Entre líos prediales y suspensiones: el panorama del Cable Aéreo Potosí a meses de su reanudación

El Cable Aéreo Potosí sigue sin obras pese a que el contrato para construirlo comenzó el 1 de febrero de 2024 y debía poner en funcionamiento el sistema en 2027. Al 13 de agosto de 2026, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reportó un avance de 0% en la etapa constructiva, mientras los estudios y diseños alcanzaban 98,03%.

El proyecto está detenido porque aún no se han completado las condiciones contractuales para pasar a construcción, en especial la disponibilidad jurídica y física de los predios. El IDU prevé reanudar el contrato el 1 de octubre de 2026, pero esa fecha depende de resolver los motivos de la suspensión y no confirma el comienzo de trabajos en terreno.

Un contrato heredado con la obra aún en cero

El contrato IDU-1752-2023 fue adjudicado en diciembre de 2023, durante la administración de Claudia López, para diseñar, construir y mantener el Cable Aéreo Potosí. La iniciativa contempla una línea de 3,3 kilómetros, cuatro estaciones y una capacidad proyectada de hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido para conectar sectores altos de Ciudad Bolívar.

Según la información suministrada por el IDU mediante un derecho de petición enviado por Infobae Colombia, el contrato tiene tres etapas: estudios y diseños, obra y mantenimiento. La entidad precisó que la primera fase registraba 98,03% de avance físico, pero la construcción material de estaciones, pilonas, redes y sistemas electromecánicos no había empezado.

El Instituto explicó que el contrato permanecía suspendido hasta el 30 de septiembre de 2026. En su respuesta indicó: “La fase de construcción corresponde a la Etapa de Obra, la cual aún no ha iniciado”. La reanudación fue prevista para el 1 de octubre, siempre que se superen las circunstancias que llevaron a detener las actividades y se verifiquen los requisitos exigidos para el cambio de etapa.

En abril de 2026, la concejala del Centro Democrático Diana Diago cuestionó que el proyecto no tuviera ejecución de obra y señaló que, al cierre de marzo de 2026, registraba 1,93% de avance financiero, pese a los más de $9.000 millones desembolsados al contratista. La cabildante calificó la situación como una “burla” para los habitantes de Ciudad Bolívar y sectores de Soacha que esperan una alternativa de transporte.

El IDU presentó una cifra distinta en su respuesta de agosto: 1,70% de avance financiero. La entidad sostuvo que esos recursos no fueron destinados a la construcción, sino a productos de estudios y diseños revisados y aprobados por la interventoría, y afirmó que no se habían efectuado pagos correspondientes a la etapa de obra.

Requisitos pendientes y suspensiones del contrato

El IDU atribuyó la falta de inicio de la construcción al incumplimiento de las condiciones precedentes previstas en la cláusula 8 del contrato y a la necesidad de consolidar la gestión predial. La entidad indicó que ambos asuntos deben estar resueltos antes de habilitar formalmente la etapa de obra.

También persisten pendientes en la fase técnica. Aunque los estudios y diseños alcanzan 98,03% de avance, el 1,97% restante corresponde a productos que requieren aprobación, aval de terceros o recibo formal del Instituto. Las dos prórrogas concedidas al contrato tuvieron el propósito de ampliar los tiempos para esas aprobaciones y fueron asumidas por el contratista.

La primera suspensión comenzó el 29 de diciembre de 2025 y tuvo ampliaciones en enero y febrero de 2026. Según la respuesta oficial obtenida por Infobae Colombia, ese periodo se destinó a revisar modificaciones solicitadas por el contratista sobre presupuesto, cronograma, personal mínimo y cantidades de obra.

La segunda suspensión empezó el 1 de abril de 2026, con una duración de 183 días. El IDU explicó que fue “fundamentada en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las condiciones precedentes para el inicio de la etapa de obra”, junto con la consolidación de la disponibilidad predial del proyecto.

La entidad sostuvo que los periodos suspendidos no se cuentan dentro del plazo contractual, de acuerdo con la cláusula 35. Por esa razón, no reconoce que exista un retraso contractual acumulado de nueve meses, aunque la fecha de terminación se trasladó a agosto de 2028 frente a la expectativa inicial de operación durante 2027.

La disponibilidad de predios frena el inicio de la obra

La gestión predial es el obstáculo más inmediato para pasar de los diseños a la construcción. El IDU informó a Infobae Colombia que el Cable Aéreo Potosí requiere 405 predios, incluidos los Rupis (códigos de identificación de los predios), para instalar estaciones, pilonas y demás infraestructura de la línea.

Con corte al 23 de julio de 2026, la entidad había recibido 163 inmuebles y mantenía 242 en proceso de adquisición. La diferencia entre los predios requeridos y los ya disponibles impide habilitar todos los frentes de trabajo de manera simultánea.

El Frente 1 es el tramo con mayor avance en este proceso. Allí están proyectadas la estación Portal Sur y las pilonas 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Según el IDU, ese sector tenía el 100% de los predios ofertados, 94,17% de predios disponibles y 90,3% del área requerida para construir.

La entidad consideró que esa disponibilidad, junto con las ofertas presentadas para los inmuebles faltantes, permitiría abrir actividades de manera progresiva en ese frente. Sin embargo, el concepto de viabilidad predial todavía no había sido expedido al momento de la respuesta oficial, pues ese documento se emite inmediatamente antes de iniciar los trabajos en terreno.

La situación es más limitada en los demás sectores. El Frente 2 tenía 16,67% de los predios disponibles y 46% del área requerida; el Frente 3 registraba 28,57% de predios disponibles y 47,4% del suelo necesario; mientras el Frente 4 contaba con 6,03% de los predios y 29% del área.

El instituto señaló que adelanta un plan de choque para priorizar la adquisición y entrega física de lotes destinados a estaciones y pilonas. La medida busca habilitar frentes parciales de construcción, sin esperar la disponibilidad total de los 405 predios contemplados para el proyecto.

Titulaciones, registros y reasentamientos pendientes

La compra de una parte de los predios está condicionada por problemas jurídicos y registrales en el sector de El Espino y zonas cercanas a Santa Viviana. El IDU indicó en la respuesta enviada a este medio que la situación se deriva de un proceso penal relacionado con la sociedad Servillantas de la 68 Ltda., que produjo la cancelación de anotaciones y el cierre de folios de matrícula inmobiliaria derivados.

Como alternativa, la Caja de Vivienda Popular (CVP) adquirió un predio de 53.746,31 metros cuadrados para avanzar en un proceso de titulación masiva y regularizar la tenencia de los ocupantes. El terreno está asociado al área requerida para la estación El Espino, en el sector de Tres Reyes.

En Espino I, donde la CVP gestiona 82 predios, 16 ya estaban titulados y registrados. Otros 63 contaban con resolución administrativa, pero seguían pendientes de registro y segregación individual ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Sur.

El IDU atribuyó parte de la demora a cambios de personal y a la implementación de la carrera administrativa en las oficinas de registro, con efectos particulares en la sede de Bogotá Sur. La entidad y la CVP solicitaron mesas de trabajo con la Superintendencia de Notariado y Registro, que comenzaron el 3 de junio de 2026 para aplicar un plan piloto de descongestión de trámites.

Otro pendiente corresponde a 14 predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable, dentro del área de la estación Santa Viviana. El Instituto señaló que no puede comprarlos directamente, pues la CVP debe incorporar primero a las familias al subprograma de reasentamiento y entregar después los inmuebles requeridos para el proyecto.

Entre febrero y abril de 2026, el IDU también radicó 84 informes técnicos ante Catastro Distrital para obtener avalúos. Al momento de la respuesta oficial, esos trámites continuaban en elaboración y algunos dependían de confirmaciones sobre la actualización de títulos de propiedad.

RenoBo avanza en los nodos y el acompañamiento a las familias

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) tiene a su cargo la gestión predial de los nodos de equipamiento asociados al Cable Aéreo Potosí. El IDU, en cambio, administra los predios destinados a la línea, las estaciones y las pilonas, mientras la CVP responde por las titulaciones y los reasentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable.

En respuesta al derecho de petición enviado por Infobae Colombia, RenoBo informó que necesita adquirir 166 predios: 46 en el nodo La Estancia, 56 en El Espino, 46 en Santa Viviana y 18 en Potosí. La empresa reportó un avance global de 22,28% frente al total de inmuebles que debe comprar.

En La Estancia, RenoBo notificó 37 ofertas formales de compra, equivalentes al 80,43% del suelo requerido en ese nodo, por cerca de $14.591 millones. De esas propuestas, 30 propietarios las aceptaron y la entidad avanzaba en la elaboración de las respectivas promesas de compraventa.

La empresa proyectó notificar durante el segundo semestre de 2026 las ofertas de compra de los predios titulados en los cuatro nodos. Su cronograma prevé cerrar la etapa de adquisición predial a finales de 2027, un plazo que depende de los procesos de titulación, avalúos, estudios de títulos y trámites de registro que aún están pendientes en varios sectores.

RenoBo identificó 448 unidades sociales que deberán trasladarse de forma involuntaria por las adquisiciones requeridas para el Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo Potosí. La entidad señaló que el Plan de Gestión Social contempla acompañamiento individual y colectivo, orientación sobre la oferta institucional y reconocimientos económicos regulados por el Acuerdo Distrital 908 de 2023 y el Decreto Distrital 111 de 2025.

La comunidad pide acelerar las compras y reducir la incertidumbre

Cristina y José Vicente, líderes comunitarios del barrio Santa Viviana entrevistados por Infobae Colombia, coincidieron en que la demora predial ha prolongado la incertidumbre entre las familias que deberán salir de sus viviendas. Ambos reconocieron avances de RenoBo, el IDU y la CVP, pero pidieron mayor rapidez para evitar que la espera siga afectando a propietarios y adultos mayores.

José Vicente sostuvo que el principal problema está en la compra de los terrenos y reclamó que las ofertas avancen con mayor celeridad. “Falta más rapidez en cuanto a las ofertas para comprar las casas, porque prácticamente el problema es comprar los terrenos”, afirmó el líder, quien consideró que el resto de las actividades de obra podría ejecutarse con mayor velocidad una vez se habiliten los predios.

Cristina relató que varias familias, en especial personas mayores y fundadoras del barrio, han manifestado angustia frente a la falta de una definición sobre su traslado. “Ya igual nos vamos a ir, que nos saquen ya”, dijo al describir los mensajes que, según señaló, recibe de vecinos que quieren organizar su nueva vivienda y terminar la incertidumbre sobre su permanencia en el sector.

La lideresa afirmó que algunas familias tienen dificultades para conseguir inmuebles que cumplan las condiciones requeridas en los procesos de compra. Según su testimonio, el IDU les ha ofrecido la posibilidad de identificar una vivienda para que el pago se haga directamente al vendedor, pero varias personas no han logrado encontrar alternativas ajustadas al valor de la compensación y a los requisitos técnicos exigidos.

José Vicente pidió que la adquisición se mantenga como una negociación comercial directa que permita a los propietarios decidir dónde vivir después de vender sus inmuebles. También solicitó agilizar la titulación en los terrenos ubicados en el área del cable, especialmente en El Espino, para que los pendientes documentales no prolonguen el inicio de la construcción.

Los dos líderes diferenciaron su experiencia con las entidades. Cristina valoró que RenoBo les envíe información sobre el proceso y mantenga comunicación con quienes acompañan a la comunidad. Sobre el IDU, señaló que al comienzo de las visitas hubo inconformidad porque los líderes no fueron incluidos en la comunicación con los residentes: “Ustedes nos buscan cuando sienten que nos necesitan, pero cuando ya no, entonces como que ya ustedes no nos sirven”.

Vías alternas, invasiones y obras pendientes en Santa Viviana

Los líderes comunitarios también advirtieron que el inicio de la construcción debe ir acompañado de intervenciones en las vías del sector. Cristina señaló que Santa Viviana tiene una sola salida principal y que los cierres o restricciones asociados a la futura obra podrían agravar el tránsito si no se habilitan rutas alternas.

José Vicente propuso adecuar la conexión entre el sector donde termina el barrio Santa Diana y Tres Esquinas. Según explicó, se trata de una vía de menos de un kilómetro que podría servir para descongestionar la zona. También pidió reparar el corredor que conecta con Sierra Morena, donde identificó varios puntos deteriorados.

Cristina sostuvo que algunas calles no fueron pavimentadas porque carecen de alcantarillado de aguas lluvias. La lideresa pidió que las entidades articulen las obras del cable con intervenciones de drenaje y pavimentación en los barrios, para mejorar las condiciones de acceso antes de que se inicie la etapa constructiva.

Los habitantes expresaron preocupación por ocupaciones en terrenos cercanos al trazado. José Vicente afirmó que existen predios invadidos en los límites entre Santa Viviana y la parte baja del sector, y aseguró que una franja de 70 metros debe mantenerse libre de edificaciones para preservar la estabilidad de la loma y de la infraestructura proyectada.

Cristina planteó que la respuesta institucional frente a las familias asentadas en esa zona debe combinar control territorial y soluciones de vivienda. “La idea no es decir: ‘Sáquenlos, acaben’”, afirmó. La líder pidió organizar a quienes viven allí, regularizar los servicios cuando sea posible o gestionar subsidios y alternativas habitacionales, además de retomar la construcción del parque que, según recordó, había sido proyectado en el lugar.

José Vicente también solicitó que la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la Caja de Vivienda Popular y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá intervengan ante las ocupaciones y las conexiones irregulares de servicios. Los líderes reclamaron medidas para evitar nuevas invasiones en el parque La Alameda, entre Caracolí y Santa Viviana.

Reanudación prevista, pero sin una fecha cierta para iniciar la construcción

El IDU informó que adelanta mesas técnicas semanales con empresas de servicios públicos como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Enel y Vanti. Esos espacios buscan tramitar conceptos de no objeción y resolver asuntos relacionados con redes húmedas y secas antes de abrir los frentes de trabajo.

La entidad también anunció un plan de choque predial para priorizar la compra y entrega de material de inmuebles requeridos para las estaciones y las pilonas. El propósito es autorizar obras de forma gradual, con el Frente 1 como la alternativa más avanzada por su disponibilidad de suelo y por las ofertas ya notificadas sobre los predios faltantes.

El IDU indicó que la meta incluida en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura se reportará como cumplida cuando comience la fase constructiva del contrato IDU-1752-2023. La entidad interpreta que contratar una línea de cable aéreo implica completar el paso formal entre los estudios y diseños y la obra.

Sin embargo, el instituto no fijó una fecha definitiva para el inicio de la construcción física. La respuesta obtenida mediante derecho de petición establece que el contrato podría reanudarse desde el 1 de octubre de 2026, pero solo si se superan las causas de la suspensión y se cumplen los requisitos contractuales pendientes.

¿Podrá el Cable Aéreo Potosí pasar de los estudios a la obra en octubre de 2026?

El contrato IDU-1752-2023, que comenzó el 1 de febrero de 2024, llega al final de su suspensión con la etapa de estudios y diseños en 98,03% de avance, pero sin obras físicas iniciadas. El proyecto requiere 405 predios para sus estaciones, pilonas y demás infraestructura; el IDU ha recibido 163, mientras otros 242 continúan en proceso de adquisición.

La entidad atribuyó las demoras a verificaciones técnicas, jurídicas y contractuales, junto con dificultades en la gestión del suelo. Entre los pendientes están los problemas registrales asociados al caso de Servillantas de la 68 Ltda., situaciones de doble titulación, trámites notariales y judiciales, y el reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo, una tarea que corresponde a la Caja de Vivienda Popular. También intervienen la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Sur y las mesas de trabajo con la CVP y la Superintendencia de Notariado y Registro.

El IDU prevé reactivar el contrato después del 30 de septiembre de 2026 y contempla la posibilidad de abrir frentes de obra desde octubre, siempre que se complete la disponibilidad predial y se superen los requisitos pendientes. La administración de Carlos Fernando Galán busca que el proyecto deje atrás la fase de estudios y entre en construcción antes de que concluya su periodo de gobierno en diciembre de 2027.