El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

José Luis Rodríguez Zapatero pidió tiempo. Fue el pasado 17 de junio, durante su declaración en Audiencia Nacional por el ‘caso Plus Ultra’, cuando el juez José Luis Calama le preguntó por las joyas que la Policía había encontrado un mes antes en una caja fuerte de su despacho y que acababan de ser tasadas en 1,3 millones de euros. El expresidente no quiso responder entonces sobre ese asunto y aseguró que necesitaba tiempo para reunir la documentación necesaria. Calculó que podría hacerlo “en una semana o diez días”. Han pasado tres meses y esa explicación ante el magistrado todavía no se ha producido.

La investigación, mientras tanto, ha seguido su curso. Las joyas dieron lugar a una pieza separada dentro del procedimiento sobre Plus Ultra por la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando; la Agencia Tributaria se personó posteriormente en esas actuaciones y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido nuevas comprobaciones sobre las piezas. El expediente judicial sigue pendiente de una cuestión básica: acreditar de dónde salieron las alhajas y cómo llegaron hasta el despacho del expresidente.

Una caja fuerte, más de un centenar de piezas y una tasación de 1,3 millones

La UDEF encontró las joyas el 19 de mayo, durante el registro del despacho que Zapatero utilizaba en la calle Ferraz de Madrid. Había collares, pulseras, sortijas, pendientes y relojes. Algunas de las piezas llamaron especialmente la atención por su valor: un collar de oro blanco con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia fue tasado en 278.000 euros y otro, también de oro blanco y con trece zafiros, en 220.000.

La valoración corrió a cargo de Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, a petición del juez. El informe situó el valor conjunto en 1.323.915 euros, una cantidad muy alejada de la primera estimación que había trascendido desde el entorno del expresidente, que había situado el ajuar entre 30.000 y 50.000 euros.

El salto entre ambas cifras fue uno de los elementos que llevó al juez Calama a abrir, el 12 de junio, una investigación específica sobre las joyas. Pero el valor no era el único interrogante. El juez puso el foco en su procedencia y en la falta de documentación que permitiera aclarar cómo habían llegado a manos de Zapatero.

En el registro no aparecieron facturas de importación ni justificantes aduaneros que permitieran acreditar el origen de las piezas. El juez Calama consideró que esa falta de documentación justificaba abrir una pieza separada para investigar si podía existir un delito fiscal y otro de contrabando. Al tratarse de hechos distintos de los que se investigaban en la causa principal y que afectarían específicamente a Zapatero, el magistrado decidió desgajarlos del procedimiento sobre Plus Ultra.

La apertura de esa pieza separada fue comunicada a Zapatero y el juez fijó su declaración para el 17 de junio. La defensa intentó aplazar su comparecencia en lo relativo a las joyas porque consideraba que había dispuesto de muy poco tiempo para preparar una respuesta después de conocerse la tasación, pero el magistrado rechazó esa petición y Zapatero finalmente compareció. Respondió durante horas a las preguntas relacionadas con Plus Ultra, pero cuando el interrogatorio llegó a las joyas optó por no contestar en ese momento. No negó entonces que pudiera explicar su procedencia, sino que pidió tiempo para preparar la documentación. Su cálculo fue que necesitaría “una semana o diez días”. Ese plazo pasó sin que se produjera una nueva declaración.

La investigación siguió avanzando sin la declaración de Zapatero

Mientras el expresidente no regresaba al juzgado, la pieza separada continuó acumulando actuaciones. Una de ellas fue la personación de la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado, que se incorporó al procedimiento en representación de los intereses de Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción también pidió avanzar en la investigación pericial. El 24 de julio reclamó al juez que solicitara a Ansorena un informe ampliatorio para determinar el valor de mercado de las joyas y, sobre todo, la fecha de montaje de las piezas. La Fiscalía quería conocer cuándo habían sido engarzadas, un dato que puede ayudar a establecer su antigüedad y a reconstruir cuándo pudieron ser adquiridas o recibidas.

La petición de Anticorrupción llegó, además, después de que Zapatero hubiera dado su primera explicación pública sobre el asunto. El expresidente habló de las joyas en una entrevista en TVE y aseguró que eran un “regalo de cortesía personal de hace muchos años”. También afirmó que no había existido “afán patrimonial” y negó haber tenido intención de defraudar a Hacienda o de cometer un delito de contrabando.

Pero esa explicación no se produjo ante el juez Calama ni vino acompañada de la documentación que Zapatero había dicho que necesitaba para responder al juez. La diferencia es relevante porque la pieza separada no trata únicamente de conocer la versión del expresidente, sino de comprobar documentalmente el origen de unas joyas cuya procedencia el juez consideró, al abrir la investigación, que no estaba justificada.

Este mes de septiembre, además, trascendió que la defensa trabajaba en un escrito para justificar el origen de las piezas y que la versión que manejaba apuntaba a un regalo de la realeza saudí a Sonsoles Espinosa durante los años de Zapatero en La Moncloa. Esa explicación encajaría con la referencia del expresidente a un regalo recibido hace años, pero lo que sigue pendiente es que la defensa aporte al procedimiento los elementos que permitan acreditarla.

La situación llega así a finales de septiembre sin que se haya producido aquella segunda comparecencia que Zapatero anunció en junio. Tampoco existe una fecha fijada públicamente para que el expresidente vuelva ante el juez Calama a responder por las joyas.