Demandaron resolución de Gobierno Petro que buscaría imponer condiciones de ideología sexual en colegios

Previo al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto, se han generado discusiones sobre los procesos de implementación de iniciativas del Gobierno Petro que serán transferidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete, principalmente aquellos que no podrán ser modificados.

Uno de los mencionados es la resolución conjunta 1250 de 2026, que fue expedida por el Gobierno Petro para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. En esta se define una hoja de ruta y se distribuyen responsabilidades entre los sectores de salud, educación, trabajo y cultura para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas oportunas ante emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, infecciones de transmisión sexual e interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el Gobierno nacional han destacado que la política tiene aplicación en todo el territorio y orienta la actuación de autoridades nacionales y territoriales bajo cinco ejes estratégicos: transformación de normas sociales y de género, fortalecimiento de la gobernanza y capacidades institucionales, protección frente a violencias de género, acceso efectivo a servicios integrales y priorización de sujetos de especial protección constitucional.

Resolución fue denunciada antes de la llegada del nuevo presidente

El 16 de julio, el concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad para que sea suspendida la resolución 1350 de 2026, puesto que con esta se busca imponer de manera obligatoria su incorporación en los currículos de las instituciones educativas públicas y privadas, con lo que no está de acuerdo.

“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el concejal Barrios.

La demanda cuestiona el contenido de la resolución, al señalar que incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia. Barrios aseguró que la resolución ataca la autonomía de las instituciones educativas y las creencias personales de quienes defienden la familia y los valores, al considerarlos como obstáculos para la implementación de la política pública, vulnerando el pluralismo y la libertad de enseñanza garantizados por la Constitución.

Junto con la acción judicial, el cabildante formuló cinco cargos, entre ellos el que reafirma que varios ministerios incurrieron en una falta de competencia al crear una política nacional mediante una resolución.

Para Barrios, la resolución que fue fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es precisamente una muestra de que fue consolidada en el final del Gobierno de turno, y sin importar la opinión que tenga la nueva administración, en la regulación se extendió su implementación hasta 2035.

“La medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley”, destacó Barrios, que sostiene que la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de la sentencia que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres.

La demanda advierte que el texto expedido por el Gobierno difiere del documento sometido previamente a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.

“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, puntualizó el cabildante.