La vulnerabilidad que no aparece en los simulacros

MÉXICO TIENE 35.2 millones de viviendas. Sólo 25.8% cuenta con algún tipo de seguro y apenas una tercera parte de ellas está protegida frente a fenómenos naturales. Eso significa que la cobertura efectiva alcanza apenas a una de cada doce casas del país.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se cruza con un dato de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que encabeza Pedro Pacheco, ya que 68% de la población ha sufrido afectaciones ocasionadas por algún desastre natural. En otras palabras, los eventos extraordinarios forman parte de la experiencia de la mayoría de los mexicanos, pero la protección financiera sigue siendo minoritaria.

La historia reciente ofrece varios ejemplos. Los sismos de septiembre de 1985 modificaron para siempre la manera de construir en la Ciudad de México. Treinta y dos años después, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 volvió a exhibir la vulnerabilidad de miles de inmuebles. Edificios colapsados, departamentos inhabitables, negocios cerrados durante meses y familias obligadas a financiar reparaciones con crédito, ahorros o apoyo gubernamental.

La vivienda representa el principal activo patrimonial para millones de familias. Sin embargo, el nivel de aseguramiento permanece muy por debajo de otros mercados. De acuerdo con cifras del sector, cerca de 18% de las pólizas está ligado a créditos hipotecarios y apenas 7% corresponde a contrataciones realizadas directamente por los propietarios. La decisión de asegurar una vivienda sigue dependiendo más de una exigencia bancaria que de una estrategia de protección patrimonial.

Los costos ayudan a entender parte del problema. Una póliza de hogar puede rondar los 8 mil pesos anuales de acuerdo con Seguros Sura, que preside Carlos Alberto González. El monto suele compararse con el gasto inmediato, aunque pocas veces con el valor de lo que protege. Una cocina integral, una sala, dos televisores, computadoras, refrigerador, lavadora y muebles pueden representar inversiones superiores a los 300 mil o 400 mil pesos. Si además existen daños estructurales, la factura crece con rapidez.

La exposición tampoco se limita a los sismos. Huracanes en las costas, inundaciones en zonas urbanas, deslaves en regiones montañosas y lluvias extraordinarias forman parte de un catálogo de riesgos que cada año genera pérdidas multimillonarias para familias, empresas y gobiernos.

Por eso septiembre plantea una discusión que va más allá de los simulacros y las alertas sísmicas. La preparación física ha avanzado. Las campañas de Protección Civil son más frecuentes, los protocolos están más difundidos y la cultura de prevención es mayor que hace algunas décadas. La protección patrimonial, en cambio, avanza a un ritmo considerablemente más lento.

Cada vez que suena una alerta sísmica millones de personas saben hacia dónde dirigirse. Las estadísticas muestran que todavía son pocos los que tienen claro cómo enfrentarían el costo económico de volver a empezar.

STELLANTIS, DIRIGIDA GLOBALMENTE por Antonio Filosa, analiza mover parte de la producción de las camionetas RAM de servicio pesado desde Saltillo, Coahuila, hacia su planta de Warren, Michigan. La evaluación responde a un análisis de costos y forma parte de las opciones que algunos fabricantes automotrices consideran para incrementar producción en Estados Unidos. La posible reubicación incluiría modelos de la línea RAM heavy-duty, especializada en carga y remolque. El movimiento ocurre en un entorno marcado por la renegociación comercial en Norteamérica y la presión para aumentar el contenido productivo estadounidense. Aunque no existe una decisión definitiva, la posibilidad vuelve a poner sobre la mesa la importancia de México dentro de las cadenas de manufactura automotriz de la región y los retos que enfrenta para conservar futuras inversiones industriales.

EN PANAMERICANO DE Protección, dirigida por Mario Sotres, la inconformidad de los trabajadores dejó de concentrarse únicamente en las condiciones operativas y comenzó a enfocarse en el ingreso que reciben por una actividad considerada de alto riesgo. Conductores de vehículos blindados reportan percepciones cercanas a 10 mil pesos mensuales, una cifra que consideran desproporcionada frente a la responsabilidad de trasladar efectivo y valores en distintas regiones del país. A ello se suman reclamos por el estado de algunas unidades, la disponibilidad de equipo y la atención a incidentes ocurridos durante las operaciones. El malestar ha escalado entre las bases sindicales, que exigen una revisión salarial y mejores condiciones para desempeñar sus funciones. Para una empresa clave en la logística de efectivo, el reto inmediato parece estar menos en la operación del negocio y más en su relación con quienes la sostienen todos los días.

LA SECRETARIA DE Turismo, Josefina Rodríguez, quiere llevar la promoción de México hasta donde tiene cautiva a la audiencia: los aviones. La dependencia lanzó una licitación para colocar publicidad de la campaña México está de moda en mesas, portaequipajes y revistas digitales de aerolíneas comerciales durante el último trimestre del año. La apuesta es aprovechar los más de 47.5 millones de pasajeros transportados por las aerolíneas nacionales entre enero y julio para reforzar la visibilidad de destinos consolidados y emergentes. La estrategia se suma a los acercamientos que Sectur ha sostenido con Aeroméxico, Volaris, Viva y Mexicana de Aviación. El objetivo es convertir el tiempo de vuelo en una vitrina para impulsar la demanda turística y extender el alcance de la Marca México.

EL SECTOR FERROVIARIO privado podría enfrentar una mayor carga fiscal a partir de 2027. Dentro del Paquete Económico, el gobierno propone elevar de 1.25% a 3% el derecho que pagan las concesionarias por el uso de las vías férreas cuando acumulan más de 15 años de operación. La medida impactaría principalmente a Ferromex y CPKC de México, los dos mayores operadores de carga ferroviaria del país. Hacienda argumenta que las cuotas actuales quedaron rezagadas frente a los costos de mantenimiento y modernización de la infraestructura. El ajuste busca incrementar la recaudación y generar recursos para inversiones estratégicas en el sistema ferroviario. Para las empresas, sin embargo, el cambio representará un nuevo costo en un momento de transformación logística y creciente competencia por el transporte de mercancías en Norteamérica.