El 28 de julio y la deuda pendiente con el gas del Perú

El primer mensaje presidencial de un nuevo gobierno siempre genera expectativas. Los peruanos esperamos conocer las prioridades que marcarán el rumbo del país durante los próximos años. Sin embargo, más allá de los anuncios sobre seguridad, salud o educación, existe una decisión que puede definir buena parte de nuestro futuro económico: la política energética y, particularmente, la masificación del gas natural.

Si el nuevo gobierno apuesta por el crecimiento económico, la inversión privada y la reducción de la pobreza, el gas debe convertirse en una prioridad nacional. No hablamos únicamente de un recurs energético; hablamos de una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, fortalecer la competitividad de nuestras empresas y reducir las enormes brechas de desarrollo que aún existen entre Lima y las regiones.

Resulta paradójico que, después de más de veinte años de la puesta en marcha de Camisea, el Perú continúe discutiendo cómo masificar el gas natural. Más aún cuando la propia región productora (Cusco) sigue esperando que esa riqueza se traduzca en bienestar para su población.

Una familia que accede al gas natural reduce significativamente su gasto mensual en energía, dispone de más recursos para educación, alimentación o salud y mejora su calidad de vida.

Pero el beneficio más importante se encuentra en el aparato productivo. La energía representa uno de los principales costos para la industria, la agroindustria, la minería formal, el turismo, la hotelería y el transporte. Disminuir esos costos significa producir más barato, ser más competitivos, atraer nuevas inversiones y generar empleo formal. En otras palabras, el gas natural no solo mejora la economía de las familias; también fortalece la economía del país.

Por ello, el mensaje presidencial del próximo 28 de julio debería contener decisiones concretas y no nuevas promesas. Esperamos el destrabe definitivo de la adenda que permitirá ampliar la distribución del gas hacia nuevas regiones, acelerando inversiones largamente esperadas por miles de hogares y empresas.

Asimismo, el país necesita una definición clara sobre el abastecimiento energético del sur. Todos compartimos el objetivo de llevar gas al sur peruano, pero también debemos reconocer que el Gasoducto Sur Peruano enfrenta una compleja realidad jurídica derivada de arbitrajes internacionales, controversias contractuales y los efectos de los casos de corrupción. El nuevo Gobierno debe transparentar el escenario y presentar una solución técnicamente viable, jurídicamente sólida y financieramente sostenible. Lo que el país ya no puede permitirse es seguir acumulando años de incertidumbre.

También esperamos señales claras respecto al fortalecimiento de la seguridad jurídica. La inversión en infraestructura energética requiere estabilidad regulatoria, simplificación de la tramitología y respeto por los contratos. Sin esas condiciones será muy difícil atraer el capital necesario para desarrollar los grandes proyectos que el Perú necesita.

No podemos ignorar que durante los últimos años la agenda energética perdió prioridad. Mientras otros países fortalecían su infraestructura y aprovechaban sus recursos para impulsar la industrialización, el Perú quedó atrapado entre decisiones postergadas, confrontaciones políticas y una agenda legislativa que, en muchos casos, generó más incertidumbre que soluciones. La Comisión de Energía y Minas del saliente Congreso tampoco logró liderar una visión estratégica para el sector y, en diversos momentos, el debate terminó influenciado por intereses alejados del desarrollo formal del país, particularmente aquellos vinculados a la expansión de la minería ilegal. El nuevo Gobierno tiene ahora la oportunidad de corregir ese rumbo.

El Perú necesita comprender que la energía no es un tema exclusivamente técnico, es una política de competitividad, de descentralización y de desarrollo social.

No habrá industrias más fuertes sin energía competitiva. No habrá regiones más prósperas si quienes producen el recurso continúan siendo los últimos en beneficiarse de él. Y no habrá una reducción sostenible de la pobreza si millones de familias siguen pagando más por una energía que el propio país tiene y produce.

El 28 de julio no esperamos un discurso más sobre el potencial del gas natural. Esperamos una decisión política que convierta ese potencial en una verdadera política de Estado. Porque la riqueza de Camisea no debe medirse por los millones de pies cúbicos que extraemos, sino por las empresas que logramos hacer más competitivas, por los empleos que generamos, por las familias que reducen sus gastos y por la calidad de vida que somos capaces de construir para millones de peruanos.

El Perú ya no necesita otro diagnóstico. Necesita decisiones. Y pocas tendrán un impacto tan profundo sobre el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de las próximas generaciones como aquellas que el nuevo Gobierno adopte respecto al gas natural.