ALGO ESTÁ PASANDO EN GUERRERO

Por David Landgrave Castillo

De la invisibilidad a la candidatura: la lucha por los derechos afrodescendientes en México y el significado de Beatriz Mojica Morga en Guerrero

Con la reciente designación de Beatriz Mojica Morga como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero se abre la posibilidad de materializar los derechos de las comunidades afromexicanas del país, no porque Mojica sea la primera persona afrodescendiente en contender por ese cargo —ya lo había hecho en 2015—, sino porque esta vez el partido que la postula coloca su autoadscripción afromexicana en el centro de la narrativa política. Para entender el peso de este momento hay que remontarse a cinco siglos de historia: desde la esclavitud colonial hasta el reconocimiento constitucional de 2024.

Raíces coloniales e invisibilidad estructural

La historia afromexicana comienza con la migración forzada. Durante la época colonial, alrededor de 250 mil africanos fueron traficados a la Nueva España, principalmente por el puerto de Veracruz. Fueron destinados a plantaciones de caña, ganadería y labores portuarias, y en las haciendas cañeras de la costa de Guerrero se formaron los primeros asentamientos estables. En 1612, treinta y cinco africanos y afrodescendientes fueron ahorcados en el Zócalo de la Ciudad de México, acusados de “conspirar contra el orden colonial”; siete mujeres fueron señaladas como instigadoras. Esa represión mandó un mensaje que duró siglos: la presencia afrodescendiente podía ser explotada, pero no reconocida.

Tras la Independencia, la situación no mejoró. A mediados del siglo XIX, los “negros seminoles” (también llamados mascogos), que habían escapado de la esclavitud en Estados Unidos, recibieron permiso para establecer una colonia militar en Coahuila a cambio de combatir a los apaches. Sin embargo, esa aceptación local no cambió el panorama general. En la primera mitad del siglo XX, funcionarios migratorios mexicanos restringieron la entrada de inmigrantes negros argumentando que “la raza negra es inferior y no puede adaptarse a la cultura mexicana”. Al mismo tiempo, el relato oficial construyó la identidad nacional como “mestiza” —fusión de lo español y lo indígena—, borrando sistemáticamente el aporte africano. Como señala el activista Israel Reyes Larrea: “Han pasado más de setenta años, los académicos estudian a los negros, y los negros seguimos siendo negados, olvidados y discriminados”.

De la organización de base al reconocimiento constitucional

El punto de quiebre llegó en los años noventa. En 1997 se realizó el Primer Encuentro de Pueblos Negros en Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de construir una identidad afromexicana unificada. Durante las dos décadas siguientes, ese encuentro rotó entre Guerrero y Oaxaca y se convirtió en la principal plataforma de movilización. Paralelamente surgieron organizaciones de base: México Negro (1997), Época (2005) y la Red de Organizaciones por el Reconocimiento Constitucional de los Derechos del Pueblo Afromexicano (2011), entre otras. Todas coincidían en una demanda central: el reconocimiento constitucional.

Guerrero fue pionero en este proceso. Antes de la reforma federal, tanto Guerrero como Oaxaca ya reconocían en sus constituciones locales la existencia y los derechos de las comunidades afrodescendientes. En 2019, el senador Omar Maceda presentó una iniciativa para modificar el artículo 2° constitucional, incorporando a los “pueblos y comunidades afromexicanas” en la composición pluricultural de la nación y otorgándoles derechos equivalentes a los de los pueblos indígenas, incluidos la libre determinación, la autonomía y el desarrollo.

Esa iniciativa se concretó en septiembre de 2024, cuando el entonces presidente firmó el decreto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país y los eleva a la categoría de “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En el Censo de 2020, más de dos millones de personas se autoadscribieron como afromexicanas, y Guerrero concentró la mayor proporción con más de 300 mil.

Guerrero: el epicentro político de lo afromexicano

Guerrero tiene un significado especial para el movimiento afromexicano. Según datos de 2020, el estado concentra alrededor de 303,900 personas afromexicanas, la mayor proporción nacional. Cuajinicuilapa es el municipio con mayor concentración de población afromexicana del país: más de 21 mil personas se autoadscriben como tales, muy por encima de la población no afromexicana. Estas comunidades se ubican principalmente en la región de la Costa Chica, colindante con Oaxaca, y comparten rasgos culturales similares: técnicas de secado de alimentos, dependencia de la pesca y la agricultura, rituales de memoria ancestral y reuniones comunitarias marcadas por la tuba (bebida de palma).

Esa concentración demográfica convierte a Guerrero en un laboratorio natural para la representación política afromexicana. Sin embargo, la ausencia de representación es igualmente evidente. Las comunidades afromexicanas no solo han enfrentado una invisibilidad simbólica, sino una privación material: las puertas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no se abrían a los afromexicanos; funcionarios migratorios cuestionaban su ciudadanía mexicana por el color de piel, e incluso llegaron a amenazarlos con deportarlos pese a mostrar credencial de elector. En 2025, 438 comunidades afromexicanas recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), por alrededor de 159 millones de pesos, distribuidos entre Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca. La existencia de ese fondo es en sí misma consecuencia del reconocimiento, no su causa.

Beatriz Mojica: entre el símbolo y la sustancia

En este contexto, la candidatura de Mojica Morga debe leerse en dos planos.

En lo simbólico, su peso es innegable. Mojica nació en Huehuetán, en la Costa Chica de Guerrero, y en sus discursos se asume explícitamente como afromexicana. En el acto de designación de septiembre de 2026, evocó el reconocimiento de los pueblos afromexicanos impulsado por López Obrador y se colocó como continuadora de ese legado. Para un grupo históricamente casi invisible en el mapa del poder político, una candidata al gobierno estatal proveniente de su núcleo territorial y con la identidad afromexicana como marca política constituye, por sí misma, una victoria de visibilidad. Esa visibilidad tiene efectos intergeneracionales: cuando una niña afromexicana ve en la televisión de Guerrero a alguien de su mismo color compitiendo por el cargo más alto del estado, los límites de lo “posible” se reconfiguran silenciosamente.

En lo sustantivo, su trayectoria política exige una evaluación cuidadosa. No es una recién llegada. Su carrera comenzó en 1988; fue secretaria de Desarrollo Social de Guerrero (2011-2014), durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Las demandas afromexicanas —tierra, recursos, antidiscriminación, participación política— requieren respuestas institucionales, no sólo representación simbólica. Mojica conoce la maquinaria política de Guerrero y las necesidades de la Costa Chica, pero su historial de gobierno aún debe demostrar si implicó un desafío a las desigualdades estructurales. Su candidatura puede leerse como señal de madurez política afromexicana: ya no basta con ser reconocidos, se busca compartir el poder. Pero el contenido concreto de ese “compartir el poder” —asignación presupuestal, igualdad de estatus entre pueblos indígenas y afromexicanos, diseño institucional antirracista— es la verdadera vara para medir su significado sustantivo.

La historia de los derechos afromexicanos es una larga lucha de la propiedad a la subjetividad, de la invisibilidad a la Constitución. La reforma de 2024 es un hito, pero como advirtió Adelfo Regino, responsable de Asuntos Indígenas en el sexenio de López Obrador: “Una norma tan hermosa, si se queda en el escritorio y en el librero sin implementarse, no sirve de nada”. El artículo 2° constitucional otorga a las comunidades afromexicanas la calidad de “sujetos de derecho público”, lo que implica que pueden administrar directamente presupuestos, diseñar sus propias políticas de desarrollo y ser consultadas en las decisiones que afectan su vida.

La candidatura de Beatriz Mojica ocurre justo al inicio de esa “etapa de implementación”. Si gana, será la primera gobernadora auto adscrita afromexicana en la historia de Guerrero, el estado con mayor población afromexicana del país. Esa coincidencia le da a la candidatura un significado que trasciende lo individual: lo que se pone a prueba no es solo la capacidad y la voluntad de Mojica, sino la capacidad del Estado mexicano para convertir el reconocimiento en papel en mejoras concretas en la vida cotidiana de las comunidades afromexicanas. Del patíbulo del Zócalo en 1612 al podio de una candidatura a gobernadora en 2026 hay 414 años de distancia; esa cifra mide la magnitud del avance. El registro de gobierno de Mojica, si llega a ganar, medirá si ese avance tocó el núcleo de la distribución del poder y los recursos.