Prosa aprisa/Arturo Reyes Isidoro

* De la ratería al desabasto, a la doble moral y al brote de sarampión en el sector salud

Casi dos años después de iniciada la actual administración estatal, cuando debería estar consolidado el sector salud de Veracruz, los hechos indican que sufre de una grave enfermedad crónica para la que no parece haber remedio: la desidia oficial.

El mal inició a partir de que Morena llegó al gobierno en 2018, cuando en la administración de Cuitláhuac García Jiménez se detectó un cuantioso desvío de recursos fijado inicialmente en 1,600 millones de pesos.

Hoy el desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, la estulticia y la soberbia con la que se conduce el delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, la doble moral de la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, quien recién internó a su esposo para ser atendido en el hospital privado más caro de Xalapa, y el brote de sarampión que estuvieron ocultando hasta que la Secretaría de Salud federal la hizo público, tienen colapsado todo el sistema.

Rocío Nahle empezó bien, denunciando

El 5 de mayo de 2025, seis meses después de que había iniciado el nuevo gobierno, la recién estrenada gobernadora Rocío Nahle informó que la Contraloría General del Estado, a cargo entonces de Ramón Santos Navarro, había presentado una denuncia por posible daño patrimonial por 1,600 millones de pesos en el sector salud tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023.

Aseguró en aquella ocasión que en su gobierno no se encubriría a nadie, sin importar que fueran militantes de su partido, e incluso que se debía llamar a rendir cuentas a los presuntos involucrados e incluyó a Ramos Alor, entonces recién nombrado delegado del IMSS-Bienestar. Ramos Alor había renunciado como secretario de Salud en mayo de 2022 en medio de un escándalo por el hallazgo de miles de medicamentos oncológicos a punto de caducar almacenados sin ser distribuidos.

“El contralor ya hizo la denuncia pertinente porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto y si hay daño patrimonial, si es así, se tiene que llamar a rendir cuentas a quien fue secretario de Salud, porque así lo marca la propia Auditoría”.

En mayo de 2025 ya reconocía falta de medicamentos para el cáncer

En aquella fecha reconoció que uno de los problemas era el desabasto de medicamentos para el cáncer, pero que ya se le estaba dando solución. “En el sector salud estoy yo metida, porque se encontraron muchas irregularidades, (…) encontramos muchas cosas que no estuvieron bien y lo tengo que decir”.

Durante la gestión de Ramos Alor, detrás de las operaciones financieras en los servicios de salud estuvo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la dependencia y hombre de confianza del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo del exgobernador Cuitláhuac García, hoy flamante diputado federal, incrustado en la comisión que combate la corrupción. Sisniega huyó al extranjero sin haber renunciado formalmente y apenas en marzo pasado los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) lo inhabilitaron por solo cuatro ridículos meses por incurrir en irregularidades administrativas, aunque el ORFIS lo denunció en agosto pasado ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto daño patrimonial por 56.6 millones de pesos, por lo que se le abrió la carpeta FECOV/473/2026.

Cuitláhuac logró parar las denuncias

Este miércoles, un exfuncionario de la Contraloría General del Estado que estuvo al tanto de la denuncia en 2023, confirmó al columnista que el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez se movilizó ante la presidenta Claudia Sheinbaum y logró parar todo, pero que los gruesos expedientes quedaron documentados.

El último escándalo de Ramos Alor

Este jueves hace una semana, el delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, desató un escándalo público cuando se le vio y escuchó en un video amenazando a residentes del Centro de Alta Especialidad de Xalapa que demandaban material para poder trabajar. Su actitud provocó una marcha de protesta y desató una ola de críticas y de reclamos pidiendo su renuncia.

Aunque no estuvo de acuerdo en lo que dijo, la gobernadora Rocío Nahle lo arropó y protegió, y lo reconfirmó en el cargo. Justificó su decisión repitiendo el estribillo que ya tiene hecho: “porque me ayuda muchísimo”, y en lugar de escuchar el clamor de los trabajadores del hospital, culpó de la marcha a los partidos políticos de oposición.

Y la secretaria de Salud recurre al hospital privado más caro

Ni bien cesaba el escándalo de Ramos Alor cuando ahora fue la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, quien desató otra ola de críticas e inconformidad cuando se supo que el pasado fin de semana internó en el Hospital Ángeles de Xalapa a su esposo Gustavo Domínguez Aguirre para ser atendido de un problema de salud. Incluso en las redes circuló una fotografía donde se le ve en ese hospital con el impresentable Ramos Alor.

Para casos como ese, al ser internado el paciente, para empezar le piden un depósito de más de 100 mil pesos. En las redes se preguntaron por qué no lo internó en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa o de Veracruz, si es que está tan bien el servicio como dicen en el palacio de gobierno, y que no faltan ni medicamentos ni material de curación. Criticaron la doble moral de Morena, que no predica con el ejemplo y tomaron como una burla que la propia secretaria de Salud desdeñe los hospitales públicos bajo su responsabilidad.

Luego, estuvieron ocultando brote de sarampión

La última. Fue la propia Secretaría de Salud federal la que difundió en la cuenta de su titular David Kershenobish fotografías de la visita que realizó a la capital del estado el martes 15 para verificar las acciones implementadas para contener el brote de sarampión que se detectó en el Centro Estatal de Cancerología y cortar las cadenas de transmisión.

Sobre el tema, la Secretaría de Salud del Gobierno de México emitió ese mismo día un boletín de prensa informando que a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) había enviado al Centro Estatal de Cancerología (CECan) una brigada a la entidad con la finalidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control.

Dio a conocer que al corte de las 8 de la mañana de ese día, habían sido confirmados 16 casos, y dos permanecían pendientes de resultado; que de los casos confirmados, 12 correspondían a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de paciente, y que entre los casos confirmados se habían registrado dos defunciones, una, correspondiente a una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; la segunda, correspondiente a un paciente de 22 años, que se encontraba pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

Nahle sabía pero no alertó a la población

Lo que no se explica es por qué tardó en reaccionar la Secretaría de Salud federal pues la gobernadora Rocío Nahle declaró este miércoles que tenía una semana que se había informado del hecho al Gobierno federal, pero además, la reportera Claudia Montero, del diario digital alcalorpolitico, publicó al mismo tiempo que médicos del CECan le dijeron que el brote llevaría ya un mes, toda una cadena de negligencia.

Lo que queda claro, al margen de la danza de fechas, es que en el Gobierno del Estado ocultaron el brote y no pusieron en alerta a la población que acude a ese centro hospitalario, por lo que hoy no se sabe con precisión el tamaño de la población contagiada. También, que existe un terrible descuido en el filtro para el ingreso de personas al CECan.

El día 15, el secretario de Salud federal, David Kershenobish, presidió una reunión de trabajo con personal del estado. Estuvo encabezando la mesa y tuvo a su izquierda a la secretaria estatal, un verdadero cero a la izquierda, una imagen reflejo fiel de que en el estado no pueden y que tienen que venir secretarios federales a atender y resolver los problemas, algo similar a la presencia de la secretaria de Agricultura, Columba López, para atender el caso del ingenio San Pedro.