Víctima veracruzana de violencia vicaria lleva su testimonio ante la CIDH para exigir justicia

Juan David Castilla

La activista y defensora veracruzana Elisa María Zaldívar Barcelata llevó la voz de las madres víctimas de violencia vicaria en el país al participar en la audiencia pública temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Washington, Estados Unidos. 

Durante su intervención ante los comisionados, Zaldívar Barcelata expuso con crudeza la persecución institucional, la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto que padeció como parte de una estrategia sistemática de despojo de sus hijos y de criminalización impulsada por su expareja en complicidad con los aparatos de procuración de justicia.

Zaldívar Barcelata, quien enfrentó un proceso plagado de irregularidades que la llevó a estar privada de su libertad en Cancún, Quintana Roo, visibilizó cómo los agresores aprovechan los vacíos legales y la colusión de funcionarios ministeriales para fabricar carpetas de investigación en contra de las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género. 

Su testimonio directo sirvió para respaldar la denuncia colectiva presentada por organizaciones de la sociedad civil, las cuales documentaron ante el organismo internacional que el sistema judicial en México no solo omite proteger a las madres, sino que se ha convertido en el principal instrumento ejecutor de daños psicológicos y patrimoniales.

Frente a los integrantes del organismo internacional, la ponente veracruzana detalló que la violencia vicaria no constituye un conflicto privado de carácter familiar, sino una manifestación extrema de violencia estructural que requiere de la intervención urgente de los mecanismos de protección internacional. 

Explicó que la estrategia de los agresores consiste en multiplicar los procedimientos jurídicos en diversos juzgados y fiscalías para desgastar emocional y económicamente a las víctimas, utilizando peritajes sin sustento científico y conceptos obsoletos como la supuesta alienación parental para justificar el retiro de la guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes.

La participación de la activista en el foro interamericano se sumó a los argumentos expuestos por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, cuyos representantes señalaron que más del 90 por ciento de las madres que denuncian esta modalidad de agresión terminan siendo imputadas penalmente o sujetas a indagatorias ministeriales por presunto incumplimiento de obligaciones o violencia familiar simulada. 

En este contexto, Zaldívar Barcelata enfatizó que el caso vivido en carne propia refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de mujeres en el estado de Veracruz y en el resto del país ante la falta de perspectiva de género de los operadores jurídicos.

Durante la sesión temática, las organizaciones peticionarias exigieron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita un pronunciamiento conjunto a través de sus relatorías especializadas en los derechos de las mujeres y de la niñez. 

Requirieron además que se solicite al Estado mexicano un informe detallado sobre el número de carpetas de investigación abiertas por violencia vicaria, la cantidad de mujeres procesadas injustamente y el presupuesto etiquetado para erradicar este fenómeno. 

Asimismo, insistieron en la necesidad imperiosa de crear un registro nacional único, público y homologado que permita visibilizar la magnitud real de la problemática en las distintas entidades federativas.

Entre las recomendaciones planteadas al Estado mexicano destaca la solicitud de armonizar la legislación federal y local para tipificar la violencia vicaria como un delito autónomo, dotándolo de elementos objetivos precisos y delimitando correctamente al sujeto activo, en contraste con la actual reforma de enero de 2024 que la redujo a una simple agravante del delito de violencia familiar. 

Además, se demandó la prohibición expresa del uso de la alienación parental en cualquier sede judicial, ministerial o pericial del país, así como la implementación obligatoria de programas de capacitación con perspectiva de género e infancia para jueces, magistrados, fiscales y peritos.

La intervención de Elisa María Zaldívar Barcelata concluyó con un llamado enérgico para que las autoridades federales y estatales revisen de manera inmediata los expedientes de las madres que continúan criminalizadas o privadas de su libertad por defender el vínculo materno-filial, advirtiendo que la impunidad institucional perpetúa el ciclo de violencia y consolida la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sistemática de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.

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