México no debe apostar a las elecciones de noviembre en EU

Faltan 65 días para que Estados Unidos renueve toda su Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Para México, la pregunta de fondo es sencilla: ¿un Donald Trump sin control pleno del Congreso sería un presidente más manejable?

La respuesta es menos reconfortante de lo que parece.

México podría ganar contrapesos y elevar el costo político de algunas decisiones de Trump. Pero no ganaría necesariamente políticas más favorables.

Las encuestas explican por qué la pregunta ha dejado de ser hipotética. La boleta genérica para el Congreso da a los demócratas una ventaja de seis puntos en los promedios de las agencias Decision Desk HQ y FiftyPlusOne, y de ocho en la encuesta de Emerson de esta semana, en la que la aprobación de Trump se ubica en 40 por ciento. El deterioro de los republicanos proviene sobre todo de la guerra con Irán y del encarecimiento de la gasolina, que promedia 4.09 dólares por galón, frente a 2.98 antes de los bombardeos de febrero.

Con ese viento, la Cámara de Representantes se inclina hacia los demócratas, que sólo necesitan ganar tres escaños netos. El Senado es mucho más incierto y, para México, más importante. Cook Political Report movió el 20 de agosto a Texas e Iowa a la categoría de “volado” y considera que la mayoría está ya en disputa, aunque con ligera inclinación republicana. Decision Desk HQ coloca también en competencia cerrada a Alaska, Maine y Ohio, mientras Carolina del Norte se inclina hacia los demócratas.

Una mayoría demócrata en las dos cámaras es ahora perfectamente posible.

¿Qué significaría para México?

En el T-MEC, un Congreso adverso podría dificultar cambios que requieran modificar la legislación estadounidense. Sin una autoridad de vía rápida vigente, algunas modificaciones enfrentarían además la barrera de los 60 votos en el Senado. Una mayoría demócrata tendría capacidad para encarecer o bloquear ciertas pretensiones de la Casa Blanca.

También podría modificar el proceso de nombramientos. Una veintena de embajadas estadounidenses en el hemisferio siguen vacantes y un Senado demócrata tendría mayor capacidad para detener a los candidatos más partidistas.

Y en seguridad podría obligar a Trump a pagar un costo político mayor. Los republicanos Rand Paul, Susan Collins y Lisa Murkowski ya han votado con los demócratas en asuntos relacionados con los poderes presidenciales. Con una mayoría opositora, resoluciones sobre el uso de la fuerza dejarían de ser ejercicios simbólicos. No necesariamente impedirían una acción presidencial, pero obligarían a Trump a gastar capital político.

Pero aquí está lo esencial: las principales herramientas de presión sobre México están mucho más blindadas frente a un cambio en el Congreso de lo que podría suponerse.

En comercio, Trump trasladó buena parte de su política arancelaria hacia instrumentos que no requieren autorización previa del Capitolio. Tras la decisión de la Suprema Corte contra los aranceles de la IEEPA y la expiración de la Sección 122, la administración recurrió a la Sección 301. Siguen vigentes los aranceles de 50 por ciento al acero y aluminio y de 25 por ciento a los vehículos bajo la Sección 232. El Congreso puede intentar acotar esas facultades, pero superar un veto presidencial requeriría dos tercios de los votos. Por ahora, eso parece más una bandera política que una barrera efectiva.

En migración ocurre algo semejante. La Secure America Act, aprobada el 9 de junio por reconciliación y por apenas dos votos, asignó 69 mil 500 millones de dólares a ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029, adicionales a los recursos de la Big Beautiful Bill. Aun una Cámara demócrata tendría dificultades para estrangular financieramente la política migratoria de Trump. Buena parte del “poder de la bolsa” quedó neutralizado para lo que resta de su mandato.

En seguridad, el Congreso tendría mayor capacidad para investigar que para impedir. La designación de seis cárteles como organizaciones terroristas, los ataques a lanchas y la operación en Venezuela se realizaron sin autorización legislativa. Una mayoría demócrata podría multiplicar audiencias, citatorios y restricciones en la legislación de defensa. Pero sería mucho más difícil impedir una decisión presidencial antes de que ocurriera.

El cambio, entonces, no estaría tanto en las facultades de Trump como en el precio de ejercerlas.

Una Cámara demócrata acabaría con la reconciliación presupuestal y abriría una temporada de audiencias sobre ICE, los aranceles y la inteligencia utilizada para justificar operaciones de seguridad. Además, los republicanos de distritos competitivos tendrían mayores incentivos para actuar con más independencia.

Pero tampoco conviene idealizar a los demócratas. Cuestionarían a Trump no por simpatía hacia México. Su base sindical aceptó el T-MEC en 2019 a cambio, entre otras cosas, del mecanismo laboral de respuesta rápida. Sus legisladores especializados en comercio probablemente exigirían más compromisos laborales a México, no menos.

Por eso, para nuestro país, el calendario importa tanto como las encuestas.

Washington rechazó el 1 de julio extender el tratado por 16 años y lo colocó en un esquema de revisión anual. Eso mantiene abierta la negociación y desplaza las decisiones más disruptivas hacia adelante. Canadá ya recibió una muestra: aranceles de 50 por ciento a autos y acero a partir de enero de 2027.

México enfrenta dos ventanas. La primera es antes de las elecciones: conseguir en Washington todo lo posible en materia automotriz, acero y reglas comerciales. La segunda se abre después del 3 de noviembre y antes de que tome posesión el nuevo Congreso, cuando Trump ya no tendrá una elección legislativa enfrente y el Senado saliente todavía podrá procesar decisiones pendientes.

De allí que lo que México negocie en septiembre valga más que cualquier encuesta. Reducir el arancel automotriz por debajo del 15 por ciento que pagan Corea y Japón, aliviar el gravamen al acero y dejar acuerdos firmados antes de noviembre sería una protección más concreta que apostar al resultado electoral estadounidense.

El seguro de México no está en las urnas del 3 de noviembre. Está en lo que logre negociar y dejar amarrado antes de esa fecha.

Un Congreso adverso podría poner límites a Trump. No convertiría a Washington en aliado de México. Y ésa es una diferencia que conviene tener muy clara.