Indigna a la prensa oficialista trato a compañero, pero replican prácticas que no cambian las condiciones del gremio

Mientras en México se está discutiendo el derecho de las audiencias y el debate nacional gira en torno a si las nuevas reglas pueden afectar la libertad de expresión, en Tlaxcala esa discusión encontró un camino que exhibió las fortalezas, pero también las contradicciones -y debilidades-, tanto del periodismo local como de la relación del gobierno con la prensa, así como de los espacios que abre o restringe para el escrutinio.

Para ello bastaron dos hechos:

El primero ocurrió al término de la presentación del Informe de Incidencia Delictiva correspondiente al primer semestre de 2026. Como ha ocurrido de manera recurrente durante esta administración, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respondió algunas preguntas de la prensa en una rueda improvisada al finalizar el evento. Fue en ese momento cuando el vocero del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, realizó dos gestos de desaprobación hacia el periodista Rubén Hernández, colaborador de Quadratín Tlaxcala, quien llamó a la gobernadora antes de que terminara su intervención con otro medio. Aunque al término de la pregunta, se le concedió la palabra, la reacción del medio «Contrapoder» fue inmediata, pues subió el extracto del video a sus redes sociales, que después fue divulgado por otros medios.

Tras ese episodio, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) emitió un posicionamiento en solidaridad con el reportero Rubén Hernández. Un día después, durante el Diálogo Circular del 6 de agosto, la directora de La Bestia Política, Mariana Lovera, cuestionó al vocero Antonio Martínez Velázquez sobre la polémica que generó su gesto y la viralidad que alcanzó en redes sociales. En respuesta, el funcionario ofreció una disculpa pública a Rubén Hernández y reconoció que su actitud fue inapropiada.

Al mismo tiempo que esa discusión ocupaba las redes sociales y buena parte de la agenda de los medios de comunicación, otro episodio comenzaba a desarrollarse. Durante el Diálogo Circular del 6 de agosto, nuevamente la directora de La Bestia Política, Mariana Lovera, cuestionó a Antonio Martínez Velázquez sobre la publicación que ese mismo día había difundido el medio nacional La Opinión de México, en la que se afirmaba que la gobernadora de Tlaxcala era investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, a lo que respondió que no había información oficial.

No obstante, sin un proceso visible de verificación, la información fue retomada por diversos medios y plataformas locales, entre ellos Gente Tlx, El Periódico de Tlaxcala, 385 Grados, Contra Poder y La Bestia Política. Horas después, la Embajada de Estados Unidos en México desmintió públicamente esa versión.

Y es justamente aquí donde comienza el verdadero debate de esta columna.

La indignación del gremio periodístico local por el gesto del vocero es comprensible y legítimo. Es cierto que Antonio Martínez Velázquez pidió al periodista Rubén Hernández esperar su turno y no interrumpir la intervención que se desarrollaba en ese momento. Ese contexto existe y debe mencionarse. Sin embargo, también es cierto que ninguna autoridad debería responder con miradas de desaprobación, gestos de desdén o actitudes que puedan interpretarse como una forma de desacreditar el ejercicio periodístico.

Los funcionarios públicos están obligados a tolerar el cuestionamiento público, incluso cuando las preguntas sean incómodas, insistentes o considere que forman parte de una estrategia de confrontación. El respeto a la prensa no es una concesión del gobierno; es una condición indispensable para la vida democrática. Y si desde el ámbito federal se pretende avanzar en mecanismos para proteger los derechos de las audiencias, esa protección tendría que comenzar por garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cuestionar al poder sin ser descalificados por hacerlo.

Y aquí quiero puntualizar que la insistencia de la prensa por cuestionar a la gobernadora en medio del llamado “chacaleo” tiene una razón de ser. En Tlaxcala, el acceso directo de las y los periodistas locales a la titular del Poder Ejecutivo sigue siendo excepcional, desde que inició su sexenio los únicos en tener entrevistas formales, son los medios nacionales, en donde Lorena Cuéllar sí ha concedido espacios de conversación de mayor duración. Tan sólo entre octubre y diciembre de 2025 concedió entrevistas con Canal Red Latinoamérica, Grupo Milenio, Telediario y El Universal. En contraste, para los medios locales el acceso suele darse con mayor frecuencia mediante entrevistas colectivas o breves encuentros al término de actos públicos.

Las breves ruedas de prensa improvisadas al término de algunos eventos oficiales difícilmente sustituyen un ejercicio permanente de rendición de cuentas. Son encuentros de apenas unos minutos, en los que decenas de reporteras y reporteros buscan obtener una respuesta antes de que la mandataria abandone el lugar.

Y el problema no es que la gobernadora conceda entrevistas a medios nacionales, el problema es que el periodismo local, que cubre cotidianamente su administración, tenga menos oportunidades para sostener conversaciones formales, amplias y de rendición de cuentas con ella.

Esto no significa justificar las interrupciones ni las formas poco ordenadas en que a veces se desarrolla el ejercicio periodístico. Significa reconocer que el “chacaleo” también es producto de un modelo de comunicación gubernamental en el que las oportunidades para preguntar directamente a la gobernadora son escasas y están concentradas en momentos improvisados. Si el acceso a una declaración ocurre a cuentagotas, la presión de la prensa por aprovechar cada oportunidad aumenta, incluso cuando las condiciones para hacerlo no sean las ideales.

Entonces, el problema no puede atribuirse únicamente a las formas en que los periodistas intentan obtener una respuesta; también debe cuestionarse un modelo de comunicación que deja el escrutinio público sujeto a unos cuantos minutos al final de un evento.

Una prueba de ello es que hasta el momento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no ha participado en el Diálogo Circular —los encuentros que el vocero Antonio Martínez Velázquez abrió con integrantes del gabinete bajo la expectativa de generar mayor apertura y transparencia en la relación entre el Gobierno del Estado y la prensa—, pese a que desde el año pasado el propio funcionario anunció que eventualmente acudiría a ese espacio para responder preguntas de los medios.

Y aquí vuelvo a insistir en por qué es importante seguir pensando en los derechos de las audiencias. Los Diálogos Circulares representan, sin duda, un espacio de mayor apertura para el ejercicio periodístico. Sin embargo, también hay que reconocer una realidad: en estos encuentros, como ocurre en buena parte de la comunicación institucional, el Gobierno conserva una capacidad importante para definir los temas, los funcionarios que participan y, en buena medida, la agenda sobre la que se desarrolla la conversación.

Aunque la prensa pregunta, insiste y cuestiona, la agenda pública sigue siendo colocada en buena medida desde el propio gobierno. Y esa diferencia importa cuando hablamos del derecho de las audiencias, porque no es lo mismo tener acceso a funcionarios que tener la posibilidad de cuestionar directamente a quien encabeza el Poder Ejecutivo.

Por eso, cuando finalmente existe una oportunidad para preguntarle a la gobernadora, las y los periodistas insisten, repreguntan o buscan intervenir antes de que concluya el encuentro, lo que ayuda a entender el contexto en el que ocurren este tipo de entrevistas. Viéndolo desde ahí, no es justificable de ningún modo los gestos emitidos por el vocero.

Si hablamos de los derechos de las audiencias, cabe recordar que una ciudadanía bien informada necesita periodistas que puedan preguntar, pero también gobiernos que estén dispuestos a responder en espacios de calidad.

Pero para mí, la discusión no termina ahí, aunque sostengo que miraré al Estado como el único responsable de garantizar derechos, también es creo que la autocrítica es fundamental para generar espacios para nuestras audiencias. Y aquí tengo una pregunta: ¿Los medios de comunicación estamos haciendo lo suficiente para garantizar el derecho de las audiencias a recibir información verificada?

El derecho de las audiencias comienza en las redacciones

La consulta pública ha puesto sobre la mesa un concepto que durante años pasó desapercibido: los derechos de las audiencias. Se habla de regulación, de censura y de libertad de expresión, una conversación necesaria ante un contexto donde la violencia a periodistas existe; pero poco se discute sobre la responsabilidad de los medios en lo que publicamos y en la responsabilidad del Estado por la alfabetización mediática.

Las audiencias tienen derecho a recibir información verificada, contextualizada y diferenciada de la opinión. Tienen derecho a que una afirmación extraordinaria sea sometida a un estándar extraordinario de verificación, a que un error sea corregido y a que el interés por publicar primero no sustituya la obligación de publicar mejor.

Ese derecho no nace con una reforma ni depende únicamente de una autoridad reguladora. Comienza todos los días en las redacciones, cuando un periodista decide revisar un documento, contrastar una fuente o dedicar unas horas más a confirmar una información antes de convertirla en noticia.

El 7 de agosto, a propósito de la divulgación de la nota sobre la supuesta investigación contra Lorena Cuéllar por parte de autoridades estadounidenses, Antonio Martínez Velázquez retomó el caso durante el Diálogo Circular. El vocero cuestionó que, mientras en otras entidades los medios suelen ser “más profesionales” al corroborar información de alto impacto antes de difundirla, en Tlaxcala esa práctica, sigue siendo poco frecuente.

Desde mi perspectiva, no corresponde a un gobierno calificar el trabajo periodístico, sobre todo, cuando el gobierno al que representa Martínez Velázquez sigue siendo opaco; pero también me parece que no conviene desechar la observación únicamente porque porque sea él quien plantee esta discusión.

Sobre la información difundida por La Opinión de México, la pregunta no es únicamente quién publicó primero ni si la responsabilidad termina en el medio que originó la versión. La pregunta es qué hizo cada medio antes de convertir esa información en una noticia propia: qué verificó, qué fuentes consultó, qué documentos revisó y qué elementos encontró para presentarla como un hecho.

En Escenario Tlaxcala decidimos no publicar esa información. Buscamos elementos que permitieran corroborarla y tratamos de localizar evidencia documental que sustentara una afirmación de semejante magnitud. No la encontramos. No había elementos verificables suficientes para presentarla como un hecho y, por esa razón, decidimos no reproducirla.

Tampoco me corresponde decir que un medio es mejor que otro por tomar una decisión distinta. Se trata de recordar algo básico: cuando una información no puede verificarse, no debe presentarse como un hecho. Y cuando se demuestra que una información es falsa o incorrecta, la responsabilidad no termina al dejar de hablar del tema; también implica corregir, explicar y responder ante las audiencias. Situación que hasta el momento, no he visto de mis colegas.

Cuando el periodismo deja vacíos, el poder ocupa el espacio

Ómar Rincón, investigador, profesor y crítico de medios colombianos, ha dedicado buena parte de su trabajo a cuestionar la relación entre periodismo y poder. En una entrevista publicada por El Espectador el 30 de junio de 2024, en el contexto de las confrontaciones entre el entonces presidente Gustavo Petro y distintos medios y periodistas, Rincón  hizo una autocrítica al propio oficio: el afán por publicar breaking news, conseguir clics y privilegiar la opinión sobre la reportería ha contribuido a deteriorar la legitimidad y credibilidad del periodismo. Hecho que lo llevo a concluir que “Tal vez el periodismo debe defenderse de los periodistas”.

Ante una semana donde el vocero y prensa quedaron expuestos, esta reflexión me parece indispensable, porque una cosa es defender la libertad de prensa frente a los excesos del poder y otra muy distinta defender cualquier contenido publicado bajo el argumento de que proviene de un medio de comunicación.

La libertad de expresión protege el ejercicio periodístico, pero no convierte automáticamente en periodismo todo aquello que se publica. Y aquí aparece una coincidencia con algo que el propio Antonio Martínez Velázquez ha planteado: “la prensa se regula con la prensa”. Si esa es la premisa, entonces la autorregulación tendría que traducirse en mejores procesos de verificación, diversidad de fuentes, correcciones cuando existen errores y mayor exigencia profesional dentro de las redacciones… Sin embargo, ¿el gobierno está listo para ello?

En Tlaxcala, esa conversación debería abrirse sin miedo, y yo misma lo reflexiono desde el medio que hoy dirijo: ¿Cuánto invertimos los medios en capacitar a nuestros periodistas? ¿Cuánto tiempo tenemos para investigar? ¿Cuántas redacciones contamos con editores que revisen información sensible? Porque si un periodista debe producir una cantidad determinada de contenidos sin condiciones para investigar, se genera un círculo perverso en donde se premia la cantidad, no la calidad; la velocidad, no la profundidad. Y cuando el incentivo está puesto en cuántas notas se producen, cuántos clics generan o cuánto contenido aparece en una página, el periodismo corre el riesgo de convertirse en una fábrica de contenidos.

El negocio también forma parte de esta conversación porque los medios necesitan sobrevivir, pero el modelo económico no puede terminar convirtiendo la publicación constante en el principal indicador de productividad. Lo mismo ocurre con el recurso público destinado a comunicación social, si el Estado distribuye recursos entre medios, debería existir una discusión transparente sobre los criterios utilizados. No se trata de que el gobierno decida quién hace buen periodismo —eso sería peligroso—, sino de establecer reglas públicas y medibles que no premien únicamente el alcance o la reproducción de mensajes institucionales y que permitan fortalecer a quienes realizan investigación, generan información propia y cumplen estándares profesionales.

Porque la relación entre prensa y poder también se juega en quién tiene capacidad para colocar los temas. El Gobierno puede definir sus prioridades y Martínez Velázquez puede llevar determinados asuntos al diálogo con los medios desde el ángulo que considere conveniente. Pero que esos temas terminen dominando la conversación pública no debería depender únicamente de lo que el gobierno quiera comunicar. Ahí tendría que aparecer el trabajo periodístico: cuestionar, contrastar, buscar otros ángulos, incorporar otras voces y llevar a la agenda aquello que el poder no necesariamente quiere discutir.

Si el propio vocero sostiene que “la prensa se regula con la prensa”, entonces los medios tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos exigir que el gobierno respete nuestra libertad mientras renunciamos a los estándares que deberían darle legitimidad a nuestro trabajo. De poco sirve indignarnos cuando un funcionario hace una mueca si después permitimos que una información sin verificar circule como noticia. La libertad de prensa necesita garantías del Estado, pero también necesita periodistas capaces de ejercerla con rigor.

Y aquí está quizá la parte más incómoda: si los medios no hacemos bien nuestro trabajo, dejamos un vacío. Y ese vacío lo ocupará y le favorecerá a alguien, que podría ser  al gobierno, las redes sociales, los intereses económicos o quienes tengan mayor capacidad para imponer una narrativa. Si el periodismo no verifica, no investiga y no construye sus propios ángulos, Antonio Martínez Velázquez —como cualquier funcionario con una estrategia de comunicación— seguirá teniendo una ventaja porque podrá colocar sus temas y conducirlos desde el ángulo que mejor convenga a su narrativa. Y eso no se combate pidiendo que el gobierno deje de comunicar, se combate haciendo mejor periodismo.

La congruencia también debería ser noticia

Hay una contradicción que el gremio debería mirar de frente. ¿Por qué les indigna el gesto de Martínez Velázquez, pero no les incomoda sentarse a desayunar con él cuando llegan las invitaciones por el Día del Periodista? Y si en estas líneas hay más que un ofendido, de antemano, no me disculpo. En el ejercicio periodístico, también hay que tener congruencia.

No estoy diciendo que asistir a un desayuno convierta a un periodista en oficialista, tampoco que recibir un reconocimiento implique renunciar a la independencia. Lo que planteo es algo más sencillo: si la relación entre prensa y poder debe ser objeto de escrutinio cuando existe una confrontación, también debería serlo cuando existe cercanía.

Los desayunos por el Día del Periodista, los reconocimientos, las fotografías con funcionarios y otros encuentros con el gobierno rara vez generan la misma discusión sobre independencia que provoca un desencuentro entre un periodista y una autoridad. La independencia editorial no puede ser un principio que invocamos únicamente cuando el poder nos incomoda, también debería operar cuando el poder nos invita, nos reconoce, nos fotografía o nos beneficia económicamente.

La congruencia también debería formar parte del debate sobre el derecho de las audiencias.

La audiencia no sólo necesita saber qué piensa un gobierno sobre los medios, también necesita tener razones para confiar en que los medios que le cuentan lo que ocurre mantienen criterios profesionales, incluso cuando existe una relación institucional o económica con el poder.

El golpe bajo: Los medios homofóbicos

Después de la polémica alrededor de Antonio Martínez Velázquez, parte de la conversación pública derivó en comentarios homofóbicos relacionados con su orientación sexual. No me permito escribir esta columna de opinión sin señalar una forma de violencia que también ha sido legitimada y amplificada desde algunos espacios de comunicación: la homofobia. Desde Escenario Tlaxcala sostenemos que una cosa es cuestionar el comportamiento de un funcionario en el ejercicio de su cargo y otra muy distinta utilizar su orientación sexual como argumento para atacarlo.

La crítica periodística debe dirigirse siempre a sus actos públicos: sus decisiones, sus declaraciones, sus posturas y la forma en que ejerce una responsabilidad gubernamental. La orientación sexual de Martínez Velázquez no tiene ninguna relación con la calidad de una pregunta, con su desempeño como funcionario ni con las decisiones que toma desde el gobierno… y mucho menos, debería importarnos.

Regreso a la responsabilidad que los medios tenemos ante una situación así, pues vi a algunos colegas reproduciendo titulares para reforzar más la violencia digital por su orientación sexual. Esos titulares provocan que la prensa caiga en una de las formas más bajas y ruines de la confrontación pública, porque no se cuestiona al poder; se reproducen prejuicios y así deterioramos nuestra propia profesión y debilitamos la credibilidad del trabajo que hacemos.

El periodismo puede ser duro, incómodo y profundamente crítico. Puede exhibir contradicciones, cuestionar decisiones y confrontar al poder con información. Pero hacerlo desde la homofobia no es periodismo crítico, es discriminación. Y si realmente queremos  posicionarnos con la defensa de los derechos de las audiencias, también tenemos que defender su derecho a recibir información libre de prejuicios y violencia.

La autocrítica no debilita al periodismo, lo fortalece

La discusión sobre los derechos de las audiencias no debería convertirse en una disputa entre gobierno y medios.

El Estado tiene diversas responsabilidades como la de facilitar las condiciones para que la prensa local pueda hacer su trabajo, garantizar el acceso a la información, fortalecer la transparencia y abrir espacios periódicos en los que la gobernadora esté dispuesta a responder directamente a las preguntas de los periodistas en condiciones dignas. Si queremos un periodismo más profesional, también necesitamos instituciones que permitan ejercerlo y que desde el ejecutivo, haya respuestas.

Al igual, los medios tenemos una responsabilidad igual de importante: verificar, investigar, contrastar, contextualizar y corregir. No podemos exigirle al poder que respete nuestro trabajo si nosotros mismos renunciamos a los estándares que deberían sostenerlo.

Quizá por eso la discusión sobre los derechos de las audiencias representa una oportunidad para preguntarnos qué periodismo queremos construir y qué condiciones necesitamos para hacerlo. Una ciudadanía bien informada necesita periodistas capaces de cuestionar al poder, pero también gobiernos dispuestos a responder, transparentar y dejarse ver.

Una democracia necesita libertad de prensa, pero también necesita rigor periodístico. Y si, como plantea Ómar Rincón, el periodismo también debe defenderse de los periodistas, quizá el primer paso sea reconocer que hacer mejor nuestro trabajo también es una forma de defenderlo.