Fallan cargos de ICE por agresión

En su ofensiva migratoria a nivel nacional, la administración Trump ha presentado cargos contra cientos de personas por agredir u obstruir a agentes federales. El presidente Donald Trump los ha calificado de "insurrectos", "animales" y "matones", como parte de un esfuerzo más amplio de su administración por presentar a manifestantes e inmigrantes como delincuentes violentos.

Pero un examen detallado de esos casos revela que, en su prisa por cumplir con las exigencias de la Casa Blanca en materia de deportaciones, las fuerzas del orden federales han incurrido en una amplia mala conducta, que va desde atacar a manifestantes hasta destruir evidencia y tergiversar hechos ante los tribunales.

The New York Times encontró que la administración Trump ha presentado cargos por agresión contra más de 550 personas atrapadas en su redada migratoria, muchas más de lo que se sabía anteriormente. De los más de 400 casos resueltos hasta ahora, casi la mitad se han desmoronado: jurados absolvieron a los acusados, jueces desecharon los cargos, o los fiscales los retiraron.

El historial es pésimo, conforme a los estándares habituales de los procesos federales: el Departamento de Justicia rara vez pierde casos penales, ya que más del 90% de los acusados se declaran culpables o son condenados en juicio.

The Times obtuvo los documentos judiciales de cada caso de agresión, revisó transcripciones de audiencias, entrevistó a testigos y a funcionarios federales, y vio videos de decenas de encuentros que derivaron en cargos penales. La revisión, la más exhaustiva hasta la fecha, sugiere que el uso de la ley por parte de la administración ha tenido menos que ver con proteger a los agentes federales que con proporcionar una cobertura legal para intimidar a manifestantes e inmigrantes y obligarlos a someterse.

"Parece haber un patrón de cargos presentados sin ningún fundamento", dijo Jimmy L. Arce, exfiscal federal en Chicago que formó parte de una comisión que investigó las redadas migratorias en esa ciudad el año pasado. Agregó que a algunos acusados "se les estaba criminalizando su expresión por parte de la fiscalía federal".

A principios de este año, la administración Trump moderó algunas de sus tácticas más confrontativas, lo que derivó en menos cargos por agresión. Pero recientemente inició una nueva y agresiva ola de operativos, en la que agentes mataron a dos inmigrantes en Texas y Maine. Con cientos de casos ya resueltos, ahora es posible evaluar de manera más completa la conducta y los resultados de la administración.

En la mitad de los casos de agresión que terminaron a favor del gobierno, casi todos fueron declaraciones de culpabilidad. El análisis de The Times sobre los 213 casos que el gobierno perdió o abandonó encontró que:

— En decenas de casos, registros judiciales y videos muestran que fueron los agentes federales quienes primero recurrieron a la fuerza física, incluyendo empujones, derribos o el uso de gas pimienta contra los acusados. Muchos acusados argumentaron con éxito que las supuestas agresiones fueron en realidad actos de legítima defensa.

— Jueces reprendieron en repetidas ocasiones a fiscales y agentes de inmigración por mala conducta, incluyendo la distorsión de hechos y la ocultación de evidencia. Dos jueces determinaron que agentes destruyeron evidencia de manera deliberada, incluyendo ordenar a un acusado que borrara fotografías de su celular.

— Oficiales presentaron cargos contra más de dos decenas de personas que grababan o seguían a los agentes, a menudo mientras tocaban el claxon de sus autos, soplaban silbatos o gritaban advertencias como: "¡Ahí viene la migra!". No hubo ninguna acusación de contacto físico con los agentes.

— En más de 100 casos, los fiscales no alegaron que ningún agente hubiera resultado herido. En al menos otros siete casos, las lesiones de los oficiales fueron causadas por sus propias acciones o las de sus colegas. Por ejemplo, un juez desechó el otoño pasado cargos por agresión contra un inmigrante, al determinar que el agente involucrado había sido cortado por fragmentos de vidrio de la ventanilla de un automóvil que él mismo había roto.

— En 65 ocasiones, los fiscales abandonaron o redujeron los cargos justo antes de cumplir con el plazo para presentar evidencia ante un gran jurado o un juez. Exfiscales dijeron que este patrón de retirada rápida era inusual y señalaba que esos casos nunca debieron haberse presentado.

La estrategia de la administración Trump se apoya en un estatuto antes poco conocido, el 18 USC 111, que tipifica como delito federal agredir u obstruir por la fuerza a un funcionario del gobierno. Los castigos van desde una multa hasta 20 años de prisión.

Durante décadas, los fiscales utilizaron esta ley con moderación. Una excepción fue cuando la administración Biden la invocó para presentar cargos contra cientos de personas involucradas en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los fiscales tuvieron un historial perfecto de condenas en esos casos, hasta que Trump regresó al cargo y emitió indultos generales.

Conforme los esfuerzos de la administración Trump por detener a inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos encontraron resistencia el año pasado, los funcionarios adoptaron una interpretación amplia del estatuto de agresión como una forma de arrestar y procesar a personas que se interponían en el camino de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. La dependencia del gobierno en este estatuto se volvió tan grande que, en ocasiones, los agentes gritaban "18 USC 111" mientras forcejeaban y realizaban arrestos.

Lauren Bis, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se negó a comentar sobre incidentes específicos, pero dijo que "no debería sorprender que haya un aumento en las remisiones penales bajo el 18 USC 111, ya que ha habido un aumento masivo en la violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden federales".

Wyn Hornbuckle, vocero del Departamento de Justicia, coincidió. "Los fiscales federales tienen razón al dar prioridad a estos procesos y hacer que las personas rindan cuentas con todo el peso de la ley", dijo, y agregó que en ocasiones los fiscales reducían o retiraban cargos con base en "factores atenuantes identificados en un caso". Otro funcionario del Departamento de Justicia dijo que, en algunos casos, los fiscales retiraron cargos cuando los acusados fueron deportados.

Gregory Bovino, el excomandante itinerante de la Patrulla Fronteriza que defendió el uso de tácticas de mano dura contra manifestantes e inmigrantes, fue más directo. Dijo en una entrevista que demasiados fiscales federales "inútiles" se acobardaron al abandonar casos de agresión. Y consideró que debieron haberse procesado a más manifestantes e inmigrantes.

"Estábamos siendo demasiado cautelosos sobre a quién le presentábamos cargos bajo el 18 USC 111", dijo.

En ocasiones, oficiales sí resultaron gravemente heridos por manifestantes o inmigrantes, encontró The Times. En junio de 2025, Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un delincuente sexual que se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos, arrancó su automóvil mientras un agente federal tenía un brazo dentro de la ventanilla del auto. El agente —quien meses después mataría a la manifestante Renee Good en Minnesota— fue arrastrado alrededor de 91 metros (100 yardas).

Muñoz-Guatemala es una de solo cuatro personas, dentro del análisis de The Times, condenada por un jurado. Los otros 22 que enfrentaron juicio con jurado fueron absueltos. A casi otras 200 personas se les desecharon los cargos, incluidas dos madres de Charlotte, Carolina del Norte.

"Necesitamos ayuda ahora mismo"

Tatyana Reisini y su amiga Kristen Roos estaban acorraladas. Un grupo de hombres armados, algunos con máscaras, había rodeado su automóvil en una calle sin salida. Las mujeres le gritaban a una operadora del 911 pidiendo ayuda.

Esa mañana de noviembre, las dos jóvenes madres se dirigían a un mercado navideño en Charlotte. Vieron un automóvil lleno de agentes de inmigración entrando al estacionamiento de un centro comercial al aire libre.

La Operación Charlotte's Web, como se conoció a la redada migratoria en la ciudad, se dio después de un operativo sangriento y de alto perfil en Chicago. Reisini, de 36 años, y Roos, de 33, estaban alerta ante lo que pudiera ocurrir en Carolina del Norte.

Reisini, ciudadana estadounidense de ascendencia ecuatoriana, y Roos habían estado organizándose junto con otras madres de la localidad para estar atentas a la presencia de agentes de inmigración. Así que se dirigieron al estacionamiento, deteniéndose a unos 18 metros (20 yardas) de los vehículos gubernamentales. Otros manifestantes ya se habían reunido ahí. Todos comenzaron a gritarles a los agentes.

Después de unos minutos, los agentes colocaron sus vehículos frente y detrás de la camioneta SUV Acura de Reisini, dijo ella. Varios agentes bajaron. Roos recordó que les gritaban a ella y a Reisini que se fueran y que "trataban de asustarnos". Las mujeres condujeron hacia otra parte del estacionamiento y observaron cómo los agentes acorralaban el automóvil de otra manifestante.

Los agentes finalmente se retiraron, y Reisini y Roos retomaron su camino hacia el mercado navideño, deteniéndose en un punto para avisarle a un residente que había oficiales federales cerca.

Pronto las mujeres se dieron cuenta de que dos autos sin distintivos las estaban siguiendo. Llamaron al 911. Una operadora les dijo que buscaran la gasolinera o estación de policía más cercana, pero no sabían dónde había alguna.

En cambio, terminaron en la calle sin salida. Entraron a la entrada de vehículos de un desarrollo habitacional. Los autos sin distintivos las bloquearon.

"Necesitamos ayuda ahora mismo", exclamó Reisini a la operadora del 911. "¡Nos van a [insulto omitido] lastimar!"

En ese momento, un agente comenzó a romper la ventanilla del lado del conductor, con el cañón de su rifle, el cual apuntaba hacia Reisini, de acuerdo con un video grabado por un residente cercano.

Las mujeres estaban aterradas; sus gritos se pueden escuchar en la grabación del 911.

"No hicimos nada", dijo Reisini.

"Sí lo hicieron", respondió un agente. "Obstruyeron. 18 USC 111. Conducción errática".

Abogados dijeron que se trataba de una interpretación errónea del estatuto, el cual especifica que se aplica cuando las personas usan o amenazan con usar la fuerza. "No basta con demostrar que pudieron haber estado interfiriendo con lo que sucedía", dijo Carissa Hessick, profesora de derecho en la Universidad de Carolina del Norte.

Reisini y Roos fueron sacadas del automóvil, y sus manos fueron atadas con cinchos de plástico detrás de la espalda. Un agente notó un asiento infantil en el auto de Reisini y comentó de manera sarcástica que debía ser una madre "estelar", recordó ella.

Reisini respondió que, de hecho, sí era una madre estelar, y que por eso protestaba contra agentes a quienes consideraba estaban separando familias en su comunidad.

Las mujeres fueron llevadas al edificio local del FBI, donde pasaron varias horas confinadas y finalmente recibieron citatorios que las acusaban de violar el 18 USC 111.

Bovino, quien dirigía el operativo en Charlotte, compartió una publicación en redes sociales de una cuenta de extrema derecha que llamaba a las mujeres "terroristas liberales", y elogió lo que llamó "excelentes arrestos por agresión". Sin embargo, los cargos eran tan débiles que la fiscalía federal en Charlotte finalmente los retiró.

Al preguntársele sobre el uso, por parte del agente, del cañón de su rifle para romper la ventanilla de Reisini, Bovino dijo que no le preocupaba el riesgo para los ocupantes del automóvil. "Me preocupa más que el oficial resulte herido o muerto, o que el público resulte herido o muerto, no necesariamente el sospechoso", dijo.

Empujado por Bovino

La ofensiva de Bovino pronto se trasladó a Minneapolis.

El 7 de enero, horas después de que Good fuera asesinada, Quentin Williams, asistente de educación especial en una preparatoria a unas 5 kilómetros (3 millas) de distancia, ayudaba a dirigir a los estudiantes hacia sus transportes después de clases.

Vio a un grupo de agentes federales que habían entrado al plantel mientras arrestaban a alguien. Williams se acercó a una multitud que se había reunido para observar. Algunos les gritaban a los agentes o los grababan.

Bovino corrió hacia Williams y lo empujó, muestran los videos. En el forcejeo que siguió, agentes lo jalaron del cabello, lo derribaron y, según él, lo asfixiaron.

"No pude evitar pensar en George Floyd", escribió Williams más tarde ese mismo día, al dejar constancia del incidente. "Temí muchísimo por mi vida".

Bovino dijo que Williams formaba parte de un grupo de "alborotadores y anarquistas" que no siguieron las órdenes de las fuerzas del orden.

Williams fue arrestado, llevado a un edificio federal y liberado ese mismo día. Los agentes le dijeron que se pondrían en contacto con él.

Unas dos semanas después, la fiscalía federal en Minneapolis presentó cargos contra Williams y otras 15 personas por violar el 18 USC 111. Pam Bondi, entonces fiscal general, anunció los cargos en redes sociales, publicando fotografías de Williams y otros acusados esposados, quienes, según ella, "se resistían y obstruían a nuestros agentes federales de la ley". Citó el estatuto, pero omitió la parte que especifica que aplica cuando las personas interfieren "por la fuerza".

En una declaración jurada, un investigador del Departamento de Seguridad Nacional dijo que un agente presente en la escena había visto a Williams tratar de agarrar y levantar a un agente de la Patrulla Fronteriza, una afirmación que Williams negó y que no fue respaldada por el video del incidente que The Times revisó.

La fiscalía federal después redujo el cargo a un delito menor y finalmente retiró el caso por completo.

The Times identificó numerosos otros casos en los que se acusó a personas de agresión, aun cuando fueron los oficiales quienes al parecer utilizaron la fuerza física primero.

Uno involucró a Jaime Díaz, un hombre hondureño que se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos y que fue arrestado en julio pasado durante un retén de tránsito en Laredo, Texas. Los fiscales lo acusaron de agresión, al decir que había golpeado a un oficial de la Patrulla Fronteriza "dos o tres veces". Pero durante su juicio, un video de cámara corporal mostró a Díaz, quien es de complexión delgada y mide menos de 1.52 metros (5 pies), siendo agarrado del cuello, derribado al suelo y golpeado por el oficial, mucho más corpulento, mientras este intentaba esposarlo.

Un jurado federal absolvió a Díaz en noviembre. Después fue programado para su deportación.

"En el pasado, este oficial podría haber sido procesado, con base en las cámaras corporales", dijo su abogado, Roberto Balli. "Y en cambio, tenemos a mi cliente siendo procesado".

Una vocera de la fiscalía federal en el sur de Texas dijo que Díaz golpeó al oficial con el codo. "El jurado sí absolvió al acusado, pero fue un proceso justificado", dijo.

En más de 20 casos que el gobierno perdió o abandonó, manifestantes e inmigrantes argumentaron que lo que el gobierno calificó de agresión fue, en realidad, legítima defensa.

En mayo de 2025, Josefina Gabriel-López, una inmigrante guatemalteca, entraba a la entrada de vehículos de su casa en Biloxi, Misisipi, cuando agentes federales se acercaron de repente y le ordenaron bajar del auto.

Gabriel-López, quien no habla inglés, no obedeció de inmediato. Un oficial metió el brazo por la ventanilla parcialmente abierta para intentar abrir la puerta, y la ventanilla se cerró sobre su brazo. Los agentes culparon a Gabriel-López, pero ella dijo que fue el propio oficial quien, de manera accidental, cerró la ventanilla sobre sí mismo mientras ella presionaba botones dentro del auto.

Después de que los oficiales forzaron la puerta del auto para abrirla, Gabriel-López forcejeó contra un agente que se metió al vehículo y le torció el brazo y la muñeca antes de sacarla a rastras. Su hija de 18 años salió corriendo de la casa descalza y jaló el chaleco protector de un agente.

Ambas mujeres fueron arrestadas y acusadas de agresión. Cuando el caso llegó a juicio en septiembre, argumentaron que habían actuado en legítima defensa.

"Yo no me estaba resistiendo", dijo Gabriel-López al jurado a través de un intérprete. Agregó: "Le seguía diciendo que me dolía, que me dolía. Él no me hizo caso".

El jurado declaró inocentes a las mujeres. Gabriel-López, quien había entrado a Estados Unidos de manera ilegal en 2005, fue deportada posteriormente.

Reprendidos por la corte

The Times identificó más de 30 casos en los que jueces criticaron a fiscales o a agentes federales por conductas como destruir u ocultar evidencia, violar reglas sobre comunicación con jurados, y hacer afirmaciones falsas o exageradas, incluidas algunas desmentidas por videos.

Jueces han calificado las acciones del gobierno como "flagrantes", de "mala fe" y "escandalosas para el sentido universal de la justicia".

Un caso de destrucción de evidencia ocurrió en septiembre pasado en San Bernardino, California. Agentes federales seguían a un hombre nicaragüense, Joseph Blandón-Saavedra, quien conducía hacia su trabajo en un Toyota Corolla. En una intersección, los agentes lo acorralaron con sus dos autos, rompieron su ventanilla y lo arrestaron.

Los tres vehículos resultaron dañados. Blandón-Saavedra dijo que los agentes habían golpeado su auto al cerrarle el paso. Pero el gobierno dijo que él los había embestido, y los fiscales lo acusaron de dos cargos de agredir a oficiales con su sedán.

Los abogados de Blandón-Saavedra pidieron que se preservaran los autos para que su perito pudiera examinarlos. Pero los agentes repararon de inmediato uno de los suyos.

El juez desechó el cargo vinculado al vehículo reparado, y calificó las acciones de los agentes como parte de un "patrón creciente de mal manejo de evidencia" que podría socavar las acusaciones de agresión de los oficiales. Los fiscales apelaron la desestimación. El cargo relacionado con el otro vehículo gubernamental sigue pendiente.

En abril, un juez federal en Los Ángeles desechó, en pleno juicio, cargos por agresión contra dos manifestantes, después de determinar que los fiscales no habían entregado reportes internos de "uso de la fuerza" que podrían haber sido útiles para la defensa. Un mes después, el gobierno retiró los cargos contra seis manifestantes en Chicago, después de que un juez criticara a los fiscales por haber manejado mal a un gran jurado, en parte por hablar con los jurados fuera de la sala.

En Laredo, Ariana Guadalupe García, una ciudadana estadounidense de 19 años, llegó a un cruce fronterizo en julio pasado para encontrarse con su sobrina pequeña. García, quien había llegado del lado estadounidense, llevaba ropa para que la niña la llevara de vuelta a un familiar en México para vender, un intercambio común en los cruces fronterizos.

Pero García encontró que la niña, quien había llegado desde México, estaba retenida en un área de inspección, y cuando intentó hablar con ella a través de una ventanilla, un oficial le dijo que se fuera. García no obedeció de inmediato, lo que provocó que varios otros oficiales se le acercaran. Después de algunos intercambios, los oficiales comenzaron a escoltarla para sacarla del lugar, de acuerdo con registros judiciales.

Mientras cruzaban un corto tramo de pasillo sin cámaras de seguridad en funcionamiento, García tomó al menos una fotografía con su celular. Un oficial se la arrebató de un manotazo. Los fiscales dijeron que García después golpeó a un oficial en el brazo y a otro en la oreja, algo que ella negó. Fue arrestada y después acusada de agresión.

Después, un oficial le dijo que borrara la fotografía que acababa de tomar, e incluso la vigiló mientras la eliminaba de manera permanente de la carpeta de Elementos Eliminados Recientemente.

El caso contra García comenzó a desmoronarse cuando el juez preguntó cómo pensaban los fiscales demostrar que ella había golpeado a alguien, especialmente porque las grabaciones de seguridad de justo antes del supuesto incidente no mostraban ningún indicio de que hubiera actuado de manera violenta hacia los cuatro oficiales varones.

Las fotografías borradas fueron la gota que derramó el vaso.

"El gobierno actuó de mala fe al destruir la evidencia", escribió el juez, "lo que demuestra aún más que se han violado los derechos constitucionales de la señora García".