Escándalo en el Fomag: SEMANA revela la denuncia que Viviane Morales envió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría donde puso al descubierto que la salud de los maestros está desfinanciada.
El 4 de septiembre de 2026, una semana antes de dejar el cargo, la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, le envió una explosiva denuncia al procurador Gregorio Eljach, al contralor Jorge Laverde y a la fiscal Luz Adriana Camargo. En ella puso al descubierto un verdadero escándalo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, un tema que la entonces funcionaria le había revelado a SEMANA, pero que amplió con detalles a los organismos de control.
Este medio tuvo acceso al documento de 28 páginas que reposa en los organismos de control, donde plasmó una radiografía de la crisis que hizo concluir a Morales que el gobierno de Gustavo Petro, que obtuvo el respaldo de Fecode, “jugó con la salud de los docentes y sus familias”.
Morales explicó que el nuevo modelo de salud para los maestros propuesto por Petro pretendía fundamentarse en la prevención, eliminación de barreras de acceso y la libre elección del prestador, pero las promesas fueron incumplidas porque la red se redujo, el acceso terminó en tutelas y medidas cautelares, y persiste la brecha en la atención en territorios de difícil acceso.
La sostenibilidad del nuevo modelo dependía de la capacidad de la Fiduprevisora S.A. para integrar la red, contratar los operadores y entregar información, entre otros factores.
A partir del 1.° de mayo de 2024, la Fiduprevisora, sin contar con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para tal fin, empezó a operar el sistema de salud de los docentes. Pero, a junio de 2026, según la exministra, el Fomag tenía un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos. Y la Fiduprevisora ya le avisó al Ministerio que necesitará hasta 5,31 billones de pesos para cubrir los costos del servicio de salud en 2026, “un valor que está muy por encima de los 3,83 billones que se habían presupuestado para este año, es decir, ya tiene un déficit de, al menos, 1,48 billones de pesos”, se lee en la denuncia.
La Fiduprevisora propuso un traslado presupuestal de las fuentes de “pensiones y cesantías” para los docentes por 1,1 billones para cubrir el déficit. Pero el consejo directivo del Fomag, el 5 de agosto, dos días antes de finalizar el periodo de Petro, no la aprobó.
Hoy el Fomag tiene bienes y recursos por 5,11 billones de pesos, pero sus deudas ascienden a 8,3 billones. Y las cuentas por pagar pendientes con la red salud suman cerca de 1,46 billones, de las cuales, 1,2 llevan más de tres meses sin cancelarse.
Como si fuera poco, el Ministerio de Educación halló 891 millones de pesos en deudas de 2025 y años anteriores que no fueron reconocidas y carecen de soportes que la justifiquen.
La exministra explicó que buena parte del problema financiero del Fomag se origina por la forma como se pagan los servicios de salud a los prestadores: no con un valor fijo mensual por cada afiliado, sino por cada consulta o procedimiento. Este modelo de pago ha generado grandes deudas porque, entre abril de 2024 y julio de 2026, el costo mensual de la atención médica a los docentes pasó de 216.520 millones a 442.737 millones, un incremento del 104,8 por ciento.
Viviane Morales también le informó a Gregorio Eljach que la supervisión encontró que parte del dinero del Fomag se usó para fines que no le correspondían. Por ejemplo: entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la Fiduprevisora pagó 5.063 millones de pesos en salarios de personal administrativo (247 personas) con cargo al Fondo, pese a que el consejo directivo se lo había prohibido en dos ocasiones.
“A esto se suman cerca de 256.000 millones pagados de forma irregular por una prima especial a docentes pensionados y 809.000 millones que se añadieron sin ningún sustento técnico y sin autorización del consejo directivo, a las cuentas de cierre de los contratos del modelo de salud anterior”, denunció Morales.
En año y medio hay 97.105 tutelas acumuladas de maestros quejosos y 25.000 sentencias judiciales que siguen sin pagarse.
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