, registros de importación o adquisición, movimientos físicos, documentación fiscal y la cadena de propiedad del producto.

Ese será precisamente uno de los retos de la investigación que ahora queda en manos de la FEMDO. La Fiscalía deberá reconstruir la ruta de los más de 59 millones de litros y determinar si la documentación permite explicar de manera consistente de dónde provinieron, quién los adquirió, quién era su propietario al momento del aseguramiento y cuál era su destino.

Por ahora, el caso permanece abierto. El aseguramiento ya ocurrió, la carpeta fue atraída por la fiscalía especializada y las partes han fijado posiciones distintas. Lo que todavía falta es la respuesta de fondo: establecer si el combustible tenía un origen lícito y, en caso contrario, identificar las responsabilidades que correspondan conforme a la investigación y a las determinaciones de las autoridades competentes.