El mapa secreto de México sobre los escritorios de Washington

Apuntaba hace unos días en mi blog de Nexos, “Cadena de Mando”, que Michoacán se ha convertido en una prioridad estratégica para Washington, dada la cantidad inusual de acciones que sus agencias han realizado en la entidad, desde acusaciones penales, sanciones financieras y operaciones de inteligencia militar y policial para ejecutar arrestos y abatimientos, hasta decomisos de droga y anuncios de nuevas designaciones, como la de la semana pasada contra Los Viagras como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Michoacán forma parte del corredor Jalisco-Michoacán-Colima, de carácter estratégico para la economía de América del Norte.

¿Existen otros corredores logísticos que también están recibiendo actualmente una atención especial por parte de las autoridades estadounidenses? Si observamos conjuntamente las decisiones adoptadas durante el último año por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la DEA, el FBI y otras agencias federales, emerge un patrón territorial que hasta ahora no había sido identificado.

Vista en conjunto, la evidencia anterior permite sugerir que la unidad del análisis territorial estadounidense en materia de seguridad empieza a desplazarse del cártel hacia el corredor estratégico. Este cambio revela una evolución del concepto estadounidense de seguridad nacional. Durante décadas, el objetivo esencial consistió en impedir que las drogas llegaran al mercado norteamericano. Hoy la preocupación parece haberse ampliado hacia la protección de la infraestructura económica crítica de América del Norte: puertos, corredores ferroviarios, cruces fronterizos, cadenas manufactureras, sistemas energéticos y exportaciones agroalimentarias indispensables para el funcionamiento del T-MEC y del proceso de relocalización industrial. Desde esa perspectiva, los corredores donde convergen infraestructura crítica y presencia criminal adquieren un valor estratégico superior.

Además del corredor Jalisco-Michoacán-Colima, un segundo espacio que parece adquirir prioridad es el corredor Sinaloa-Sonora-Baja California. Aquí convergen las investigaciones contra Los Chapitos y Los Mayos, las acusaciones por narcoterrorismo, las sanciones económicas contra operadores y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y la presión creciente sobre las rutas que conectan los laboratorios de drogas sintéticas con los cruces fronterizos de Sonora y Baja California.

Este corredor no solo concentra buena parte de la producción de fentanilo y metanfetamina destinada al mercado estadounidense. También constituye una de las principales puertas de acceso a California y Arizona, dos estados fundamentales para la economía norteamericana. La ofensiva parece orientarse simultáneamente contra laboratorios, redes financieras, estructuras empresariales y sistemas logísticos, más que exclusivamente contra individuos específicos.

El tercer corredor se localiza en el noreste del país: Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila. Su importancia estratégica trasciende ampliamente al narcotráfico. Por esta región circula una parte sustancial del comercio terrestre entre México y Estados Unidos. Nuevo Laredo representa el principal puerto terrestre del continente; Reynosa y Matamoros conectan directamente con algunos de los polos industriales más dinámicos de Texas, y la infraestructura energética y aduanal convierte a este corredor en un punto crítico para el comercio bilateral.

Las designaciones terroristas del Cártel del Noreste y del Cártel del Golfo, junto con el creciente interés estadounidense por el contrabando de combustibles, el tráfico de armas y las redes transfronterizas de lavado de dinero, sugieren que Washington empieza a observar esta región como un componente esencial de la seguridad comercial y energética de América del Norte.

Finalmente aparece un cuarto corredor cuya importancia probablemente aumentará durante los próximos meses: Chihuahua-Ciudad Juárez-El Paso. La reciente incorporación del Cártel de Juárez al régimen de Organizaciones Terroristas Extranjeras constituye una señal particularmente significativa. Ciudad Juárez no solo representa uno de los cruces fronterizos históricos del narcotráfico mexicano; forma parte de uno de los complejos manufactureros binacionales más importantes del continente. Las cadenas de suministro que unen Chihuahua con Texas constituyen un elemento central de la integración industrial norteamericana.

Estas observaciones no significan que Washington haya abandonado la lógica tradicional de combatir organizaciones criminales. Los cárteles continúan siendo el objeto inmediato de las investigaciones. Lo novedoso parece ser otra cosa: la creciente coincidencia territorial entre actuaciones desarrolladas por distintas agencias federales sobre espacios económicos particularmente sensibles para Estados Unidos.

Si esta interpretación es correcta, estaríamos observando una transformación silenciosa pero profunda, la cual podría constituir la principal innovación de la política estadounidense hacia México. No la persecución de un nuevo cártel, sino la territorialización de su estrategia de seguridad. Si esa tendencia se consolida, los mapas utilizados por los analistas de seguridad dejarán de organizarse exclusivamente alrededor de grupos criminales y empezarán a parecerse, cada vez más, a los mapas de la integración económica de América del Norte.