Dos ruedas de prensa y preguntas sin responder

Lo dicho en dos ruedas de prensa durante los primeros días de julio ha evidenciado que las prioridades del gobierno mexicano se concentran en la defensa a ultranza de los integrantes de su movimiento señalados por sus presuntos vínculos criminales y, especialmente, en la negativa de combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado.

La primera fue encabezada por el FBI el pasado 2 de julio, en el War Eagles Air Museum, donde se exhibió la aeronave utilizada para trasladar a Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada García a Estados Unidos. Ahí se hizo público el documento titulado “Operation Air Kings”, que explica el operativo para la detención de ambos personajes y abrió una nueva línea de cuestionamientos sobre lo ocurrido.

Como respuesta, la Fiscalía General de la República, que cada vez parece representar más los intereses de Palacio Nacional que los de la justicia, hizo lo propio: exigió al gobierno de Estados Unidos explicaciones sobre la captura de los capos e inició “investigaciones” por la actuación del entonces embajador de México, Ken Salazar, a quien la presidenta de México tachó de mentiroso.

Resulta increíble que, ante la crisis de violencia que vive el país, las autoridades mexicanas centren el debate en “la defensa de la soberanía”, cuando han entregado prácticamente todo el territorio a los cárteles de las drogas. La rueda de prensa que dio Ernestina Godoy puso al descubierto múltiples contradicciones en el actuar del gobierno mexicano, que, fiel a su costumbre, encontró en la presentación de la aeronave el pretexto perfecto para transferir su responsabilidad a otros actores, en lugar de asumir sus obligaciones constitucionales. Más aún: dejó claro que en Palacio Nacional no están dispuestos a entregar a su compañero de movimiento, Rubén Rocha Moya, uno de los protagonistas de esta trama criminal.

La prensa nacional e internacional ha revelado muchos detalles de los que el gobierno de México evita hablar: desde las traiciones entre integrantes de los grupos criminales y las contradicciones sobre la identidad del piloto y su papel en la captura de “El Mayo”, hasta su regreso a México y posterior entrega a Estados Unidos junto con otros 91 reos. Pero, sobre todo, ha puesto sobre la mesa los nexos de gobernadores y funcionarios públicos morenistas con estas organizaciones, una lista que encabeza el gobernador de Sinaloa.

Resulta patético escuchar en voz de la presidenta de México que una de sus mayores preocupaciones sea que el gobierno de Estados Unidos -por la captura de “El Mayo”- sea responsable de provocar “un conflicto interno en un grupo delictivo”, cuando el país se desangra por el reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles, por la tragedia de los miles de desaparecidos y por el vertiginoso avance de la narcopolítica.

A ello se suma el mensaje difundido en redes sociales por Rocha Moya, en el que, después de semanas de ausencia pública, asegura que permanece en su casa de Culiacán, que no cuenta con protección federal y que las acusaciones en su contra forman parte de una “embestida mediática” y un “ataque de la ultraderecha”. No indigna solo lo que dice, sino lo que omite; no escandaliza su defensa, sino la tranquilidad con la que el poder parece protegerlo.

Y mientras la presidenta de México, dirige la discusión pública en torno a si Ken Salazar dice o no la verdad, muchas preguntas siguen sin respuesta por parte de su gobierno:

Si tanto les importa la soberanía, ¿por qué no se investigó, persiguió y sancionó en México a quienes ahora son juzgados en Estados Unidos?

¿Por qué insistir en que no hay pruebas sobre la participación del gobernador de Sinaloa en hechos delictivos? si, en el marco de la entrega del hijo de “El Chapo” Guzmán y de “El Mayo”, también fue asesinado un legislador federal, sin que hasta el momento exista claridad sobre los hechos y si muchas mentiras evidentes en las versiones que dio el gobierno estatal de Sinaloa.

¿La molestia por la intervención de Estados Unidos obedece a un auténtico interés soberano o al temor de que queden al descubierto complicidades inconfesables de miembros de la clase política?

La segunda rueda de prensa, la del gobierno mexicano, no aclaró nada; por el contrario, confirmó que el poder prefiere administrar la confusión antes que rendir cuentas, porque el problema de fondo es que México ha normalizado que el crimen organizado sustituya al Estado en comunidades enteras, decida quién gobierna, quién comercia, quién transita, quién vive y quién muere.

Por eso, más que aceptar explicaciones a medias, los mexicanos debemos exigir transparencia, verdad y rendición de cuentas. Lo he escrito en otras ocasiones, no basta con indignarnos ante cada revelación ni con esperar que otros gobiernos hagan el trabajo que las autoridades mexicanas han dejado de hacer.

Si el gobierno quiere defender nuestra soberanía, que lo haga aplicando la ley, rompiendo pactos de impunidad, investigando sin excepciones y castigando a quienes hayan entregado instituciones, territorios y vidas al crimen, porque los mexicanos no podemos resignarnos a vivir entre la mentira oficial y el dominio criminal.