Los casos de Zapatero, Leire Díez o los pagos del PSOE: la "vuelta al cole" judicial

Madrid, 31 ago (EFE).- La ligera tregua de agosto dará pronto paso al ya habitual ritmo desorbitado de los tribunales, con varios jueces analizando información económica del PSOE y el regreso con fuerza de las investigaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Leire Díez y la presunta trama para boicotear causas judiciales.

En puertas de un próximo año electoral, el nuevo curso judicial augura la misma intensidad que el anterior, con investigaciones que afectan a varios exdirigentes socialistas en pleno auge, sentencias pendientes, como la del caso Kitchen, con altos cargos del Gobierno del PP de Mariano Rajoy implicados, y juicios a la espera de fecha, como el de Begoña Gómez o Alberto González Amador.

Todo esto se espera:

La investigación al expresidente Zapatero por presunto tráfico de influencias en torno al préstamo público otorgado en 2021 a Plus Ultra se reanuda antes de la ceremonia de apertura del año judicial del 10 de septiembre, tradicional pistoletazo de salida de los tribunales.

El 7 y 8 se sientan ante el juez dos exdirectivos de la aerolínea -Julio Martínez Sola y Roberto Roselli- que anticiparon su colaboración en un escrito en el que apuntaron a la "pretensión de cobrar" de Zapatero y su amigo Julio Martínez Martínez por gestiones para conseguir ese préstamo.

Al margen de cómo se traduzca esa supuesta colaboración, la investigación tiene mucho recorrido: la UDEF está rastreando cuentas a nombre del expresidente, sus hijas y su secretaria -también imputadas y quienes aún no han declarado-; quedan por saber las explicaciones de Zapatero sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina y está por ver el derrotero de las peticiones de nulidad planteadas por el exlíder socialista.

Los pagos en efectivo del PSOE y el rastreo de cuentas

Quizá este otoño se conozcan detalles de la investigación, que lleva ocho meses secreta, en torno al sistema de pagos en efectivo del PSOE para reembolsar gastos adelantados entre 2017 y 2024. Es una pieza separada del caso Koldo, en el que el juez también dio luz verde a investigar las cuentas de la familia del exdirigente socialista Santos Cerdán.

También en la Audiencia Nacional, otro juez indaga si desde el partido se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratar de torpedear causas que afectan al PSOE o al Gobierno, y para ello pidió información de 81 cuentas, varias de la formación y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.

Por este caso tiene una cita con el juez la gerente del PSOE Ana María Fuentes el 9 de septiembre y un día después el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos. Son dos de los muchos investigados por una causa con varias ramificaciones en la que también están imputados Cerdán y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

La amnistía afrontará su último episodio -y el más mediático- cuando el Tribunal Constitucional aborde el 22 de septiembre el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la medida de gracia al delito de malversación de un condenado o huido por el procés, después de que la Justicia europea avalara la norma.

Será el recurso del exconseller Jordi Turull. La clave está en que previsiblemente esta decisión será de aplicación directa al posterior recurso del expresident Carles Puigdemont que, de estimarse sus alegaciones, permitiría su inmediato regreso a España.

Además, la corte de garantías tiene sobre la mesa la admisión a trámite del recurso del ex fiscal general Álvaro García Ortiz y debe resolver la negativa del Gobierno a presentar presupuestos en tres años y la Ley Trans, que mantiene dividido al tribunal.

A escasas semanas de su jubilación, al juez Juan Carlos Peinado le queda dictar apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, por presunto tráfico de influencias y malversación para dejar el caso en manos de un jurado popular. Después, la Audiencia Provincial deberá fijar fecha.

Quien no tiene aún fecha de juicio es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros, aunque es previsible que se celebre en 2027, según fuentes jurídicas. Además, continúa la investigación contra él por sus negocios con Quirón Prevención, en la que la UCO está investigando sus cuentas.

Este otoño también se conocerá el futuro judicial del exdirigente político Íñigo Errejón: su recurso contra su procesamiento por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa sigue en manos de la Audiencia de Madrid.

Entre los deberes de los jueces de la Audiencia Nacional está la sentencia del caso Kitchen, una supuesta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos del caso Gürtel comprometedores para el partido. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se juega una petición de 15 años de cárcel.

También los siete hijos del expresidente catalán Jordi Pujol -exonerado por demencia- esperan desde hace meses la sentencia que debe dilucidar si el origen de su fortuna oculta es fruto de la corrupción o de un legado familiar. Afrontan entre 8 y 29 años de cárcel.

Y al margen de otras sentencias pendientes, como la última del caso Gürtel, llega, casi diez años después, a juicio este otoño otra causa que en su día asaltó al PP de Madrid con el encarcelamiento del expresidente madrileño Ignacio González en 2017, conocida como Lezo. Quien fuese mano derecha de Esperanza Aguirre se enfrenta a una petición de 6 años.

El alto tribunal arranca el año judicial con una vista el 7 de septiembre para estudiar si suspende las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- por la denominada ley de nietos, que permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, por sus efectos electorales.

Igualmente, el Supremo tiene pendiente el incidente de nulidad del exministro José Luis Ábalos contra su sentencia condenatoria que tiene escasas opciones de prosperar pero que le abriría la vía para recurrir al Constitucional. EFE