Murió el carnicero de Bosnia, un genocida condenado cuando la Corte Penal Internacional era respetada

El miércoles murió en La Haya, Países Bajos, el ex general Ratko Mladi. Tenía ochenta y cuatro años y cumplía cadena perpetua. Lo llamaron el carnicero de Bosnia. La expresión, por una vez, se quedó corta.

En julio de 1995 sus tropas entraron en Srebrenica, un enclave que la propia ONU había declarado zona segura. Separaron a los hombres y a los niños varones del resto de sus familias. Al menos ocho mil fueron ejecutados y sepultados en fosas comunes. Una cámara filmó a Mladi repartir dulces entre esos niños y acariciar alguna cabeza minutos antes de que subieran a los autobuses. Horas después ya no existían. Antes de Srebrenica hubo Sarajevo. Casi cuatro años de sitio, con francotiradores apostados contra quien cruzaba la calle por agua y proyectiles que caían sobre un mercado o una fila de pan. La limpieza étnica fue el método de aquella guerra y abiertamente hay memorias que documentan cómo es que el general quería exterminar a los musulmanes, igual niños que adultos, igual civiles que rebeldes.

A Mladi lo alcanzó la justicia, y conviene recordar de qué manera pasó ya que los nuevos genocidas parece que no tendrán el mismo privilegio. En 1993 el Consejo de Seguridad creó un tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia. Fue una decisión política, tomada por los mismos Estados que suelen recelar de cualquier jurisdicción capaz de limitarlos. El tribunal lo acusó en 1995. Mladi pasó dieciséis años prófugo, amparado por complicidades y silencios, hasta que en 2011 Serbia lo entregó. El proceso se construyó con trabajo paciente. Exhumaciones forenses, identificación genética de los cuerpos rescatados de las fosas, comunicaciones interceptadas, testimonios de sobrevivientes y de quienes obedecieron órdenes. En 2017 lo condenaron por genocidio. En 2021 la instancia de apelación confirmó la sentencia. Hicieron falta voluntad, cooperación entre Estados y muchos años. El resultado fue un poder que se creía soberano y terminó por responder ante un juez.

Esa es la idea que sostiene todo el sistema de justicia internacional pero que ahora está bajo amenaza. La jurisdicción existe para poner un límite al poder. El derecho penal internacional llevó esa promesa hasta su consecuencia más exigente que es imponer responsabilidad personal por aquellos abusos o crímenes cometidos desde el Estado, con la investidura y facultades que un poder constitucional válido entregó. Ni la investidura, ni la bandera, ni el número de tanques eximen a nadie. Contra esa promesa se mide lo que ocurre hoy.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra Benjamín Netanyahu. Los jueces hallaron motivos razonables para atribuirle responsabilidad penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos el hambre empleada como arma. La cifra de muertos que hoy reconoce hasta Israel ronda los setenta mil. La abrumadora mayoría son civiles. Más de veinte mil eran niños. La ONU declaró la primera hambruna registrada en la región. Ocho mil muertos en Srebrenica bastaron para levantar un tribunal. En Gaza el número, la duración y la deliberación del daño rebasan aquella medida. Y sin embargo Netanyahu viaja, gobierna y es recibido con honores. No hay detención.

Cabe una precisión honesta. Una orden no equivale a una condena. Nadie ha probado nada en un juicio, porque no se ha permitido que ese juicio comience. Esa es justamente la diferencia que interesa.

La diferencia tiene nombre. Estados Unidos, que ni siquiera es parte de la Corte, no se limitó a ignorarla. Se propuso destruirla. Una orden ejecutiva de 2025 habilitó sanciones contra el tribunal. Marco Rubio las transformó en campaña. Primero cayó el fiscal que había obtenido las órdenes contra Netanyahu. Luego los jueces. Para agosto de 2026 figuraban sancionados nueve de los dieciocho magistrados, los dos fiscales adjuntos y la propia presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane. Rubio la calificó de corte supranacional corrupta y fatalmente politizada. El propósito declarado es desmantelarla. Congelan cuentas, prohíben la entrada al país y cortan del sistema financiero a quienes juzgan. Se persigue al guardián para proteger al acusado.

Suelo repetir que un derecho vale lo que vale su guardián. El tema es que Donald Trump tiene un frente abierto contra los guardianes y el discurso de intervención en nombre de la democracia y derechos humanos está muriendo en el contexto de una autocracia cada vez más intolerante que quiere imponer a todo el mundo sus reglas de impunidad.

La escena de esta semana muestra las dos caras de esa idea en una sola ciudad. En el hospital de la unidad de detención de la ONU (el Mecanismo Residual), falleció un genocida mientras cumplía su cadena perpetua. Estaba preso y bajo custodia, cargando el repudio completo de las naciones. En otro edificio de La Haya, ese mismo mundo, o su porción más poderosa, trabaja para que el tribunal ya no alcance a nadie que importe. La justicia penal internacional nunca fue del todo ciega. Cayó sobre los vencidos, sobre los serbios de una guerra ya perdida, sobre algunos líderes africanos, casi nunca sobre los fuertes. Lo nuevo es la franqueza. Ya no se disimula el doble rasero con tecnicismos. Se sanciona al juez y se explica en voz alta por qué. Los autoritarismos vuelven sin pudor y el genocidio se transmite en directo.

En ese horizonte, la apuesta de Trump y de Rubio por debilitar a la Corte deja de parecer un gesto aislado, se ve como un llamado específico para América Latina que cumplirán sus aliados-súbditos en Ecuador, El Salvador y Colombia. Funciona como declaración de principios sobre quién permanece por encima de la ley. Queda por saber qué vale un tribunal al que se le arrancan los dientes cuando más falta hace, y qué nombre merece un orden internacional que solo se atreve a condenar a los muertos y a los derrotados.