A un año del triple femicidio de Florencio Varela: 16 detenidos, seis prófugos y una trama narco bajo investigación federal

A las 21:29 del 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez subieron a una Chevrolet Tracker blanca en la esquina de La Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita. Creían que iban a una fiesta, pero ese viaje fue el comienzo de la emboscada que terminó en sus asesinatos. La camioneta las llevó hasta una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron maniatadas, amordazadas, golpeadas, torturadas, apuñaladas y mutiladas.

Lara tenía 15 años; Brenda y Morena, 20. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo del patio trasero de la propiedad de Chañar 702. El caso conmocionó al país y expuso una trama narco con ramificaciones dentro y fuera de la Argentina.

Búsqueda y hallazgo

Preocupados porque las chicas no volvieron a sus casas, sus familiares denunciaron la desaparición al día siguiente. El caso quedó inicialmente a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de la UFI N°2 de La Matanza. Mediante las cámaras de seguridad se identificó y rastreó a la Tracker.

Otra pista decisiva provino desde el celular de Lara, que registró actividad en una antena del sur del Conurbano, a más de 30 kilómetros del último lugar donde habían sido vistas. Impactó en la zona a las 23.14 de esa noche. Así, la búsqueda se orientó hacia allí.

La madrugada del 24 de septiembre, agentes de la DDI de La Matanza llegaron a la casa de Chañar 702. El lugar tenía un fuerte olor a lavandina y manchas de sangre en paredes, marcos de puertas, techos, cortinas y una televisión; una escena dantesca.

Allí encontraron a Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y a Celeste Magalí González Guerrero, de 28, mientras intentaban limpiar rastros dentro de la vivienda. Fueron los primeros detenidos.

En el patio, los investigadores advirtieron tierra removida. Debajo de ese sector estaban los cuerpos descuartizados de Brenda, Morena y Lara.

La Tracker también fue localizada en la zona. Estaba incendiada en un descampado, a unos 700 metros de la casa. Los asesinos la habían descartado allí la misma noche del ataque.

La camioneta, reportada como robada tres meses antes de los crímenes, pertenecía a una empresa de la zona norte bonaerense que administra vehículos. En su interior hallaron prendas parcialmente quemadas y herramientas que podrían estar vinculadas con las mutilaciones.

Poco después del allanamiento, detuvieron en un alojamiento cercano a Miguel Ángel Villanueva Silva, ciudadano peruano señalado como uno de los ocupantes de la casa, y a Iara Daniela Ibarra, de 19 años.

Esos cuatro arrestos abrieron una investigación que, con el paso de los meses, llevó a identificar una organización narco con base en el Bajo Flores y conexiones en Perú.

La causa pasó a manos de un equipo de fiscales conformado por Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli.

En las semanas siguientes, poco a poco se fueron identificando otros presuntos integrantes de la organización: Víctor Sotacuro Lázaro, apodado “El Duro”; su sobrina, Florencia Ibáñez, quien fue detenida tras una entrevista televisiva; Ariel Jeremías Giménez, acusado de haber colaborado con el pozo donde ocultaron los cuerpos; y Matías Agustín Ozorio, señalado como hombre de confianza de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

Valverde Victoriano y Ozorio escaparon del país luego del hallazgo de los cuerpos. Ambos fueron localizados en Perú. El primero se había refugiado días antes en Isidro Casanova, donde usó de aguantadero la casa de su última novia, ubicada en el barrio El Tambo. Paranoico, perseguido, dejó su pistola calibre .40 detrás, junto a un jogging presuntamente manchado con sangre.

Lo capturaron el 30 de septiembre en la ciudad Pucusana, escondido en un camión de pescado que se dirigía a Lima.

A Ozorio, de nacionalidad argentina, que había tenido más de una decena de trabajos en blanco en su vida, lo atraparon en Lima. En ese momento, ante las autoridades dio su coartada: alegó que había llegado a Perú engañado por un narco mafioso y por eso estaba viviendo en calle tras haberse escapado.

“Me trajeron de engaño... Unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, fue su relato ante el oficial de la policía peruana y, luego, dijo que la ruta para llegar hasta allí fue “por Paraguay, por la selva, después de la selva peruana”.

Ozorio fue trasladado días después a la Argentina, mientras que “Pequeño J” permaneció detenido en Perú hasta su extradición, concretada el 4 de mayo de 2026. Desde entonces, está alojado en el pabellón A de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz.

Sotacuro fue otro de los sospechosos detenidos fuera del país. Lo capturaron en Villazón, la ciudad boliviana ubicada al otro lado de la frontera desde La Quiaca.

La hipótesis narco

Los fiscales de La Matanza trabajaron sobre una hipótesis: los asesinatos respondieron al supuesto robo de cocaína a integrantes de la banda. Celeste González Guerrero declaró que le habían robado “30 kilos de cocaína” a “El Duro”, en alusión a Sotacuro, a quien ubicó en un escalafón alto de la banda. Él, a su turno, se declaró inocente y sostuvo que solo había trabajado como remisero en toda esta historia. “Me usaron”, dijo.

Florencia Ibáñez también habló de una sustracción de drogas, aunque mencionó una cantidad mucho mayor: entre 300 y 400 kilos de cocaína.

Si bien está claro que lo que dijo Celeste González Guerrero es su versión de los hechos y algunas cosas hay que tomarlas con pinzas, ante la fiscalía se autoincriminó: según afirmó, señaló el descampado donde podían incendiar la Tracker y que compró productos de limpieza para borrar rastros de la escena. A la vez, ubicó a otros acusados en la casa de Chañar y describió la supuesta estructura de la banda.

En ese esquema, a Valverde Victoriano lo ubicó en la cadena de entrega de cocaína, como proveedor de Ozorio. Y a este último, lo definió como un “mulo” de “Pequeño J”.

También dio una explicación sobre el alias de Valverde Victoriano. Según su relato, la “J” de “Pequeño J” derivaba del nombre que Tony usaba dentro de la banda: “Julio”. La palabra “Pequeño”, en cambio, aludía a su lugar en la estructura narco.

Por otra parte, González Guerrero describió una jerarquía en la que el “Abuelo” era quien producía la droga y ocupaba la cima; el “Papá”, quien manejaba cargamentos de toneladas; luego aparecían los “Tíos” y los “Pequeños”, como “Julio”, que movían entre siete y 10 kilos. En el último nivel ubicó a los “bebés” o “mulos”, dedicados a la venta.

No obstante, hay tramos que parecen excesivos en su declaración. Aseguró, por ejemplo, que Miguel Villanueva, su pareja, habría participado de los asesinatos sin recibir dinero y que Ozorio le contó que alguien había pagado a “Pequeño J” un millón de dólares por “lo que hicieron”.

La versión contrastaba con el nivel de vida que, según la causa, llevaba Valverde Victoriano antes del triple crimen: vivía en una habitación alquilada en la Villa Zabaleta.

A fines de octubre de 2025, el caso sumó a Mónica Mujica, pareja de Sotacuro, acusada de conocer el plan criminal y de colaborar para descartar teléfonos y otras pruebas.

También quedó vinculado al expediente el peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, quien ya estaba detenido por una causa de narcotráfico. Aunque en abril de este año, la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito por el triple crimen, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener su participación.

Para entonces, seguían prófugos Alex Roger Ydone Castillo, investigado como presunto dueño de la droga cuyo robo habría motivado el ataque; David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”; y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”.

En noviembre, la causa pasó al fuero federal, con intervención del juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, y del secretario Ignacio Calvi.

Y antes de fin de año fue detenido Jesús Bernabé Mallón, apodado “El Tío”. Está acusado de haber aportado logística para el plan criminal. La investigación lo ubicó en reuniones con integrantes de la banda durante las horas previas al ataque y sostuvo que tuvo contacto con Lara antes de que las jóvenes subieran a la Tracker. En enero fue procesado junto con Mujica y Zavaleta, aunque la Cámara luego revocó la situación procesal de este último.

“Pequeño J”, por su parte, fue procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Al declarar, negó las acusaciones, dijo que solo trabajaba para Villanueva Silva haciendo changas y sostuvo que desconocía el plan para matar a las chicas. También afirmó que escapó por miedo.

“Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad, a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver”, dijo en una entrevista con Infobae.

“Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con ‘El Gordo’ (NdR: un presunto miembro de la banda, mencionado por “Pequeño J” en su indagatoria). Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con ‘El Gordo’. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada", recordó sobre las víctimas.

Nuevas detenciones

A comienzos de este mes hubo una serie de nuevos arrestos. Cayeron Ramiro Luis Mansur, señalado como un integrante de segunda línea que habría aportado vehículos, ropa y otros recursos para facilitar la fuga de “Pequeño J” y de “El Loco David”; María Inés Olivera, acusada de actuar como prestanombre de Mansur en líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales; Verónica Emilce Chieto, pareja de Mallón e investigada por su posible ayuda en la fuga de Morales Huamaní; y Eugenia Quispe Gallardo, amiga de Valverde Victoriano, a quien la causa le atribuye tareas de acopio y traslado de droga, además de haber facilitado su vivienda como refugio para integrantes de la banda.

La causa tuvo otra novedad esta semana. La DDI de La Matanza identificó a David Alberto Godoy, alias “Tomate”, quien ya estaba preso por robo a mano armada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

Godoy, de 44 años, es hijo de Olivera. Los investigadores sospechan que condujo la Tracker que trasladó a las víctimas hasta Florencio Varela. También creen que habría encañonado a Morena para obligarla a ingresar a la casa de Chañar 702.

Si bien los dichos de Celeste González Guerrero y Florencia Ibáñez apuntalaron una hipótesis que guio la investigación hacia un ataque en represalia por el supuesto robo de cocaína a integrantes de la organización, la incógnita permanece abierta.

Hasta ahora, no se pudo establecer qué ocurrió con esa droga ni qué participación pudieron haber tenido Brenda, Morena y Lara.