Sin mexicanos, Los Ángeles no se entiende

Mientras recorría el Este de Los Ángeles junto con colegas del Consulado General de México, entre banderas, familias, música, trajes regionales y generaciones enteras que celebraban las Fiestas Patrias, resultaba difícil pensar en la migración únicamente como una cifra o como un “problema” que debe administrarse desde una frontera.

El Desfile de Independencia de México en East Los Angeles cumplió 80 años. Desde 1946, la celebración ha ocupado las calles de una ciudad cuya historia, economía y vida cotidiana son incomprensibles sin la presencia mexicana. Este año, el recorrido por César E. Chávez Avenue volvió a reunir a familias, organizaciones comunitarias, federaciones de distintos estados mexicanos y autoridades de ambos lados de la frontera. No se trata de un evento marginal: sus organizadores lo describen como uno de los desfiles de la Independencia de México más grandes y longevos de Estados Unidos.

Pero los desfiles dicen mucho más de lo que aparentan. Un desfile puede ser música, memoria y celebración; también puede constituir una declaración de pertenencia. Y pocas ciudades lo muestran con tanta claridad como Los Ángeles.

De acuerdo con la American Community Survey de 2024, casi 3.46 millones de personas de origen mexicano viven en la circunscripción consular de Los Ángeles. Es la mayor concentración atendida por una representación mexicana en Estados Unidos. El Consulado General de México en Los Ángeles es, además, la representación consular mexicana más grande en el extranjero y su jurisdicción comprende las 88 ciudades del condado.

La dimensión nacional es todavía más contundente. En 2024 vivían en Estados Unidos aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano, equivalentes al 57% de toda la población hispana del país. Hablar de México en Estados Unidos, por tanto, no significa referirse exclusivamente a quienes cruzaron recientemente la frontera.

Hablamos de ciudadanos estadounidenses, residentes, trabajadores temporales, migrantes indocumentados, familias binacionales y personas de segunda, tercera y cuarta generación que mantienen un vínculo identitario con México.

Esa realidad obliga a corregir uno de los vicios más persistentes del debate migratorio: mirar al migrante únicamente desde la óptica de la seguridad. Los migrantes no llegan a una economía desde fuera: forman parte de ella.

En el área metropolitana de Los Ángeles, el 38.3% de los trabajadores ocupados había nacido en el extranjero en 2024. En el condado, alrededor de uno de cada tres residentes es inmigrante y, según investigaciones de la Universidad del Sur de California, más del 80% de ellos lleva más de una década viviendo en Estados Unidos.

Son personas que trabajan, pagan impuestos, rentan o compran viviendas, abren comercios, llevan a sus hijos a la escuela y sostienen sectores enteros de la economía regional.

Incluso los trabajadores indocumentados —frecuentemente reducidos en el discurso político a una categoría legal— representan una fuerza económica imposible de borrar sin consecuencias. Un estudio encargado por el condado de Los Ángeles estimó que generan alrededor de 253,900 millones de dólares en producción económica y sostienen, directa e indirectamente, más de 1.06 millones de empleos.

Cuando las redadas provocan que una persona deje de acudir al trabajo, que una familia evite salir a comprar o que un pequeño negocio cierre por miedo, el efecto no termina en ese hogar: recorre cadenas productivas enteras.

Por eso resulta especialmente significativo celebrar hoy esos 80 años de presencia mexicana. El desfile ocurre en un momento en que la política migratoria estadounidense vuelve a colocar a numerosas comunidades bajo presión.

Los operativos migratorios intensificados en Los Ángeles desde 2025 dejaron miedo en centros de trabajo, negocios y familias. El año pasado, incluso hubo personas que dudaron en participar en las celebraciones mexicanas por temor a ser detenidas.

Frente a ese escenario, México tiene una responsabilidad que va mucho más allá de expedir pasaportes. La política consular debe entenderse como una política de Estado: documentar, informar, acompañar y proteger.

La red mexicana de 53 consulados en Estados Unidos constituye una infraestructura diplomática extraordinaria. En Los Ángeles, esa labor incluye asesoría migratoria, orientación ante detenciones, protección de las familias y su patrimonio, defensa de los derechos laborales, jornadas de asesoría jurídica y audiencias públicas en las que las preocupaciones de la comunidad llegan directamente a los funcionarios consulares.

Este año, por ejemplo, el Consulado General realizó una Semana de Asesorías Legales Externas con abogados especializados en migración, prevención de deportaciones, protección familiar y derechos laborales.

La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en una posición que debe considerarse correcta: defender a los mexicanos sin convertir esa defensa en una intervención en la política interna estadounidense. La propia Cancillería ha señalado que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes es una prioridad y que México utilizará los instrumentos diplomáticos, jurídicos y consulares disponibles, sin buscar una confrontación con Estados Unidos.

Hasta agosto de este año, los recursos destinados específicamente al fortalecimiento consular habían permitido realizar miles de acciones y atender alrededor de 16 mil casos de protección. Ahí también existe diplomacia pública, aunque no siempre la llamemos así.

La diplomacia no ocurre únicamente cuando dos cancilleres se reúnen detrás de una bandera. También ocurre cuando un consulado le explica sus derechos a una familia; cuando una comunidad mexicana ocupa pacíficamente una avenida para recordar de dónde viene; cuando un niño nacido en California aprende un baile regional de Michoacán, o cuando un estadounidense sin vínculos familiares con México comprende que detrás de la palabra “migrante” existen personas, familias, trabajos e historias.

El desfile de East Los Angeles hace justamente eso: convierte la identidad en presencia pública. Y, en el contexto actual, esa presencia importa. Porque el mayor peligro de una agenda migratoria basada excesivamente en el miedo no es solo que produzca deportaciones, sino que termine normalizando la idea de que ciertas personas pertenecen menos que otras a las sociedades que ellas mismas ayudaron a construir.

México tampoco debe caer en la comodidad de celebrar a sus migrantes únicamente cuando llegan las remesas o cuando las Fiestas Patrias ofrecen una buena fotografía. La defensa de las comunidades mexicanas en el exterior exige presupuesto consular, asesoría jurídica, documentación accesible, educación financiera, cooperación con las autoridades locales y, sobre todo, una narrativa que recuerde que migrar no elimina derechos ni dignidad.

Después de 80 años, las calles de East Los Angeles ofrecen una respuesta bastante clara: México no termina en la frontera.

Está también en las familias que construyeron una vida del otro lado; en quienes hablan español e inglés indistintamente; en quienes portan dos pasaportes y en quienes todavía esperan regularizar su situación. Está en las empresas, los restaurantes, las escuelas, los sindicatos, las universidades y los barrios que llevan décadas transformando California.

La verdadera pregunta, entonces, no es cuánto puede hacer Estados Unidos sin sus migrantes, sino por qué seguimos hablando de ellos como si todavía tuvieran que demostrar que pertenecen a una sociedad que llevan generaciones ayudando a sostener. Y para México queda otra pregunta igualmente incómoda: ¿estamos preparados para defender a nuestra comunidad en el exterior con la misma fuerza con la que celebramos su identidad cada septiembre?