Se protege la cosecha y exportación de aguacate michoacano a EU
Los gobiernos de México y de Estados Unidos (EU) establecieron una mesa de seguridad permanente con productores agrícolas de Michoacán, tras la pausa imprevista en las exportaciones de aguacate provocada por amenazas a inspectores estadounidenses, y se anunció la reapertura gradual de 45 empacadoras.
En la Conferencia del Pueblo, en Palacio Nacional, se le pregunto a la presidenta Sheinbaum en torno al aguacate y la mandataria informó la reanudación del diálogo bilateral, después de la decisión estadounidense de suspender temporalmente las inspecciones de selección de aguacate, lo que ocurrió sin previo aviso formal a las autoridades mexicanas.
Sheinbaum reconoció que le reportaron presuntas amenazas directas contra el personal de inspección agrícola en una zona específica de Michoacán.
Entonces, señala Sheiinbaum que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Cancillería entablaron comunicación inmediata con la Embajada de Estados Unidos, lo que se tradujo en pláticas y en “la instalación de un mecanismo de coordinación permanente para salvaguardar la integridad de los trabajadores y reactivar el comercio”.
Reconoció que, aunque áreas cercanas a Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro registraron una baja en delitos como la extorsión gracias a la vigilancia previa, otras regiones del estado sufrieron un repunte en el último mes.
Informó que debido a ello, se desplegó mayor presencia de la Guardia Nacional en los cinco municipios mencionados y considerados clave de la franja aguacatera.
Hasta el momento, 45 empacadoras han retomado operaciones de manera normal bajo esquemas seguros de certificación. Las inspecciones se concentran de forma inicial en municipios autorizados para preparar la exportación.
Detalles de operativos para el aguacate
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch indicó que se han desplegado mil 557 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en Michoacán para proteger “la cadena del aguacate”, centrando la vigilancia y bases operativas en municipios como Uruapan (sede del cuartel e inteligencia), Tingüindín, Tocumbo, Peribán, Los Reyes y Cotija.
Se instaló un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan para coordinar las operaciones de seguridad en toda el área productora. Sobre la protección a empacadoras, se establecieron bases en 17 plantas ubicadas en Tingüindín, Tocumbo y Peribán.
En pro de la seguridad poblacional, se desplegaron 29 bases operativas en comunidades con alta concentración de productores, abarcando Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.
En cuanto al control carretero, la Guardia Nacional reforzó con patrullajes y binomios viales rutas clave como Jiquilpan–Tocumbo, Tingüindín–Jacona, Peribán–Tancítaro y Peribán–Uruapan.
Aclaraciones sobre las labores de inteligencia
Cabe señalar que la palabra “inteligencia” como sinónimo de espionaje llamó la atención de Sheinbaum, quien aclaró que esas acciones no son persecutorias o políticas, como lo hacían los gobiernos de los años setenta u ochenta.
Como si le hubieran activado un interruptor con la palabra «espionaje», Sheinbaum negó rotundamente que su gobierno realice labores de vigilancia ilegal a ciudadanos y opositores, contrastando lo que calificó como el pasado autoritario de las décadas en que persiguieron políticamente a activistas y espiaron, incluso, a su propia familia.
Sheinbaum recordó que en el pasado los aparatos de inteligencia del régimen se utilizaban para la persecución política y la vigilancia de opositores, movimientos sociales y disidentes. Acusó que su propia familia fue objeto de seguimiento por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) debido al activismo de su madre, Annie Pardo, en el movimiento estudiantil de 1968, existiendo registros oficiales de inteligencia desde que Sheinbaum era niña.
Ya con más calma en el tono verbal, Sheinbaum aseguró: “El Gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto… Nosotros no espiamos a nadie”.
El gobierno actual no realiza vigilancia política ni intervención de comunicaciones fuera del marco legal, se mencionó en la conferencia matutina.
Las tareas de investigación e inteligencia buscan reducir delitos de alto impacto y construir un país seguro, no vigilar a la ciudadanía. Es decir, en Michoacán sí.
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