Destrucción del patrimonio arqueológico
Uno de los mayores daños que hizo al País el Gobierno del presidente López Obrador (2018-2024) fue la destrucción del patrimonio arqueológico en el Sureste de México, con la construcción del Tren Maya, que también implicó arrasar con 20 000 000 de árboles, y destruir cenotes y ríos subterráneos que habían permanecido sin haber sido tocados.
La acción destructiva de López Obrador remite a tiempos de la colonia en el siglo XVI, y se compara con la destrucción del patrimonio que tuvo lugar en esos años. Ahora se han devastado zonas arqueológicas que habían sobrevivido al impacto de algunos de los conquistadores y los frailes.
En días pasados, un grupo de arqueólogos e investigadores del INAH han presentado una denuncia en contra de la aberración arqueológica, que impulsa esa institución de construir parques arqueológicos con elementos arquitectónicos de las zonas destruidas y llevarlos fuera de su lugar de origen.
La denuncia penal comprende el desmantelamiento y alteración de por lo menos 47 monumentos prehispánicos de la Cultura Maya. En la demanda se sostiene “que de la conducta delictiva consiste en presentar 47 monumentos nuevos construidos con algunos elementos antiguos, como monumentos arqueológicos originales simulando su conservación mediante una reubicación”.
Los demandantes, integrantes del INAH, acusan a la institución de delito “de lesa arqueología” en los documentos que presentaron ante la FGR. La denuncia ofrece pruebas incuestionables sobre la destrucción arqueológica y el proyecto de construcción de parques, al estilo de Disneylandia, para salvaguardar lo ya destruido y sacarlo de su sitio original, lo que altera los espacios tal como existieron y rompe con las posibilidades de la investigación de campo.
Quienes denuncian, acusan a sus compañeros del INAH, que se sometieron a las instrucciones de destrucción que en su momento vinieron del propio presidente López Obrador, que sean ellos los principales destructores de este patrimonio, cuya misión es proteger y conservar.
Esos funcionarios, en su momento llevaron adelante, 500 años después, “actos que los conquistadores no concluyeron, retirar y arrancar las piedras a los basamentos piramidales, las piedras de las fachadas para con eso ir a construir edificios nuevos que quieren mostrarle al turista como edificios originales”.
La denuncia contempla, entre otros, al arqueólogo Diego Prieto, que en el momento de la destrucción dirigía el INAH, que al final es el responsable directo de este crimen a la Nación y a su historia, y al arqueólogo Manuel Pérez Rivas, quien dirige la construcción de los nuevos parques temáticos, en el modelo Disneylandia.
Los investigadores del INAH que hacen la denuncia sostienen que durante la construcción del Tren Maya se destruyeron 502 sitios arqueológicos, que convierten a López Obrador, que dice admirar las culturas prehispánicas, en uno de sus mayores destructores de la historia de estas civilizaciones, en particular de la Maya.
El daño irreparable está hecho, y lo único que ahora se puede hacer es tratar de amortiguarlo, con denuncias como la que ahora se hace. Lo más probable es que la FGR, que es una oficina de partes de la Presidencia de la República, no sólo no haga nada, sino que defienda como un bien, la destrucción del patrimonio arqueológico, que realizó el Gobierno anterior, y que el actual continúa.
El Imparcial
