Congreso de SLP reforma ley para evitar revictimización de mujeres víctimas de violencia
La reforma amplía las medidas de protección y establece que las órdenes deberán revisarse de manera individual mientras persista el riesgo para las víctimas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y evitar prácticas de revictimización durante los procesos de denuncia, atención, investigación y juzgamiento.
Las modificaciones buscan armonizar la legislación estatal con el marco jurídico federal y ampliar los conceptos relacionados con los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Uno de los principales cambios consiste en incorporar el concepto de revictimización, entendido como aquellas acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona víctima de un delito, violación a los derechos humanos o situación de violencia.
El Congreso señaló que estas prácticas pueden presentarse durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de los casos, particularmente cuando intervienen autoridades, instituciones, medios de comunicación o el entorno social.
La reforma contempla como posibles actos de revictimización los tratos indignos, la culpabilización de las víctimas, interrogatorios innecesarios, la exigencia de relatar repetidamente hechos traumáticos, la exposición pública de su identidad, retrasos injustificados y negligencia institucional, además de estereotipos de género y actos de discriminación.
También se incorpora el concepto de violencia simbólica, como una forma de discriminación estructural que se reproduce mediante prácticas, mensajes, valores, símbolos y representaciones que refuerzan estereotipos de género y relaciones desiguales de poder.
Las modificaciones establecen además nuevas disposiciones para fortalecer las órdenes de protección en casos de delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas deberán mantenerse vigentes durante el tiempo necesario para garantizar la reparación del daño o mientras persista la situación de riesgo.
De esta manera, las órdenes de protección no deberán levantarse automáticamente por el paso del tiempo, sino que tendrán que revisarse de manera individual, privilegiando la máxima protección de los derechos de las víctimas.
La reforma también establece condiciones de accesibilidad en los refugios destinados a mujeres víctimas de violencia, que deberán contar con personal traductor o intérprete de lengua materna o de Lengua de Señas Mexicana.
En caso de que los refugios no cuenten directamente con personal especializado, podrán solicitar apoyo a las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer enfrente barreras de comunicación para acceder a servicios de protección y atención.
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