Defensoría pide que la Fuerza Pública solo entre a universidades en casos excepcionales
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La Defensoría del Pueblo pidió este domingo que el protocolo del Gobierno para la actuación de la Fuerza Pública en universidades limite la entrada de uniformados a los campus a casos excepcionales, con respeto a la autonomía universitaria y a la protesta.
Uno de esos casos es la flagrancia, que ocurre cuando alguien es sorprendido en el momento de cometer un delito. En esa situación, según la entidad, "no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias". Aun así, advirtió que "ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación".
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El presidente, Abelardo De La Espriella, anunció el protocolo en su alocución del domingo 13 de septiembre y dijo que la Policía será la primera autoridad operativa en esos casos. "A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", afirmó el mandatario en esa intervención.
¿Qué no justifica la entrada de la Fuerza Pública a una universidad?
La protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no justifican por sí mismas el ingreso de la Fuerza Pública a los campus, según la Defensoría. "Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes a reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades", señaló.
Tampoco se puede equiparar la protesta con conductas violentas o delictivas, advirtió la entidad. "Cuando algunas personas incurran en hechos de violencia, la actuación estatal debe estar dirigida específicamente a enfrentar esas conductas y no puede traducirse en una intervención indiscriminada sobre el conjunto de estudiantes, docentes, trabajadores o demás integrantes de la comunidad universitaria", indicó.
El diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar el primer lugar en las protestas y movilizaciones, dijo la Defensoría. El uso de la fuerza, agregó, tiene que responder a una necesidad concreta, separar a quienes protestan en paz de quienes cometan actos violentos y ser proporcional al riesgo que se quiere controlar.
Lo que dice la Constitución sobre la autonomía universitaria
Según la Defensoría, el artículo 69 de la Constitución consagra la autonomía universitaria, pero esa garantía no convierte a las universidades "en espacios excluidos de la Constitución, la ley o de la actuación legítima de las autoridades".
La entidad recordó que la Corte Constitucional definió esa autonomía como la garantía para que las universidades se dirijan y regulen a sí mismas, preserven la libertad académica y se mantengan libres de interferencias indebidas. El mismo tribunal estableció que no es absoluta.
Además, la entidad pidió que el protocolo se expida tras un proceso participativo, como el que ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641 de 2020. Según la entidad, el documento debe fijar de manera clara y precisa estos puntos:
Los casos excepcionales en los que la Fuerza Pública puede intervenir.
Las responsabilidades de cada autoridad.
Los mecanismos de coordinación.
Las garantías para prevenir excesos en el uso de la fuerza.
Frente a la protesta social, la Defensoría tiene la tarea de favorecer el diálogo y mediar en las tensiones que las originan. También hace llamados a las autoridades sobre las condiciones para usar la fuerza y a los manifestantes para que eviten excesos que se salgan del derecho a la protesta.
En desarrollo...
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