Trinidad y Tobago aprueba Ley de Operaciones Especiales tras concluir estado de emergencia

Puerto España, 19 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago aprobó este sábado la Ley de Operaciones Especiales de 2026, que establece un marco jurídico para operaciones especiales contra delitos violentos, las bandas criminales, armas ilegales y crimen organizado, después de finalizar el estado de emergencia de seis meses.

El visto bueno a la legislación se produjo después de más de 13 horas de debate, sin embargo, las 26 cláusulas se aprobaron sin enmiendas por mayoría simple, lo que suscitó críticas por parte de la oposición, quienes argumentaron que la nueva ley debería requerir una mayoría de tres quintos debido a su posible impacto en los derechos protegidos por la Constitución.

Por su parte, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, enfatizó que la ley, que pasará al Senado, establecerá un marco jurídico permanente para respaldar las operaciones de las fuerzas del orden contra las redes criminales.

La ley de Operaciones Especiales divide Trinidad y Tobago en siete distritos policiales y permite a las autoridades designar "zonas cerradas" conocidas como Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO, en inglés), durante operaciones especiales.

Según el proyecto de ley, por regla general, las personas no podrán entrar ni salir de una zona acordonada sin un permiso, con excepciones para determinados funcionarios públicos y personal policial y militar en el ejercicio de sus funciones.

El incumplimiento de los requisitos de permiso podría acarrear una multa de hasta 50.000 dólares y un año de prisión.

La legislación también otorga a la Policía facultades para registrar a personas, vehículos y locales sin orden judicial dentro de una zona cerrada, cuando existan sospechas razonables de que se está cometiendo, se ha cometido o se va a cometer un delito.

El sospechoso de cometer un crimen será puesto a disposición de un juez de instrucción, quien podrá autorizar su detención durante un máximo de 48 horas.

Después, un juez del Tribunal Superior podrá ordenar la prórroga de la detención durante un período determinado sin que se hayan formulado cargos penales, si considera que es razonablemente necesario.

En este contexto, la líder de la oposición, Pennelope Beckles-Robinson, hizo hincapié en que la legislación podría afectar al derecho constitucional de los periodistas y la libertad de prensa, tal y como denunció la Asociación de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago (MATT, por sus siglas en inglés).

MATT solicitó que se introdujeran enmiendas para proteger las fuentes confidenciales y el trabajo de los periodistas frente a la incautación policial en las operaciones especiales.

La asociación de comunicadores afirmó que apoyaba las medidas legales de lucha contra la delincuencia, pero expresó su preocupación por el artículo 15, que permite a los agentes incautar vehículos, objetos o documentos que se consideren de valor sustancial para una investigación, porque podría atentar contra el derecho a la información y la libertad de prensa.

Asimismo, el senador de la oposición Stuart Young criticó la legislación propuesta durante el debate en el Senado, calificándola de ser similar "al apartheid" y alertó de que podría socavar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Según el informe gubernamental, las operaciones de seguridad realizadas entre el 3 de marzo y el 10 de septiembre, durante el estado de emergencia, resultaron en 5.802 detenciones y en la presentación de cargos contra 3.552 personas (61,2 % del total).

Funcionarios de seguridad informaron recientemente que 563 detenidos serán liberados de forma escalonada.

Antes de este estado de emergencia, que fue prorrogado en dos ocasiones, hubo otra medida de excepción en el país que se extendió desde julio de 2025 hasta enero de 2026, manteniéndose vigente durante 197 días.

Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, reveló que Trinidad y Tobago colabora con organismos internacionales para realizar verificaciones de seguridad a más de 24.000 migrantes que han completado el proceso de registro del país.

Este proceso de evaluación se lleva a cabo mientras el Gobierno refuerza la verificación previa a la emisión de tarjetas de registro para migrantes, con el objetivo de identificar a personas con antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de esfuerzos más amplios para abordar preocupaciones de seguridad nacional, incluidas las relacionadas con el crimen organizado y las armas de fuego ilegales. EFE