Proponen implementar el Programa Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Atención Temprana y Prevención del Suicidio

México.- La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 73 Quáter a la Ley General de Salud, con el propósito de implementar el Programa Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Atención Temprana y Prevención del Suicidio, que tendrá por objeto detectar oportunamente factores de riesgo, brindar orientación inicial, canalizar a servicios especializados y reducir el estigma asociado a la atención de la salud mental.

El documento, turnado a la Comisión de Salud, plantea que “este programa sea desarrollado por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las autoridades educativas, laborales, de bienestar social y de protección de niñas, niños y adolescentes”.

La propuesta detalla que el programa deberá contemplar al menos, capacitación anual en primeros auxilios psicológicos para el personal de salud, docentes, orientadores, trabajadores sociales, personal de protección civil y autoridades comunitarias.

Igualmente, protocolos de atención temprana en escuelas secundarias, instituciones de educación media superior y superior, centros de trabajo, centros comunitarios y unidades de salud.

Asimismo, mecanismos voluntarios, confidenciales y no discriminatorios de identificación de riesgo psicosocial, así como, canalización inmediata en casos de riesgo suicida o violencia y atención preferente dentro de las 72 horas siguientes en casos de riesgo moderado.

Además, implementar servicios de orientación telefónica y digital disponibles de manera permanente, protocolos de acompañamiento posterior a crisis, intento de suicidio o fallecimientos por suicidio en comunidades escolares, laborales y familiares.

También, incluye un registro estadístico anónimo, desagregado y protegido, para mejorar la política pública sin vulnerar la privacidad de las personas.

Resalta que ninguna persona podrá ser discriminada, sancionada, excluida o privada de sus derechos educativos, laborales o sociales por solicitar o recibir atención en salud mental.

En la exposición de motivos, la diputada apunta que, de acuerdo con datos estadísticos recientes, las tasas de suicidio e ideación suicida han mostrado un incremento preocupante, particularmente en la población joven.

Agrega que esta crisis se ve agravada por la falta de personal capacitado en la identificación temprana de factores de riesgo fuera del ámbito clínico. Actualmente cuando una persona atraviesa una crisis emocional, el sistema suele responder demasiado tarde, cuando el evento ya ha escalado a una emergencia hospitalaria o un desenlace fatal.

Guerrero Esquivel argumenta que a diferencia de la terapia clínica, el apoyo a primera línea busca estabilizar, reducir el estrés y conectar a la persona con servicios especializados sin necesidad de que el primer contacto sea un especialista médico.

Subraya que este enfoque reconoce que la salud mental es una construcción social que requiere de “centinelas” en la comunidad (docentes, trabajadores sociales y compañeros) capaces de brindar una escucha activa y una canalización adecuada.

La implementación de este modelo es una herramienta de justicia social que democratiza el acceso al bienestar emocional y combate activamente el asilamiento derivado del estigma.

Menciona que la efectividad de la política de prevención del suicidio depende de la rapidez de la intervención, la ciencia médica y psicológica coincide en que las 72 horas posteriores a la detección son críticas para evitar una crisis mayor. Al establecer esta temporalidad como un estándar de atención preferente, la iniciativa transforma la atención temprana en un mandato administrativo exigible, reduciendo la incertidumbre que hoy enfrentan los usuarios del sistema público de salud.

Explica que con esta reforma se introduce el principio de corresponsabilidad intersectorial, es decir la salud mental no puede ser responsabilidad exclusiva del sector sanitario, sino requiere de la participación activa de los sectores educativo y laboral, por lo que se debe facultar a las instituciones para implementar protocolos en las escuelas y centros de trabajo y crear una red de seguridad que proteja a la persona en su entorno social.

La diputada considera que este enfoque no solo optimiza los recursos del Estado al evitar hospitalizaciones costosas, sino que garantiza el derecho a la vida y a la continuidad de los proyectos personales, asegurando que la salud mental sea tratada con la misma urgencia y dignidad que cualquier otra emergencia vital.

Con información de la Cámara de Diputados

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