Rodrigo Paz y los nueve gobernadores firmaron un acuerdo clave en la víspera del aniversario de la independencia de Bolivia

En la víspera del 201 aniversario de Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país firmaron un acuerdo para dar inicio a la transformación de las autonomías que básicamente implica modificar el esquema de competencias y de distribución de recursos.

Lo que el presidente Paz presentó como la “Agenda 50-50” durante su campaña electoral, dio su primer paso anoche con un acto más simbólico que técnico: acordaron iniciar el proceso para “alcanzar acuerdos” sobre temas prioritarios que incluyen autonomía tributaria, fortalecimiento de ingresos propios, poder decisión en favor de las regiones para la gestión presupuestaria, competencias, criterios de distribución de ingresos fiscales, acceso a financiamiento , entre otros.

El mandatario afirmó que el pacto trasciende su gestión gubernamental y representa una decisión política para impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en la participación regional.

“Empieza una patria donde las autonomías, donde el desarrollo, donde las regiones tendrán preponderancia, y haremos el esfuerzo; nosotros vamos a culminar con el ciclo del centralismo, de forma ordenada, 50/50, que sea de forma ordenada para que el país tenga certidumbre, tenga seguridad de que estamos en el camino correcto”, afirmó el presidente tras la suscripción del acuerdo en la histórica Casa de la Libertada en Sucre.

El documento suscrito plantea desafíos y un largo camino legal para desmontar el marco legal existente y crear uno nuevo para establecer qué dinero se va a repartir, en qué proporción y bajo qué criterios de responsabilidad.

“Lo que hagamos a partir de ahora en coordinación del Gobierno Nacional con las nueve gobernaciones será el futuro de los siguientes 100 años de la patria”, expresó el presidente al finalizar el encuentro, en medio tanto de aplausos como de abucheos.

Bolivia es un Estado autonómico desde 2009, cuando la nueva Constitución Política del Estado, impulsada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), incorporó un modelo de descentralización política y administrativa que respondió a décadas de demandas regionales, especialmente de los departamentos del oriente y sur del país.

A comienzos de los años 2000, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija encabezaron un movimiento -al que se denominó “media luna” por su forma geográfica- que reclamaba mayor control sobre sus recursos naturales, sus ingresos y la gestión pública, en medio de una fuerte confrontación con el Gobierno central.

Tras años de tensión política, la Constitución reconoció cuatro niveles de autonomía: departamental, municipal, regional e indígena originario campesina, cada uno con competencias específicas y autoridades elegidas por voto.

Sin embargo, muchos en Bolivia cuestionan el equilibrio que plantea este modelo entre la descentralización y el poder del nivel central; y las dificultades de gestión que genera con competencias concurrentes en algunos temas.

Las gobernaciones administran áreas como infraestructura vial, salud de tercer nivel y desarrollo productivo regional, mientras los municipios tienen competencias en servicios básicos, educación inicial, salud primaria y ordenamiento territorial. En tanto, las autonomías indígenas y regionales han avanzado con mayor lentitud debido a complejos procesos de conversión y limitaciones presupuestarias.

Aunque el proceso autonómico amplió la capacidad de decisión de los gobiernos locales, persisten reclamos por una mayor autonomía fiscal y por una distribución más equitativa de los recursos públicos, lo que dio lugar a la propuesta “50-50” del presidente Paz que hoy enfrenta la hora de las primeras decisiones.