FGR atrae caso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato tras detectar que empresas aún no acreditan por completo su origen, manejo y destino legal
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó a su unidad especializada en delincuencia organizada la investigación relacionada con más de 59 millones de litros de combustible localizados en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, debido a que no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación completa que acredite su origen, manejo y destino lícitos. El volumen incluye gasolina regular, Premium y diésel. Esto no significa que la totalidad del combustible haya sido declarada ilegal ni que exista una responsabilidad penal determinada: esos puntos siguen bajo investigación.
De acuerdo con el comunicado FGR 628/26, emitido el 19 de septiembre de 2026, el cateo fue autorizado por una autoridad judicial a partir de diversos indicios sobre la posible existencia de irregularidades. Debido a la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta. La decisión ocurre mientras la empresa vinculada con la terminal sostiene que sus instalaciones cuentan con los permisos correspondientes.
¿Qué encontró la FGR en San José Iturbide?
La investigación federal llevó a un cateo en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato, autorizado judicialmente con base en indicios que, según la FGR, apuntaban a la posible existencia de irregularidades.
Dentro del lugar se encontró hidrocarburo distribuido en:
- gasolina regular;
- gasolina Premium;
- diésel.
La Fiscalía señaló que todavía no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado.
Ese señalamiento es central para entender el caso. La FGR no informó que todo el hidrocarburo haya sido determinado como ilícito. Lo que sostiene es que la documentación presentada hasta ahora no permite acreditar completamente su trazabilidad.
¿Por qué la FEMDO atrajo la investigación?
La FGR explicó que la complejidad del caso llevó a que la carpeta fuera atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
La atracción permite concentrar en esa fiscalía las diligencias relacionadas con el hidrocarburo y con las distintas empresas que pudieran estar vinculadas con su propiedad, almacenamiento, traslado o comercialización.
La investigación busca esclarecer la posible comisión de delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.
¿Qué está revisando ahora la FGR?
La Fiscalía informó que realiza varias diligencias para reconstruir la cadena relacionada con los más de 59 millones de litros de combustible.
— FGR México (@FGRMexico) September 19, 2026
Entre los trabajos ministeriales se encuentran:
- recopilación de información sobre diferentes empresas vinculadas;
- análisis de documentación;
- entrevistas con directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos;
- revisión de la propiedad del hidrocarburo;
- análisis de la operación relacionada con el combustible;
- verificación de su trazabilidad financiera y fiscal.
El objetivo es determinar quién es propietario del combustible, cómo fue adquirido y movilizado, qué documentación respalda las operaciones y cuál era su destino.
¿Qué dice la empresa relacionada con la terminal?
Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA y vinculada con la operación de la terminal de San José Iturbide, ha sostenido que las instalaciones operan legalmente y cuentan con las autorizaciones necesarias.
La compañía también ha señalado que la terminal presta servicios de almacenamiento y que parte del combustible pertenece a terceros.
Ese punto introduce una diferencia importante dentro de la investigación: tener autorización para operar una terminal no necesariamente acredita por sí solo la procedencia y trazabilidad de cada litro de combustible almacenado en ella.
Por esa razón, la FGR concentra actualmente sus diligencias en la documentación relacionada con la propiedad, el origen, el manejo y el destino del hidrocarburo localizado.
¿Tener permiso para almacenar combustible demuestra que el producto es legal?
No necesariamente. Se trata de dos aspectos diferentes.
Una autorización para operar una terminal permite realizar determinadas actividades de almacenamiento dentro del marco regulatorio aplicable. Sin embargo, cada operación relacionada con hidrocarburos debe contar también con documentos que permitan identificar su procedencia, propiedad, traslado, operaciones comerciales y destino.
Por eso pueden coexistir dos afirmaciones sin que necesariamente se contradigan: una empresa puede sostener que su terminal tiene permisos vigentes, mientras la autoridad investiga si la totalidad del combustible almacenado cuenta con documentación suficiente para demostrar su origen y trazabilidad.
¿Qué falta por esclarecer sobre los 59 millones de litros?
La investigación todavía debe determinar varios puntos centrales.
Entre ellos está conocer quién es propietario de cada volumen de combustible, cuál fue su origen, qué operaciones fiscales y financieras respaldan su movimiento y almacenamiento, y cuál era su destino final.
También deberá establecerse si las posibles irregularidades detectadas inicialmente derivan en delitos y, en su caso, quién tendría responsabilidad por ellos.
Hasta el comunicado del 19 de septiembre, la FGR no había informado de una resolución judicial que determinara que los más de 59 millones de litros fueran producto de un delito, ni había atribuido responsabilidad penal definitiva a las empresas o directivos relacionados con la terminal.
¿Qué encontró la FGR en San José Iturbide?
La investigación federal llevó a un cateo autorizado judicialmente en un inmueble de San José Iturbide, donde fueron localizados más de 59 millones de litros de hidrocarburo.
De acuerdo con la FGR, el combustible almacenado corresponde a:
- gasolina regular;
- gasolina Premium;
- diésel.
La Fiscalía puntualizó que, hasta su comunicado del 19 de septiembre, “no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”.
Ese punto es relevante porque la investigación no se limita a determinar si una terminal tiene autorización para almacenar petrolíferos. También busca establecer a quién pertenece el combustible, de dónde salió, cómo llegó al sitio, qué operaciones comerciales lo respaldan y cuál era su destino.
¿Cómo comenzó la investigación de los 59 millones de litros?
El caso se remonta al 3 de julio de 2026, cuando autoridades detuvieron a una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Según el primer informe de la FGR, esa persona no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo. A partir de la detención y de posteriores diligencias, el Ministerio Público Federal obtuvo autorización para realizar nuevas técnicas de investigación y cateos.
Las diligencias alcanzaron una gasolinera en San Luis de la Paz, un inmueble utilizado para despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y posteriormente el centro de almacenamiento de San José Iturbide, donde se concentró la mayor parte del hidrocarburo investigado.
La FGR informó inicialmente, el 17 de septiembre, que el origen de los más de 59 millones de litros todavía no había sido acreditado. Dos días después amplió su postura y señaló que la revisión comprende no sólo el origen, sino también el manejo y destino del producto.
¿Qué dice Grupo SIMSA sobre el combustible?
Gas Natural del Noroeste, empresa vinculada a Grupo SIMSA, respondió que la operación de su terminal de San José Iturbide es lícita y cuenta con autorizaciones para prestar servicios de almacenamiento.
La compañía informó que funciona desde hace nueve años bajo el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, con vigencia de 30 años, además de modificaciones regulatorias posteriores y autorizaciones ambientales, de seguridad industrial, ferroviarias y locales. La existencia de ese número de permiso aparece también en registros oficiales históricos de la autoridad energética asociado a Gas Natural del Noroeste y al municipio de San José Iturbide.
La empresa sostiene además que la terminal almacena combustible propiedad de terceros. Por ello, la discusión entre lo informado por la compañía y la investigación de la FGR tiene dos componentes distintos: la autorización para operar la instalación y la documentación que debe respaldar el combustible específico almacenado en ella.
¿Tener permiso para almacenar combustible acredita también su origen legal?
No necesariamente.
Un permiso para operar una terminal acredita la autorización de una empresa para realizar determinada actividad regulada, pero no sustituye la documentación relacionada con la propiedad o legítima posesión de cada hidrocarburo sujeto a investigación.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece en su artículo 5 que, para acreditar propiedad o legítima posesión de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, pueden requerirse documentos como factura electrónica o comprobante fiscal digital, escritura pública, registros correspondientes u otros medios de prueba idóneos y suficientes.
Por esa razón, que una terminal tenga permisos y que el combustible almacenado cuente con documentación de origen y trazabilidad son asuntos relacionados, pero no equivalentes.
¿Por qué la FEMDO atrajo el caso?
La FGR señaló directamente la complejidad de la investigación como motivo para que la FEMDO asumiera la carpeta.
La FEMDO cuenta dentro de su estructura con una fiscalía especializada que conoce investigaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos. Además, dispone de áreas para investigaciones fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La atracción de la carpeta no constituye por sí misma una resolución de que exista delincuencia organizada ni determina la culpabilidad de alguna empresa o persona. La investigación continúa y será necesario establecer qué documentos respaldan las operaciones y si los hechos encuadran o no en algún delito federal.
¿Qué está investigando ahora la FGR?
La Fiscalía informó que las diligencias buscan reconstruir toda la operación relacionada con el combustible localizado.
Entre los trabajos en curso se encuentran el acopio de información sobre las empresas vinculadas, el análisis de documentos y las entrevistas a directivos de la compañía directamente relacionada con los hechos.
El objetivo, de acuerdo con la institución, es verificar cuatro puntos centrales: propiedad del combustible, operación de las empresas, trazabilidad financiera y trazabilidad fiscal.
La FGR indicó además que investiga la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.
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