La campaña empezó, el árbitro observa

Hace tres semanas advertimos en este espacio que los partidos habían decidido adelantar el reloj electoral.

Hoy ya no estamos ante una advertencia; la campaña de 2027 inició en los hechos, aunque la ley señale otra cosa.

El registro de aspirantes de Morena a las 17 gubernaturas fue apenas el detonador. La disputa se extendió rápidamente hacia presidencias municipales, diputaciones federales y congresos locales.

Los nombres empiezan a poblar espectaculares y bardas; las giras se multiplican; los actos públicos se parecen cada vez más a mítines, aunque se les disfrace de asambleas, informes, encuentros o recorridos territoriales.

Morena marca el ritmo porque gobierna, concentra reflectores y dispone de recursos públicos y de una estructura política que ha reforzado al amparo de los mismos.

Pero sería cómodo atribuirle toda la responsabilidad; los partidos de oposición, temerosos de conceder ventaja, han optado por imitar aquello que denuncian.

Quizá lo hacen con menos estridencia y menor capacidad de movilización, pero participan de la misma lógica: si el adversario viola los tiempos, nosotros también; si la autoridad no actúa, nadie quiere llegar tarde.

Esa carrera convierte la ilegalidad en un incentivo colectivo. Cada transgresión justifica la siguiente y la norma deja de ser el límite para convertirse en un obstáculo que todos buscan rodear.

Así, la equidad electoral ya no se rompe solamente por la diferencia de recursos, sino por la certeza de que incumplir sale más barato que respetar.

Pero el problema más grave no está únicamente en los partidos. Está en la autoridad que observa cómo la realidad se le adelanta y parece resignarse a levantar actas cuando el daño ya está hecho.

El INE y los organismos locales no pueden asumir el papel de cronistas de una contienda anticipada. Su responsabilidad no consiste en describir el atropello, sino en impedir que la excepción se vuelva regla.

La permisividad tiene consecuencias. Una autoridad que tolera hoy propaganda encubierta, promoción personalizada, movilizaciones y el eventual uso electoral de recursos públicos tendrá menos fuerza para exigir mañana el cumplimiento de topes de gasto, fiscalizar campañas o sancionar conductas más graves.

La autoridad electoral no pierde legitimidad de golpe; la va cediendo cada vez que renuncia a ejercerla.

El Tribunal Electoral tampoco puede ignorar su parte. Las interpretaciones excesivamente flexibles han abierto un portón por el que ahora pretenden pasar todos.

Cuando cada mitin puede llamarse “encuentro ciudadano”, cada promoción “ejercicio informativo” y cada aspirante “coordinador” o “defensor” de alguna causa, la ley permanece escrita, pero queda vaciada de contenido.

Mientras tanto, la discusión pública se empobrece. En lugar de diagnósticos sobre inseguridad, servicios públicos, crecimiento económico, salud, educación o Estado de derecho, se instala una competencia de popularidad.

Abundan las fotografías, las porras, las gorras, las promesas y las dádivas; prácticamente son inexistentes las propuestas viables y evaluables, en torno a las cuales definir políticas públicas y darles seguimiento.

La contradicción es profunda: quienes hoy aspiran a representar y gobernar mañana protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

¿Con qué autoridad podrán hacerlo si su camino al poder comenzó pisoteando las reglas de acceso al cargo?

Si las normas electorales son impracticables o contrarias a la naturaleza de la competencia política, deben revisarse.

Pero mientras estén vigentes, no pueden ser optativas. Una democracia no puede sostenerse cuando su primera lección para quienes buscan el poder es que la ley solo obliga a quien decide respetarla.

Ya no estamos solamente ante actos anticipados de campaña. Estamos ante un ensayo general de impunidad electoral.

Una elección que comienza burlando las reglas difícilmente podrá ofrecer legitimidad.

POSDATA: Hoy a las 13:00 SOMOS MÉXICO tomará su lugar en la Mesa del Consejo General del INE, espacio ganado gracias a la confianza ciudadana.

Viene ahora lo más complejo: enriquecer el debate, pasar de la denuncia a la propuesta fundada y llenar el espacio público de la diversidad ciudadana.